La Cámara de Diputados aprobó la reforma al Código Procesal Penal. La reforma incorpora un párrafo donde se establece la prohibición de la interrupción del embarazo por causa de violación, incesto o por malformaciones del embrión incompatible con la vida clínicamente comprobada. Para quienes violenten esta disposición se establecen penas de 4 a 10 años a quién provoque un aborto a una mujer. También, incluye penas de dos a tres años para la mujer que lo cause o una persona que le ayude. En esa misma dirección, al médico, enfermera, partera, cirujano, farmacéutico u otro profesional que participe.
Quiero resaltar cuatro aspectos, sobre la decisión de los representantes de los dominicanos y dominicanas en el Congreso Nacional:
Fe, religión y Estado. El mundo religioso conservador ha estada ejerciendo presión e influenciado en la toma de decisiones de los congresistas. La pasada campaña electoral fue un escenario aprovechado para la incidencia política religiosa. El veredicto de la fe no debe imponerse a la razón, tampoco a decisión del Estado, el cual es responsable de garantizar derechos de diversas comunidades creyentes, muchas con afinidad al aborto terapéutico. También, los derechos de los no creyentes. La fe religiosa puede gobernar en los templos, lo cual es legítimo. Si la fe gobierno la sociedad se convierte en coerción, que es una manera burda de manipulación. A esto no puede prestarse un representante de la diversidad social, económica, política e ideológica que está asentada en el territorio del diputado o diputada.
La ciencia. El representante debería operar, en este caso, bajo una racionalidad científica. Aunque el representante sea conservador, que es el caso de los diputados que aprobaron el remiendo al Código Penal, no puede obviar las teorías demostradas por la ciencia. Una representación congresual de calidad aborda la recolección de datos cuantitativos y cualitativos con investigadores o estudiosos de diversas disciplinas, con profesionales de la conducta y de la psiquiatría sobre lo factible y viable de eliminar la práctica del aborto en cualquier circunstancia. Estos son los profesionales que tratan con las víctimas de violencia sexual e incesto. Se supone que como representantes pudieron consultar sobre la interrupción del embarazo en caso de malformaciones del embrión. Además de los curas y pastores del conservadurismo, el legislador siempre, en casos como estos, debe acudir a la ciencia, a los científicos, gremios de profesionales y médicos especializados.
Legalidad y legitimidad de las decisiones. La legalidad ganada por el voto y la legitimidad perdida en el ejercicio del poder, es el dilema de los representantes. Es decir, ganan elecciones, pero legislan de espalda a los que dicen representar. Incluso, muchos pierden legitimidad desde el mismo momento en que apuestan para que sus partidos lo coloquen en las boletas, como consecuencia del modelo de competencia o procedimiento para obtener la candidatura. Esto se traduce en ampliar la base de pérdida de legitimidad, porque tampoco la tienen en sus partidos, actúan sin consultar a la militancia y en muchos casos a la dirigencia. Ni las élites partidarias asumen posiciones públicas sobre el asunto o imponen disciplina. Lo que ha ocurrido con la aprobación del artículo, a todas luces inviable, sobre el abordo deviene en mostrar que el sistema de partidos no tiene coherencia ni consistencia en la línea de pensamiento. La Presidencia de la República y varios ministros, del mismo partido de los diputados que aprobaron el artículo de marras, no están de acuerdo con el mismo.
Las clases sociales. Las consecuencias de la prohibición radical del abordo en todas las circunstancias tiene un impacto devastador en los estratos socio-económicos bajos, los cuales quedarían desamparados y desprotegidos por el Estado en caso de violencia sexual, incestos, malformaciones, Etc. Estos estratos acudirían a prácticas clandestinas para abortar, las cuales traen efectos negativos en la salud. Una prohibición absolutista abriría más la brecha para las prácticas abortivas en escenarios transnacionales, lo cual podrá hacerse, y se hace actualmente, desde los estratos socio-económicos altos y medios. Las cifras registradas por la OMS señalan que el 95% de los abortos que se llevan a cabo en América Latina son inseguros y peligrosos. Con su falta de cumplimiento del rol de representante, el legislador estaría aportando a la promoción de la desigualdad social para que sus representados tengan menor acceso a la salud. Estaría aportando para que los indicadores de cohesión social de la Estrategia Nacional de Desarrollo, aprobada por los propios legisladores, tengan menores posibilidades de ser alcanzados.
La decisión de los diputados y diputadas, los que aprobaron la reforma al Código Procesal Penal, está desapegada del sagrado deber de representación del pueblo que los eligió. Por lo tanto, la calidad de la representación está devaluada.