Al margen de la audiencia de Felix Bautista y demás pruebas cotidianas de la corrupción de nuestro país, estos últimos días han dejado clara la necesidad de una educación y leyes laicas. Como es de conocimiento público, la reforma al Código Procesal Penal aprobada por el Congreso en primera lectura penaliza a las personas involucradas en cualquier caso de aborto, tanto a los médicos, familiares y la embarazada. Esto incluye los casos en que el aborto es realizado por razones terapéuticas o médicas, en caso de violaciones, incesto, o en el caso de que el feto sea diagnosticado con malformaciones severas que no permiten la vida del bebé.
¿Por qué considero que es importante la observación que realizó el Presidente, que apoya el sentir de varios sectores? Porque cuando la ley le prohíbe a la mujer tomar una decisión que puede salvar su vida, está negando el derecho a la vida y a la salud de esa persona. Es algo tan básico y simple.
La evolución de la ciencia y la medicina nos ha demostrado que, a veces, los embarazos no se desarrollan como quisiéramos. La tasa de mortalidad materna ha bajado considerablemente por esto, porque se han reconocido situaciones peligrosas y se ha desarrollado un tratamiento para las mismas.
Lamentablemente, el aborto terapéutico puede llegar a ser necesario para salvar la vida de la madre y conservar su salud e integridad como ser humano, ya sea por razones médicas o psicológicas. En el caso de embarazos que son producto de una violación o de incesto, hay mujeres que eligen seguir con el embarazo y tener el bebé, lo cual se respeta y hasta se admira, pero no debe ser una imposición por ley sobre nadie. Una víctima de un crimen no debe tener que cargar con las consecuencias de dicho crimen si no quiere, y esto incluye el embarazo. Estamos hablando de permitir la elección, ya sea de una opción o de otra.
Cuando veo personas que abogan por mantener la influencia de la Iglesia a la hora de emitir leyes en un país que cuenta con ciudadanos agnósticos, ateos, evangélicos, musulmanes, judíos, budistas, y de varias otras creencias, que todos pagan impuestos por igual y donde todos deben ser sometidos a leyes justas y razonables, vemos la necesidad de la separación de Estado e Iglesia.
Nadie está hablando de obligar a abortar a nadie, pero tener un grupo de curas diciendo lo que debe pasar y lo que no en el cuerpo de una mujer, cuando son representantes de una institución que siempre ha tratado a las mujeres como miembros de segunda clase, y que enfrenta retos mucho mayores hoy en día, uno se pregunta si de verdad ellos entienden aquello de derecho a la vida, derecho a la salud y demás.
Nadie tiene derecho a condenar a muerte o a despojar de su integridad y dignidad a una embarazada, y negarle el derecho a proteger su vida y su salud en situaciones como las que explico es exactamente eso. Es obligar a una mujer a rechazar tratamientos necesarios, y a sobrellevar una carga psicológica que puede ser inmanejable y puede resultar en la muerte de la persona.
Algo que se ha hecho notar es la falta de educación e información sobre el tema. Muchas personas creen que se trata de legalizar el aborto generalizado, no en situaciones específicas. También hay otras que consideran que la mujer es la que “debe cuidarse”, sin molestarse en investigar y comprender lo que eso implica.
Casualmente los que dicen esto son hombres todos, que probablemente nunca han tenido que leer los efectos secundarios en una cajita de pastillas anticonceptivas, ni sentarse con un ginecólogo a discutir la opción mas segura, sabiendo que ningún método anticonceptivo es infalible. Proponer “soluciones” como tomarse la pastilla del día después luego de una violación, responsabilizando a la víctima del resultado del crimen, deja en evidencia una sociedad machista y misógina, que se lava las manos a la hora de cuidar a sus víctimas, aparte de una ignorancia enorme con respecto a los anticonceptivos.
Las mujeres no pedimos ser violadas, que nuestro embarazo sea problemático o que nuestro bebé venga con defectos congénitos que no le permitan vivir. Conozco madres que han pasado por esta última situación. Algunas han elegido terminar el embarazo y otras lo han llevado a término, y no creo que debamos validar mas a una que a la otra.
Estamos hablando de situaciones extremadamente difíciles que de cualquier forma te marcan de por vida. Es una elección personal, en la que no debe estar involucrado mas nadie que no sean los padres de la criatura y sus doctores. Los curas mandan en la iglesia, no en los hospitales, consultorios médicos, ni clínicas. Establecer una ley justa, con protocolos que se respeten en cada caso, y que proteja a la madre en un momento tan vulnerable, debe ser una prioridad.