La continuidad en el poder municipal de muchos alcaldes de República Dominicana más allá del año 2020 podría derivar en un amplio retroceso a la calidad de la descentralización municipalizada. La corrupción administrativa, el exacerbado clientelismo político, la gobernanza de espalda a la ciudadanía, el manejo discrecional de las decisiones, el abultamiento desmedido de la nómina de empleados, el privilegio para la adjudicación de compras y contrataciones a familiares, amigos y allegados, el desmonte de los procesos de presupuestos participativos y la carencia de autoridad sobre el territorio son una parte del descalabro del régimen municipal.
El municipio Santo Domingo Oeste, gobernado por una misma familia por más de 16 años, en los cuales ha manejado más de 15 mil millones de pesos, es parte de ese descalabro. El desorden de la dinastía Peña amerita muchos artículos de opinión. Hoy nos referimos a la negación del actual alcalde de entregar información pública a ciudadanos y ciudadanas que convergen en el movimiento socio-político con vocación de poder denominado Voces para el Cambio SDO.
Desde el día 19 de febrero 2019 decenas de ciudadanos y ciudadanas solicitaron al alcalde Francisco Peña información pública de diferentes naturalezas, dentro de esta la nómina completa de los familiares y allegados; los nombres de las empresas con contratos adjudicados; nómina completa de todos los empleados; informe detallado sobre el proyecto de construcción de la funeraria municipal; el listado de presidentes de juntas de vecinos que reciben pagos; el uso dado a 4% para programas educativos sobre salud y género; los gastos en viáticos y dietas realizados dentro y fuera del país, entre otras informaciones. Francisco Peña no ha cumplido con la entrega de las informaciones. Tampoco ha explicado las razones por las cuales no las entrega.
Por dicha negación de información la tercera Cámara Civil y Comercial de Santo Domingo Oeste abrió un proceso a alcalde el pasado 6 de mayo. Esta Cámara declinó para que sea conocido por el Tribunal Superior Administrativo. La sentencia de este Tribunal tiene un único camino: obligar al alcalde a que entregue las informaciones. Y deberá ser así porque el alcalde está violando la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. También, está violentando la Constitución Dominicana en su artículo 22 sobre los derechos de la ciudadanía a formular peticiones a los poderes públicos y denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos.
El silencio administrativo de la autoridad principal de la alcaldía de Santo Domingo Oeste se corresponde con el esquema de gestión implantado durante 16 años. Este esquema fotográficamente se puede describir con carencias sustanciales en transparencia del manejo de fondos públicos, sistema de gestión de espalda a la población, ausencia de democracia participativa, favoritismo y privilegio en los procesos de adjudicación de obras y servicios, nepotismo, abandono y arrabalización de calles, avenidas y espacios públicos. Incapacidad para administrar en función del bien común.
La negación de las informaciones se corresponde con el estilo viejo, tradicional y decimonónico o del Siglo XIX como muchas administraciones municipales manejan los fondos públicos. Un gobierno municipal moderno opera con un plan desarrollo orientado al ordenamiento del territorio, a la higiene pública, a la defensa y uso colectivo de áreas verdes y de los espacios públicos, a la participación en igualdad de oportunidades a todas las empresas, al desarrollo económico local. a un medio ambiente sostenible, a la equidad e igualdad de género para la diversidad política, social y económica. Un enfoque de desarrollo sostenible es el que debe construirse en Santo Domingo Oeste. Enfoque, este, ausente en los políticos que han apostado históricamente por el desplazamiento de los Peña.