El Estado, en las sociedades modernas, ha sido entendido de diferentes maneras. Algunas definiciones ponen el énfasis en su función como garante de la seguridad, el bienestar y la equidad en la sociedad, otras, subrayan el uso represivo del Estado, para mantener un determinado orden social. Sin duda, se trata de un debate de enorme relevancia política y académica, que aquí no vamos a desarrollar.
Sin embargo, hay que destacar que la función del Estado es simultáneamente de coerción y consenso, de conflictos y solidaridad, pues se debe poner límites a los beneficios y privilegios de determinados grupos políticos y empresariales, para hacer valer el interés general de las mayorías de la población de la sociedad.
Y esto viene a cuento, por todo el escarceo, lucubraciones y debate sobre la fracasada reforma fiscal. El gobierno ha puesto en escena sus mejores argumentos para evitar la reforma fiscal y, de paso, ha aumentado su popularidad, mientras que los políticos y empresarios, parece ser que, no perderán los beneficios y privilegios del cual han disfrutado por décadas.
Durante más de tres décadas, el Estado ha sometido a la sociedad dominicana a las políticas económicas neoliberales, a la privatización de los servicios y recursos públicos, la desregulación de las actividades económicas y laborales, estructurando, por un lado, un dinámico crecimiento de algunos sectores empresariales, pero también, ha producido una enorme desigualdad en el accesos a los bienes y servicios de un segmento importante de la población dominicana.
A decir de la CEPAL y el Banco Mundial, la República Dominicana es una de las economías más dinámicas de América Latina y el Caribe (ALC), para 2019, el país cerró con un crecimiento económico cercano al 5.1%, aunque para el 2020, se espera una variación negativa en -5.3% (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/),
Pero, la otra cara de la moneda es que, durante este mismo período de crecimiento económico, se ha configurado también, un incremento de la pobreza, la desigualdad social y, falta de equidad del pueblo dominicano. Según los datos del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPYD), durante el año 2020, se produjo un aumento de las tasas de pobreza monetaria, por efecto de la crisis mundial provocada por la COVID-19. Según el mismo organismo, la tasa de pobreza monetaria general pasó de 21.0% en 2019 a 23.4% en 2020, que en términos absolutos, se estima que más de 268,515 dominicanos/as cayeron en la pobreza general. (https://mepyd.gob.do/publicaciones/boletin-pobreza-monetaria).
En relación a la desigualdad social, los estudios de OXFAM y otros organismos internacionales establecen que, a pesar del crecimiento económico que ha registrado la República Dominicana, durante las últimas décadas se mantienen grandes desigualdades entre ricos y pobres, hombres y mujeres, urbano y rural, el país está considerado como el que menos ha aprovechado el crecimiento económico para mejorar la salud y la educación de la población de bajos ingresos (https://www.oxfam.org/republica-dominicana).
Frente a la persistencia de este panorama de grandes desigualdades sociales, agravado por la pandemia, algunos funcionarios, congresistas y partidos políticos seguirán disfrutando de los beneficios y privilegios heredados por décadas. Persistirá el lujoso financiamiento público otorgado a los partidos. Es significativo que en el 2021, en plena crisis de la pandemia y sin elecciones, los partidos recibieron de la Junta Central electoral, un monto de 1, 260, 400 millones de pesos de los fondos públicos (https://www.ifes.org/sites/default/files/ifes_financiacion_de_los_partidos_politicos)
Algunos grupos empresariales seguirán beneficiándose de las escandalosas exenciones fiscales, mientras se incrementa la pobreza y la desigualdad social. Es de esperar que, si realmente se quiere mejorar la calidad de vida de la población, el Estado dominicano trascienda las políticas económicas neoliberales y cumpla su función de garantizar la equidad social. De lo contrario, con o sin reforma fiscal, todo seguirá igual o peor, para la mayoría del pueblo dominicano.