El tema de los intercambios de disparos, lejos de haber sido superado, es todavía uno de los asuntos que más preocupa a las y los ciudadanos que tenemos un poco de fe en la democracia.
Aún persiste en nuestra memoria el recuerdo de los miles de muertos en intercambios de disparos entre policías y supuestos delincuentes bajo la anterior jefatura de la Policía Nacional. Al momento de la destitución de Rafael Guillermo Guzmán Fermín, creíamos, cual inocentes, que el cambio de jefatura traería consigo un cambio de "estrategia" en la disminución del crimen y el delito, que aunque no es asunto sencillo, deseábamos que se iniciara este proceso, al menos, con una seria promoción de la defensa de los derechos fundamentales del ciudadano.
Algunos dirían que esta práctica no es tal, sino que se trata de hechos aislados donde también han caído miembros de la institución del orden, a lo que cabe preguntarse: ¿no se cataloga como una práctica extendida y rutinaria el hecho de que al cabo de cada mes mueran decenas de personas a manos de la Policía Nacional en enfrentamientos con supuestos delincuentes en los barrios de esta capital, así como del resto del país?
Estoy de acuerdo en que la función policial es una de las funciones públicas más delicadas, donde se arriesga la vida todos los días. De hecho, entiendo que el Estado debe garantizarle a ese funcionario unas condiciones óptimas para el buen ejercicio de sus funciones, además de seguridad en el empleo. Lamentablemente, este no es nuestro caso. Ni el Estado asume esas responsabilidades, ni los agentes policiales entienden que ejercen una delicada labor. Quizás esto último sea consecuencia de lo primero, pero ese es tema de otro artículo.
Si bien el atropello policial no es propio de República Dominicana, pues muchos son los casos de policías envueltos en acciones ilegítimas en otros países, lo que nos caracteriza es que no existe un sistema de consecuencias efectivo.
Hace apenas unos días, sorprendió el anuncio del vocero de la Policía Nacional sobre la cancelación de 46 miembros de esa institución, algunos de ellos por haber cometido faltas graves en el desempeño de sus funciones. Lo que no se sabe es si estas cancelaciones tendrán algún tipo de consecuencia penal, en el caso de aquellos policías que hayan cometido delitos.
En definitiva, lo que nos preocupa es que se siga aceptando, sin consecuencia alguna, la práctica de dar muerte a quienes se hayan visto involucrados en acciones delictivas. Eso no es aceptable. Sobre todo porque se trata, en la mayoría de los casos, de jóvenes pobres cuyo delito más grande fue haber nacido en un barrio marginal, no haber podido insertarse en la sociedad productiva, esa misma que les exige estar a la altura de una expectativas que difícilmente puedan cumplir.
No se justifica la comisión de crímenes en razón de pertenecer a un estrato social bajo, pero mucho menos que quienes hayan delinquido reciban como respuesta del Estado la muerte, violando el propio ordenamiento constitucional vigente y las decenas de tratados internacionales sobre DDHH ratificados por el país. Lo que se exige es que simplemente quien violente la ley sea sometido, si procede, a la acción de la justicia. Y que sea ella, y solo ella, la que decida la suerte de ese ciudadano, y no el gatillo alegre de un policía que no entiende cuál es su función, pero que sabe perfectamente que en caso de sobrepasar los límites de sus actuaciones, esto no tendría consecuencia alguna. Total, ¿por qué habría de haberla? Si al final de cuentas se trata de los hijos de machepa.