Muchas de las representaciones simbólicas de los 30 años de dictadura trujillista y los subsiguientes del gobierno balaguerista siguen presentes en nuestra cultura política y afectan notablemente nuestra institucionalidad democrática. Una de ellas es la concepción de la administración pública como un patrimonio personal del partido político en el poder.
Esta visión del estado como “propiedad” del partido afecta la administración pública a pesar del supuesto tránsito a la democracia. La administración pública pasa de ser considerada patrimonio personal-familiar del presidente de la República en la época de Trujillo, a patrimonio del partido en el poder. Lo que se muestra tanto en los gobiernos locales como en el gobierno central.
En la actualidad aparece la defensa de este planteamiento de secuestro del estado por el partido desde sectores políticos ultraconservadores que tienen en la actualidad hegemonía político-ideológica desde la era de Trujillo. Así se muestra en pronunciamientos de comunicadores sociales, dirigentes políticos, legisladores y funcionarios del gobierno con fuertes críticas al gobierno de Presidente Danilo Medina y su equipo a quienes se les acusa de llevar al gobierno personas externas al PLD y sobre todo “enemigas” del expresidente Leonel Fernández como Juan Bolívar Díaz y su esposa, entre otros…
¿Qué hay detrás de estas reacciones y críticas?
Son muchas las posibles interpretaciones que se pueden hacer de estas críticas. La mirada debe trascender el análisis personal que es el terreno a donde quieren estos sectores que se lleve la discusión para convertirlo en un simple chisme, y no se lean sus matrices político-ideológicas. Algunas de ellas son las siguientes:
- Miedo al establecimiento de ejercicios de transparencia en la administración pública que confronten los tejidos de corrupción que se sostienen desde la gestión del expresidente Fernández
- Bloqueo a la posible apertura de prácticas que entren en tensión con la hegemonía política de los sectores ultraconservadores en políticas públicas representados en el binomio FNP-PLD desde los sectores vinculados al expresidente Fernández y su alianza política con la familia Castillo y sus seguidores.
La fragilidad de nuestra institucionalidad democrática tiene como parte de su sustento estas matrices. Las cuales no solo se encuentran en estos sectores sino en muchos otros y en gran parte de la población que entiende que solo se llega a la administración pública a través de la dirigencia político-partidaria. Una educación desde el ejercicio ciudadano y una práctica estatal que rompa con esta visión clientelar y autoritaria es urgente para lograr una sociedad democrática en la que se entiende que el estado nos pertenece a todos/as los/as ciudadanos/as que contribuimos económicamente y políticamente en su mantenimiento.
Este artículo fue publicado originalmente en el periódico HOY