Durante el más reciente debate sobre la posibilidad de despenalizar el aborto, una de las estrategias usadas por los “defensores de los derechos de las mujeres” fue apelar al sentimentalismo del pueblo. Constantemente vociferaban por los medios de comunicación: “hay que permitirle a la mujer abortar la criatura cuando el embarazo es fruto de una violación, de un incesto o de una malformación incompatible con la vida”.
¿Vale la pena que el Estado le autorice a un particular el “derecho” a disponer de la vida de otro ser humano? ¿Se justifica matar una criatura indefensa, como consecuencia de haber sido concebida mediante una violación o un incesto? ¿Es una malformación física o mental razón suficiente para negarle a un ser humano el derecho de nacer? Claro que no.
La Constitución Dominicana, en su Artículo 39, consagra el derecho a no ser discriminado. Dicho texto legal, combinado con el Artículo 37, incluye a los concebidos, en razón de que se consagra el derecho a nacer, reconociendo que la vida humana inicia al momento de la concepción.
Entonces, si autorizamos a una mujer víctima de violación o de incesto recurrir al aborto, ¿no estaríamos violando la Constitución, al negarle el derecho a la vida a seres humanos, por la forma en que éstos fueron concebidos? ¿no es un acto discriminatorio, a la luz de la propia Constitución?
Ser sometida al horrible vejamen de una violación sexual o de un incesto es una desgracia. Se entiende que la víctima de la violación o del incesto no quiera tener ni criar a la criatura que lleva en su vientre. ¿Acaso de una situación en la cual la madre es víctima de un delito sexual en vez de castigar al violador tenemos que matar al niño? Ni siquiera el violador es sometido a pena capital porque el progresismo garantista se opone a ello: ¿pero sí se pretende condenar el bebé a dicha sanción?
Obvio que la violación y el incesto son crímenes abominables, máxime si la mujer tiene que sufrir durante meses el embarazo fortuito y no deseado. Es una tragedia relativamente equiparable a la de aquel que al ser asaltado por un delincuente es además baleado y por sus heridas tiene que padecer meses de recuperación o, peor aún, pasar sus días en una silla de ruedas: ¿esta terrible desgracia habilita al sufriente a matar a un tercero ajeno al delito?
Que la madre no quiera tener un hijo es una desgracia insalvable: al hijo ya lo tiene consigo. Que no lo quiera criar y hacerse cargo sí es algo salvable, puesto que lo puede dar en adopción. Es decir: la madre no tiene derecho alguno a matar al bebé inocente y sí tiene la obligación de parirlo y, luego, dispone de la libertad de elegir darlo o no en adopción. Al mismo tiempo, es el Estado el que tiene que contener afectiva y psicológicamente a la madre ante tan fatídico tránsito y, por supuesto, darle un castigo riguroso y ejemplar al depravado.
Otro argumento al que los promotores del aborto echan mano es el relativo a la posibilidad de que el bebé no nacido padezca alguna enfermedad o malformación. O sea que se nos quiere convencer que si el bebé padece alguna discapacidad habría que matarlo, tal como se hacía siete siglos antes de Cristo en el rígido y militarista Estado de Esparta. O como se hacía, asimismo, bajo las leyes eugenésicas del nacional-socialismo que ordenaban el exterminio de los nacidos discapacitados y malformados.
Pues bien, más allá de que nosotros consideramos que la solución en este caso no sería matar al niño, sino asistirlo médicamente ante su eventual malformación o disfunción, nos interesa el siguiente testimonio brindado por el constitucionalista brasileño Celso Bastos: “Participé de una discusión en la que un médico, dueño de diversas clínicas, defendía el aborto. El decía que con un aparato de ultrasonidos, se puede conocer con un 80% de certeza si el feto sufre mongolismo, en cuyo caso podría ser abortado. Entonces le pregunté: ya que admitía un 20% de inseguridad: ¿por qué no dejar nacer a la criatura y matarla después? Entonces tendríamos 100% de certeza”.
Por confusos, intrincados y envolventes que pretendan ser los aforismos del activismo a favor del aborto, advertimos que siempre la sana lógica en favor de la vida podrá no necesariamente ganar la batalla política, pero sí la disputa moral y racional, puesto que, en resumen: sea legal o ilegal, el aborto mata igual.