En los artículos anteriores, hemos introducido una pregunta que puede sonar extraña a muchas personas. Nos preguntábamos si en una sociedad con tantas exclusiones y discriminaciones contra las mujeres como la nuestra, la despenalización o la legalización del aborto podían normalizar, sin quererlo, prácticas institucionalizadas que discriminan contra las mujeres, especialmente contra las más pobres.
Esta inquietud nace de una constatación. En las discusiones a favor y en contra de “las tres causales” se aborda el tema del aborto en el marco de una concepción liberal de la vida que da por buena y válida la organización socioeconómica en la que vivimos y partiendo normalmente de situaciones límite que se sobrentienden como las más frecuentes.
En este artículo queremos concluir por el momento estas reflexiones, que consideramos inconclusas y necesitadas de más precisiones. Nos concentramos en compartir las razones de por qué entendemos que hace falta discutir el tema del aborto en República Dominicana desde una perspectiva más amplia. Tenemos como trasfondo los registros estadísticos de países donde el aborto es legal y en los que existen registros precisos de las motivaciones para abortar, como es el caso de Alemania.
Considerar la multiplicidad de los factores y una diversidad de soluciones
Existen múltiples factores que inciden en la decisión de una mujer de realizarse un aborto, más allá de las esgrimidas en las tres causales que se discuten en el país. Realizarse un aborto no es solo el resultado de un ejercicio aséptico o desesperado de la autonomía. Todo ejercicio de la autonomía personal está en relación con el contexto donde se realiza; sobre los actos autonómicos influyen factores sociales, económicos, morales, psicológicos y culturales. De ahí que haya muchos elementos que pueden favorecer o condicionar la decisión de abortar. Desmarcar la decisión de abortar del contexto en el que vive la mujer es desviar la mirada de las estructuras sociales que inciden en su toma de decisión. La perspectiva que deseo introducir en el debate es esta: el aborto, más allá de una reivindicación de la autonomía, también puede ser comprendido como el último recurso ante los sucesivos fallos sistemáticos de las estructuras sociales que deberían velar por las garantías necesarias para un buen ejercicio de la libertad individual de la mujer. El aborto, donde existe una fuerte irresponsabilidad social e institucional por parte del Estado y los diversos actores sociales, puede transformarse en un modo de dar solución individual a problemas que son sistémicos. Este modo de solucionar los problemas es socialmente irresponsable y moralmente coercitivo.
El informe de Human Rights Watch es revelador en este sentido, dice: «La mayoría de las entrevistadas, sin embargo, dijeron que quisieron poner fin a un embarazo debido a dificultades socioeconómicas, inestabilidad o violencia en sus relaciones, o porque ya tenían otros hijos y sentían que no podrían cuidar a uno más» (pág. 3). Continúa el informe: «Human Rights Watch entrevistó a algunas mujeres y niñas que señalaron ser objeto de presiones, abusos o información confusa por parte de sus parejas o familiares o vecinos, para que interrumpieran embarazos no planificados que ellas sí querían llevar a término» (pág. 7). Recordemos que el 36% de la mortalidad materna se debe a factores relacionados con la hipertensión y que el Ministerio de Salud atribuye esto a «factores sociales como la malnutrición materna, la marginalidad, la pobreza extrema y deficiente acceso a servicios sociales; a lo que se añade la falta de calidad de la atención prenatal». El aborto también puede ser coercitivo si no existen las estructuras y apoyos sociales que permitan a la mujer decidir continuar el embarazo si así lo desea. Nada de esto tiene que ver con las tres causales, sino a situaciones discriminatorias contra la mujer.
El CEDAW enumera una variedad de reformas necesarias para eliminar la discriminación de la mujer en la República Dominicana, como mencionamos en los artículos anteriores. Sin quitar lo dramático de las situaciones o disminuir la trágica realidad de las muertes maternas a causa de abortos, se podría apostar por cambios estructurales previos que disminuyan la incidencia de estas situaciones: salud, educación, empleo, protección ante el acoso, la violencia sexual, y un largo etcétera de deudas sociales con la mujer. Ciertamente, hay que dar una respuesta adecuada y socialmente responsable a las situaciones vinculadas con las tres causales propuestas en el proyecto del Código Penal. No podemos ignorar o abandonar a su suerte a las mujeres que se vean enfrentadas a semejantes situaciones. Tampoco podemos pretender que tanto la aprobación de las tres causales así como su rechazo son una conquista para un lado u otro, pues la responsabilidad social para con las mujeres y sus luchas ha de continuar, tanto para evitar en la medida de lo posible a que lleguen a esas situaciones dramáticas, como en el acompañamiento responsable y comprometido durante y después de dichas situaciones.
El aborto, cuyas estadísticas nos dicen que está más relacionado con estructuras sociales que en países como el nuestro están respondiendo muy deficientemente a las necesidades de las mujeres, no puede desvincularse de su contexto y tampoco transformarse en una excusa para no enfrentar las causas reales que llevan a la mujer a tener que tomar una decisión como esta. Educación sexual, eliminación de la violencia contra la mujer, un sistema de salud accesible, de calidad y sin discriminaciones, acceso a la información y métodos de planificación familiar, un sistema judicial eficiente ante las denuncias de acoso, incesto y violencia sexual, un sistema de apoyo y protección a la maternidad, equidad en el empleo, la prohibición del matrimonio infantil…
Vislumbramos un camino largo; están implicados difíciles cambios estructurales, pero consideramos que es el camino a seguir y en el cual debemos apoyar a las mujeres dominicanas. Aquí el orden de los factores sí altera el producto, quizás la discusión sobre las tres causales para despenalizar el aborto ha de ser la última, si es que queremos garantizar oportunidades reales, sostenidas y socialmente responsables a las mujeres, así como opciones verdaderas donde ejercer la libertad propia de su inalienable dignidad sin sacrificar el ser social de toda persona humana.
Una propuesta
Dado que el proyecto de Código Penal resulta urgente para el país, apoyo la desvinculación de las tres causales del aborto de dicha pieza legislativa. Siguiendo la línea argumentativa de los tres artículos publicados, propondría que las comisiones de salud de ambas cámaras legislativas inicien un proceso de investigación y consulta para verificar si, para atender los casos comprendidos en las tres causales del aborto, resultan suficientes y socialmente responsables los Protocolos de Atención para Obstetricia y Ginecología y la Guía para la evaluación de la adherencia a los protocolos de atención obstétrica y neonatal de la República Dominicana establecidos por el Ministerio de Salud en el año 2016 y 2019 respectivamente. Dentro de este proceso, resulta de vital importancia que desde el Congreso se instruya al Ministerio de Salud que realice un estudio que refleje la realidad de esta situación en el país en un período de tiempo razonable, junto con el apoyo de una veeiduría de las organizaciones de la sociedad civil, de las entidades religiosas y expertos en bioética que garantice la transparencia del estudio y el respeto a la privacidad de las mujeres involucradas y de los agentes sanitarios que les asisten. Sin datos certeros resulta difícil realizar una ponderación adecuada. Es un camino más largo que el que los grupos involucrados desean, pero entiendo que es el más adecuado para que esta discusión traiga consecuencias más positivas que negativas tanto para las mujeres como para la defensa de la vida digna.
Si luego del proceso de investigación y consulta se determina que los protocolos antes mencionados no son suficientes, más que la discusión de una ley especial sobre el aborto, propondría la discusión de una Ley sobre la Protección de la Salud Sexual y Reproductiva. Esta ley debería incluir, entre otras cosas, el acceso a la educación sexual y reproductiva, la protección social del embarazo, la protección contra la discriminación y el maltrato obstétrico, la protección jurídica y el acompañamiento a las víctimas de acoso, violencia sexual e incesto. Entiendo que una ley en este sentido sería más socialmente responsable con las causas reales que llevan a las mujeres a considerar la posibilidad del aborto en general y disminuiría la incidencia de casos dramáticos como los contemplados en las tres causales.