Cuando Jorge Mario Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires, el Congreso argentino aprobó el matrimonio igualitario, mediante el cual reconoció los mismos derechos legales a las parejas heterosexuales y del mismo sexo. Argentina fue vanguardia en la región en ese tema. Posteriormente, Bergoglio fue electo Papa. O sea que, la decisión de los legisladores argentinos de aprobar el matrimonio igualitario no resultó en una penalización para que Bergoglio accediera al papado. Hoy, Francisco está en el Vaticano y Argentina existe con mayores derechos civiles.
La semana pasada, la Cámara de Diputados argentina debatió la despenalización del aborto sin causales en las primeras 14 semanas (en Argentina se permite la interrupción por causales desde hace mucho tiempo). Después de grandes movilizaciones sociales a favor de la despenalización sin causales, una mayoría de los diputados votó a favor de la despenalización. El proyecto irá al Senado donde se espera otra batalla.
A pesar de ese voto favorable a la despenalización de los diputados argentinos, al Papa Francisco no lo han destituido de su cargo, y Argentina sigue siendo Argentina. Como también Irlanda (la católica) sigue siendo Irlanda después que más del 60% de la ciudadanía votó hace varias semanas a favor de modificar un artículo de la Constitución que impide la despenalización del aborto.
El punto central es éste: aunque las iglesias tienen absoluto derecho a expresar sus ideas y exigir a sus feligreses el cumplimiento de mandatos religiosos, los legisladores en una sociedad democrática no están para el proselitismo religioso. Su función es legislar para toda la ciudadanía.
Corresponde al Estado, no a las religiones, permitir que las mujeres decidan si continúan o no con un embarazo y establecer las condiciones. ¡Entiéndanlo bien legisladores dominicanos! Engaveten los cucos religiosos y el oportunismo político en que se cobijan para abusar de las mujeres
Independientemente de las posiciones ideológicas, a la que todo el mundo tiene derecho, la diferencia entre penalizar todo tipo de aborto y despenalizarlo (ya sea por causales, o sin causales durante las primeras semanas del embarazo) es que, si se penaliza totalmente, ninguna mujer tiene opción de interrumpir un embarazo no importa cuán adversas sean las circunstancias. Si se despenaliza, ninguna mujer está obligada a hacerse un aborto.
Cuando en un país se prohíbe totalmente el aborto, como en la República Dominicana, todas las mujeres están condenadas a mantener un embarazo, inclusive cuando el embarazo es producto de una violación o incesto, o cuando peligra la salud de la mujer. Imponer esa obligatoriedad a las mujeres es antidemocrático.
Los políticos dominicanos se han caracterizado históricamente por desdeñar al pueblo, y sobre todo a las mujeres. Por eso los legisladores dominicanos siguen intentando, aún en pleno siglo 21, restringir los derechos de las mujeres con una desfachatez vergonzosa. Y para colmo, se escudan en el chantaje de algunos jerarcas religiosos para justificarse.
Ninguna religión es paraíso para las mujeres. Miren las prácticas del judaísmo, el cristianismo y el islam. Las mujeres son seres secundarios, inferiores, aunque constituyen la inmensa mayoría de la feligresía.
Sería fabuloso si las religiones cambiaran, si llegaran a practicar la igualdad entre los hombres y las mujeres. Pero mientras eso llega, y como podría tardar muchísimo, los legisladores y gobernantes deben entender que su función es laica, no religiosa; que su función es hacer las leyes que establezcan derechos y responsabilidades, no pecados; que su función es legislar y gobernar para toda la población, no para un segmento por grande y poderoso que sea.
Corresponde al Estado, no a las religiones, permitir que las mujeres decidan si continúan o no con un embarazo y establecer las condiciones. ¡Entiéndanlo bien legisladores dominicanos! Engaveten los cucos religiosos y el oportunismo político en que se cobijan para abusar de las mujeres.
Artículo publicado en el periódico HOY