En el artículo anterior, concluíamos diciendo que en la República Dominicana no se ha completado una tarea que nos parece fundamental en la discusión sobre la despenalización del aborto en las tres causales. Esta tarea tiene que ver con estudiar el impacto que puede tener la normalización de la práctica abortiva en una sociedad con tantas exclusiones y discriminaciones contra las mujeres, especialmente las más pobres. Nos preguntábamos si la legalización del aborto no corría el riesgo de normalizar discriminaciones institucionalizadas en contra de lo que desean sus defensores. Una vez más recordamos que estas notas tienen todavía un carácter indagatorio. Nuevamente, en las palabras destacadas se encuentran los enlaces donde se pueden consultar los documentos citados.

Tomar en cuenta la situación de la mortalidad materna en República Dominicana

Según el documento marco de la Alianza Nacional para Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna e Infantil publicado en mayo de 2019 la mortalidad materna se mantiene muy por encima del promedio de la región, a saber, 104.4 por cada 100,000 nacidos vivos. Las causas de esta cifra, al año 2017, están distribuidas de la siguiente manera: un 36% se debe a edema, proteinuria y trastornos de hipertensión en el embarazo, parto y puerperio; un 10% a hemorragia del ante parto, del parto y postparto; un 9% a embarazos terminados en aborto; y un 20% por otras complicaciones obstétricas directas (sepsis, complicaciones del puerperio, etc). Existe otro 5% a causa de VIH y un 20% por causas obstétricas indirectas. De todas las muertes maternas del 2017 el 20.6% correspondían a mujeres de nacionalidad haitiana. Es importante destacar lo que el informe nos indica:

«Las complicaciones de la hipertensión del embarazo se han incrementado en los últimos años, fueron responsables del 36% de las defunciones maternas en el último año estudiado (2017). Se destaca que la mortalidad materna debida a la Pre eclampsia es alta en nuestro medio relacionándose con factores sociales como la malnutrición materna, la marginalidad, la pobreza extrema y deficiente acceso a servicios sociales; a lo que se añade la falta de calidad de la atención prenatal. Igualmente, está relacionada a eventos clínicos como las hemorragias del posparto, el desprendimiento prematuro de la placenta, coagulopatías, insuficiencia renal, encefalopatía hipertensiva, hemorragia intracerebral, síndrome HELLP y rotura del hematoma hepático. Además, esta grave complicación del embarazo tiene estrecho vínculo con la tasa de hipertensión en la población general» (pág. 27).

Por otro lado, la relación entre muertes maternas y vía de parto es la siguiente: 54% de las muertes se produjo en mujeres en las que se le practicó una cesárea. Recordemos que en el país los nacimientos vía cesárea representan un 58.1%, cuando lo recomendado por la OMS/OPS es no sobrepasar el 10-15%. Un 16% se produjo en mujeres en parto vaginal y un 21% se indican como «sin desembarazar», es decir, antes de que se produzca el parto; un 5% a causa de un legrado y un 4% sin especificar. Para el año 2017 hubo un total de 195,412 nacidos vivos y hubo 204 muertes maternas, según los datos del Ministerio de Salud. Si seguimos las estadísticas oficiales que indican que el 9% de las muertes se produjo a consecuencia de embarazos terminados en abortos, esto equivale a 18 defunciones por este motivo en el año 2017. Si miramos las estadísticas de ese mismo reporte del Ministerio de Salud obtendremos que entre el año 2008-2017 se produjeron 2001 muertes maternas, si seguimos el mismo porcentaje de muertes relacionadas al aborto, un 9%, en esa década se habrían producido 180 defunciones por esta causa, lo que confirmaría un promedio de 18 muertes por aborto al año.

Como dice el informe de Human Rights Watch, sigue siendo difícil tener datos completos relacionados con el aborto en República Dominicana. Dicho informe cita los estudios realizados por Profamilia (2016) con una muestra de 2,436 estudiantes universitarias de las cuales 126 (correspondiente al 5,2% del total de universitarias entrevistadas, cf. págs 56-62) declararon haber tenido un aborto inducido, aunque dos tercios decían conocer a alguien que había tenido un aborto. Según la encuesta ENDESA-2013, el 9,8% de las mujeres y niñas de entre 15 y 49 años informaron haberse sometido a un aborto o haber sufrido un aborto espontáneo durante su vida, aunque no distinguía qué cantidad se referian a abortos espontáneos y cuantos a provocados.

Quizás sea importante comparar los datos de República Dominicana con algún país que tenga legalizado el aborto. Veamos el ejemplo de Alemania que tiene un registro más detallado sobre el tema: durante el año 2017 se dieron en dicho país un total de 101,209 abortos provocados, de estos, por indicación médica (abortos selectivos por embarazos múltiples, peligro para la salud de la madre o malformación del feto) 3,911 correspondientes al 3.9% del total, en Alemania la indicación médica aumenta luego de las 12 semanas del embarazo cuando solo por esta indicación se pueden realizar abortos. Por «indicación criminológica (violación o incesto)» se realizaron 20 abortos correspondientes al 0.02% del total. Por razones psico-sociales 97,278 abortos correpondientes al 96.1% del total de abortos provocados. La mayor proporción, pues, se da por factores psico-sociales: pobreza, estigma social, violencia intrafamiliar, depresión, desempleo, abandono de la pareja, etc.

Queda abierta la pregunta, ¿bastarán la aprobación de las tres causales para enfrentar las discriminaciones que sufren la mayor parte de las mujeres dominicanas? En la parte conclusiva de estas reflexiones compartiremos por qué nos parece necesario adoptar una perspectiva más amplia al abordar el tema del aborto en República Dominicana, teniendo como trasfondo de preocupación esta pregunta.