"Cuando es más corrupto el Estado, hay más leyes." Tácito.
Desde antes de la puesta en vigencia del Código Procesal Penal, sectores de la sociedad se oponían a los cambios y evolución en los procedimientos de justicia, los disidentes se han mantenido constantes desde la propuesta misma de modernizar, democratizar y humanizar la justicia, a través de un código garantista, apegado a los principios constitucionales y acorde a los acuerdos internacionales. Pero nunca ha sido tan agresiva la oposición como ahora. Parte de los argumentos es la percepción social de que la criminalidad ha aumentado.
Lo cierto es que las razones reales están muy lejos de cuál normativa se aplique, pues nuestra cultura de incumplimiento a la ley, de anomia, es más que suficiente para demostrarlo. Analizando la situación general de nuestra organización política y social, queda claro que los principales problemas dominicanos no están enfocados en faltas de leyes ni mucho menos de una reforma constitucional, se hace evidente que radica en los actores del sistema.
Pero es indiscutible que han contribuido a la problemática de la inseguridad, el auge del narcotráfico, el microtráfico; el crimen organizado, el consumo de alcohol, el porte y uso de armas de fuego, así como otros fenómenos sociales complejos: la desintegración familiar, la crisis educativa, la falta de oportunidades, el incremento de antivalores ligados al enriquecimiento ilícito y la corrupción con impunidad. Problemática que debe ser prevenida y enfrentada desde los organismos del Estado con políticas públicas coherentes a favor de los mejores intereses de la colectividad, sin exclusión y con equidad. Es equivocado pensar que una ley es la solución o la fórmula mágica a la criminalidad. Coincido con Finjus "en que las leyes no previenen, intervienen."
La Comisión de Ejecución del Código (Conaej), conformada por los principales actores del sistema de justicia dominicano, entre ellos la Suprema Corte de Justicia, como el Ministerio Público y la Fundación Institucionalidad y Justicia "resaltan que en corto tiempo el Código Procesal Penal ha mermado las preocupaciones de una sociedad que durante más de 120 años cargó con el peso de una justicia lenta, arbitraria, inhumana, inquisitoria y divorciada de los preceptos constitucionales y de los tratados y convenios internacionales que norman los derechos de las personas.
Si lo que se quiere es modificar por modificar y confundir, entonces implementemos: la independencia del Ministerio Público, aplicación de la criminología, profesionalidad, capacitación de la Policía; así como la definición de sus roles frente a las FFAA, tribunales idóneos, adecuación de la cadena de custodia, sistema eficaz de citación, reducir la rebeldía y la fuga de los imputados; además eliminar el tráfico de influencia, la politiquería en la justicia, acumulación de penas y la falta de equidad en la garantías del principio de defensa, fiscalización de las actuaciones y decisiones de fiscales y jueces.
Es imperativo el priorizar la constitucionalidad en nuestra vida social, revertir el concepto de pedazo de papel que nos han legado nuestros gobernantes, la independencia de los poderes del Estado, redefinir la organización del Estado, hacer preventivo y eficiente el sistema de justicia dominicano.