El presidente Danilo Medina nuevamente observó el Código Penal aprobado por el Congreso Nacional la semana pasada, que excluye la finalización del embarazo cuando la madre corre peligro de su vida, cuando el feto no reúne las condiciones para la vida y cuando ésta ha sido víctima de violación. Sus consideraciones son muy claras al explicar “que la observación propuesta no tiene la finalidad de imponerle a la mujer embarazada en tales circunstancias extremas, la obligación de elegir la interrupción del embarazo, sino permitirle en condiciones de salubridad y seguridad para su vida, decidir sin temor de que la sanción penal se añada a la tragedia que ya ha tenido que vivir”.
Me pregunto qué sentido tiene desde el congreso seguir prorrogando el reconocimiento en derecho de una práctica que las mujeres dominicanas ejercen clandestinamente desde siempre y en la mayoría de los casos con el consentimiento de su pareja. Ningún párroco, obispo, pastor de iglesia, logra influir la decisión de una mujer cuando toma la desagradable decisión de no continuar un embarazo por razones médicas, suyas o del feto o por haber recibido una violación sexual u otro motivo de peso que deba ponderarse.
El problema es que un aborto clandestino practicado por manos inexpertas puede ocasionar consecuencias severas en el cuerpo de la mujer o hasta su muerte y son muchas las que han corrido esa suerte.
El aborto es una realidad social en la República Dominicana. Las razones esgrimidas por la ultraderecha, la iglesia, medios de comunicación y algunos funcionarios y legisladores, oponiéndose a la observación hecha responsablemente por el presidente Danilo Medina, son, irracionales y dogmáticas y lo que es mas pretenden cínicamente hacer creer que se discute en el país es, si la sociedad se dispone a aprobar su surgimiento.
Con la intención de que reflexionemos que los legisladores no pueden festinar la delicadeza de su oficio de aprobar leyes, porque el derecho es una ciencia que responde a los intereses de la ciudadanía, voy a citar mi libro” Derechos de familia y de la personalidad, edición agotada del 2008. En la República Dominicana no tenemos datos precisos sobre la cantidad de abortos que se practican, porque muchos se hacen en la clandestinidad, a bajo costo en clínicas no muy reputadas y en los centros médicos privados, o se realizan arriesgadamente en la propia casa de la mujer. Sólo sabemos que son muchos, hay quienes sitúan esas cifras en 200,000 abortos por año (1). Se conocen de algunas cifras más o menos fidedignas publicadas en los medios de comunicación. El Jefe de la emergencia del hospital de la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, informó públicamente que en éste centro se practican 25 legrados de abortos incompletos al día (2). Quisiera hacer la aclaración que de acuerdo a la información ofrecida, se trata de casos de mujeres que se provocan una interrupción del embarazo previamente y van al hospital en ese estado. En otros centros más próximos a barrios periféricos, esa suma puede elevarse en un día a 70. Si tomamos la cifra más baja del Hospital de Maternidad mencionado, de todas maneras estamos hablando de 9,000 abortos al año en un sólo hospital del país.
La oposición de los obispos, parece indicar que se trata de un contraataque ideológico de los sectores eclesiásticos y sus aliados contra los avances científicos médicos y jurídicos que aceptan defender el derecho a la vida con salud y dignidad que tiene la madre. Tampoco lo
separo de esa misoginia o aversión a la mujer que se expresa en una falta de confianza en ella, desde la cual estos sectores miran la mujer dominicana y su movimiento feminista. Ellas deben llevar la carga del hogar, cuidar de las niñas y niños, soportar los embarazos complicados e indeseados a costo de su propia vida, recibir la más brutal violencia de su pareja, socorrer los enfermos, devengar los peores salarios. Total ya decía San Agustín en la ciudad de Dios, que son hijas del pecado original al que llevaron al primer hombre.
Se quiere cínicamente mantener la autoridad de la palabra, la presencia discursiva del sermón cristiano y nada más. Ya lo dijo la Procuradora fiscal del Distrito Nacional Yeni Verenice Reynoso, en los 14 años que lleva ocupando cargos en el ministerio público, nunca ha recibido una querella por aborto.
Finalmente me pregunto por qué negar ese derecho a las mujeres aquí, si en Andorra, Angola, Haití, Siria, Somalia, Dominica, Egipto, Guatemala, entre otras se permite el aborto terapéutico. Si en Alemania, Almenia, Cánada ,China, Cabo Verde, Cuba, México, Montenegro, Noruega, Rusia, Singapur, Dinamarca, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, Guyana, Holanda, Hungría, Estados Unidos, entre otros se practica a solicitud. Es una inconsecuencia jurídica si la mayoría de los países del mundo del mundo aprueban alguna modalidad de la interrupción del embarazo, debamos quedarnos junto a Chile, Nicaragua, el Vaticano, Malta y el Salvador como las únicas naciones del mundo donde no es permitido. Los legisladores y legisladoras deberían buscar y estudiar el mapa del aborto en el mundo.
Se hace necesario rediscutir las funciones de las cámaras legislativas y dentro de ellas, ideas aparentemente descabelladas, como la de de si los legisladores y legisladoras representantes de partidos políticos y de otros sectores están en condiciones de garantizar un Estado de derecho en el que deben desempeñar la ardua y comprometida tarea de garantizar la aprobación de las leyes que garantizan los derechos humanos, civiles y políticos de la ciudadanía.
- La epidemia de los abortos provocados. Revista ahora.11 de noviembre 2007. Fausto Araujo.
- Las muertes maternas crecen en maternidad. Altagracia Ortiz. Periódico Hoy.26 de enero.
Dora Eusebio Gautreau es profesora de grado y post grado, investigadora contratada y directora de Investigaciones en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD.