Aún no nos hemos repuesto de los efectos de la reciente reforma fiscal, y ya debemos enfrentar la amenaza de un nuevo golpe para nuestros bolsillos. En efecto, actualmente cursa en la Cámara de Diputados un proyecto de ley mediante el cual pretende crearse el Sistema 911, para, alegadamente, dar respuesta a situaciones de emergencia que sean reportadas por los ciudadanos.

Hasta este punto, la iniciativa podría considerarse loable, sino es porque para obtener los recursos para la implementación y supuesto funcionamiento de dicho sistema, se tiene en la mirilla al blanco por excelencia: el pueblo dominicano.

Según la redacción actual del proyecto de ley de referencia, sometido por uno de los tantos Honorables que conforman la Cámara Baja y devuelto el pasado martes a la Comisión de Interior y Policía, se persigue que todo ciudadano pague RD$20.00 por cada línea telefónica que figure a su nombre.

De entrada, la suma anteriormente señalada podría resultar insignificante –como bien precisó el Honorable Diputado Elpidio Báez en defensa del proyecto, “muchos ciudadanos pagan más de motoconcho que lo que van a pagar por el servicio del sistema 911”-, pero al multiplicar los RD$20.00 por el número de líneas telefónicas activas en el país –más de 10 millones de líneas entre líneas fijas y móviles-, obtenemos una suma superior a los 200 millones de pesos mensuales, lo que equivaldría a más de 2,400,000,000.00 de pesos anuales.

En mi humilde opinión, la sola sugerencia de que la implementación y operatividad de un servicio al que, a modo de eufemismo, denominaremos “servicio de asistencia telefónica”, pueda requerir semejante suma de dinero, me parece un insulto a la inteligencia del ciudadano.

Ahora bien, en el supuesto de que el Sistema 911 efectivamente demande tal inversión de recursos por parte del Estado Dominicano, sigo sin entender por qué razón las sumas requeridas deben salir, nueva vez, del bolsillo delciudadano, continuamente vapuleado. ¿Para qué entonces pagamos mensualmente, en virtud del Artículo 45 de la Ley General de Telecomunicaciones No. 153-98, un cargo de 2% a título de Contribución para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, destinado a un Fondo que lleva el mismo nombre?

En efecto, y al tenor del Artículo 3.1 del Reglamento del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, este último “son los recursos reservados para el financiamiento deproyectos en áreas rurales y urbanas de bajos ingresos o de interés social, que promuevan el servicio universal y el desarrollo de las telecomunicaciones (…)”; por lo que bien podría destinarse una porción de dichos recursos al Sistema 911. ¿Por qué no presentar el Sistema 911 como parte de los proyectos a ser ponderados por el Consejo Directivo del INDOTEL para el Plan Bianual de Proyectos? Pero no, los fondos para el Sistema 911 deben obtenerse, como todo en este país de las maravillas, del bolsillo del ciudadano.

En el país que paga los impuestos más altos de toda América Latina por servicios de telecomunicaciones, es más sencillo y cómodo continuar gravando al ciudadano.Es que como tuvo oportunidad de precisar el Honorable diputado Elpidio Báez, la opción de hacer que seamos nosotros, los borregos, quienes soportemos esa carga, “es la mejor alternativa que los legisladores han encontrado para poder sustentar el 911”.

¿Acaso no se le ocurrió al Honorable diputado, o a cualquier otro integrante de la excelsa Cámara Baja, pensar en utilizar para los propósitos del Sistema 911 parte de los recursos que mensualmente reciben los legisladores por el infame barrilito? Al parecer, la imaginación no es una de las virtudes de la mayoría de nuestros representantes en el Congreso y, a fin de cuentas, siempre será más fácil continuar exprimiendo al ciudadano, pero como dice el refrán, “algún día ahorcan blancos”.