Rescatemos la nación, la institucionalidad, la constitucionalidad, sin ello no alcanzaremos el sueño de nuestros fundadores y no se hará realidad el proyecto que todos y todas anhelamos de una República desarrollada integral, humana y verdaderamente democrática. Dicho de otra manera: no puede existir un desarrollo económico sano y exitoso si la seguridad y los derechos no están garantizados.

Y ahora el Código es el culpable (…) culpable de todo lo malo (…) así se expresan los principales responsables de garantizar la seguridad ciudadana, la paz social, el estado de derecho y una vida socio económica sana. Las autoridades estatales quieren confundir y usan esto como su excusa para encubrir su incapacidad e irresponsabilidad profesional frente a sus instituciones, donde han fracasado como funcionarios que se deben al servicio público, a la institucionalidad y el bien común. Porque muy lejos de eso están comprometidos con la corrupción y el crimen organizado que representan sus intereses particulares de acumulación de riquezas, usando la politiquería como simbolismo propagandístico, engañando a la mayoría de nuestro pueblo, al que mantienen dormido en un ostracismo oscuro en conciencia a través de la manipulación mediática, que le impide ver la realidad con pensamiento propio y libre albedrío, dejando de lado a los ciudadanos, a la persona que debe ser el centro de todo y para todo.

Lo más relevante de esta situación es que ha quedado demostrada la deficiencia e incompetencia de los principales actores: jueces, fiscales, policías, militares que hacen de policías, abogados, entre otros. El personal calificado y probo es mínimo en relación a la matrícula de recursos humanos en cada institución, además de que deberían ser estos los tomados en cuenta en los puestos de mayor responsabilidad. ¿Dónde está el problema realmente? no es en las normas ni el código, repito, es en dichos actores, es aquí que está el problema, es en la falta de transparencia basada en ética y moral, de procesos preventivos, de políticas públicas, de capacitación, de profesionalidad, de fiscalización, además necesitan del uso de la criminología, de nuevas herramientas para la aplicación correcta y efectiva de los códigos.

Reconozco que todos los habitantes son partícipes de la problemática que envuelve la sociedad, la seguridad y el respeto a las normas, situación que nos compete a todos, pero la principal responsabilidad corresponde al Estado y a sus funcionarios, a los cuales se les paga y además cuentan con el presupuesto de la nación, que tributa el pueblo para ello, por lo que están obligados a cumplir y hacer cumplir las leyes, como es de rigor jurar al momento de posicionarse en el cargo, es al Estado que también corresponde dar el ejemplo para motivar o estimular a que los demás habitantes cumplan con su deber y promover un cambio de cultura en respeto y cumplimiento al orden social y político establecido.

Nada más alejado de la democracia y de un estado de derecho, esta situación social que hoy vivimos en el país. Lo cierto es que las razones reales están muy lejos de cual normativa se aplique, pues nuestra cultura de incumplimiento a ellas, de anomia, es más que suficiente para demostrarlo.

"Una injusticia hecha en perjuicio de uno solo es una advertida amenaza contra todos." Ralph Waldo Emerso.