A la ley 87-01 de seguridad social, le llegó la hora de las transformaciones. Hace 10 años que concluyó la transición imputada por el artículo 33 de este mandato. Hoy se impone un auténtico salto de calidad para avanzar. El sistema de seguridad social, promulgado por el presidente Hipólito Mejía en 2001, implantado por los presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina, y aumentado en cobertura, por el gobernante Luis Abinader, debe ser sustituido por nueva legislación.
Un objetivo así solo de logra con un pacto nacional auspiciado por el Consejo Económico Social (CES), la Presidencia de la República y un Consejo de Seguridad Social comprometido.
Sabemos que a los más de 887 mil millones de pesos acumulados como patrimonio por el fondo de pensiones; se suman los 45 mil millones de la caja de riesgos laborales, más los 64 mil millones gestados por las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS). Son 996 mil millones de pesos mal contados. Una masa monetaria tan enorme como el presupuesto de la nación.
El dinero de la seguridad social se acumula al más juicioso concepto de Karl Marx, como “fetiche de la mercancía”. Un amuleto que mantiene a sus gestores en complaciente adoración, más que por los bienes que aporta, por la estabilidad del ahorro bancario. Una masa mercantil que como escribió el economista alemán, “adquiere voluntad por si misma, independiente de quienes la produjeron”.
Un capital que no ha servido para reducir de una vez por todas, la vergonzante mortalidad de niños y mujeres embarazadas. Tampoco disminuir fallecidos por accidentes de tránsitos, diabetes, infartos y eventos cerebrales. Indicadores donde República Dominicana, se mantiene en los primeros lugares. Una seguridad social que asegure el fortalecimiento de la atención primaria.
Resulta incomprensible que con esta masa bancaria, todavía el sistema de seguridad social, obligue a los dominicanos a buscar cada año de sus propios bolsillos, más de 90 mil millones para co-pagar sus atenciones en salud, y que los médicos se sientan maltratados por las ARS.
Mal hace el Congreso Nacional en promover vistas públicas para cambiar la ley, sin tener disponible, una evaluación objetiva del sistema de seguridad social. De sus diferentes tipos de entidades, públicas y privadas. De su órgano rector, que debiera ser examinado a profundidad, hasta de los 15 tipos diferentes organizaciones rectoras, prestadoras y administradoras.
Son varias las ganancias sociales alcanzadas con la ley de seguridad social. Hasta el año 2001, sólo el 7% de la población dominicana estuvo afiliada al Instituto Dominicano de Seguros Sociales, vía la ley 1896 del año 1948. Hoy alrededor 7.7 millones tiene seguro de salud. Sus cuatro libros de mandatos y 209 artículos, modernizaron el viejo seguro social. Se resolvieron problemas de institucionalidad, participación y cobertura, muy especialmente en esta mortal pandemia Covid-19.
Suscribimos algunos los postulados de la Coalición por una Seguridad Social Digna, es especial que los legisladores ejerzan de manera fiel la labor de representación. En especial, los legisladores de Santiago que reciban y canalicen las propuestas y solicitudes presentadas por la ciudadanía relacionadas con la modificación de la ley de seguridad social. Esta debe transformarse y transitar de una ley de seguridad social mercantil a una seguridad social garantista de derechos, pública, solidaria y con equidad, pero antes debe haber un estudio de evaluación del sistema.
Se impone que la seguridad social fortalezca la estrategia de atención primaria y el sistema de salud nacional público. Que permita acceso libre de copagos y sin restricciones con un plan básico y catálogo de prestaciones integral. Un SENASA que no limite atenciones, sino que sea responsable del acceso y la cobertura a todos los servicios, con su calidad y produzca la satisfacción de los usuarios.
Que asegure los medicamentos necesarios, los estudios de laboratorio pertinentes y el acceso a servicios basados en las necesidades y condiciones de la población, sin inequitativas limitaciones financieras, ni administrativas. Un sistema de pensiones que cubra a todos los trabajadores incluyendo a los trabajadores agrícolas, los trabajadores informales, comerciantes chiriperos en sentido general.