En un trabajo que publicáramos en este medio el pasado 15 de abril nos referíamos al tema de la política fiscal que, de acuerdo con diversos planteamientos públicos, se proponen implementar las actuales autoridades en un próximo periodo de gobierno con el propósito de enfrentar, entre otros temas, el déficit estructural de las finanzas publicas que viene generando un creciente endeudamiento público.
Al presidente candidato se le planteo en una de esas reuniones con el sector empresarial la preocupación que se tiene sobre el crecimiento de la deuda pública que se origina como consecuencia del fiscal del sector publico consolidado, a lo cual el mandatario respondió que la mejor forma de enfrentar esa realidad en mediante el pacto fiscal pendiente de negociar a través del Consejo Económico y Social (CES). En ese escenario quedo claro, por suerte, que la problemática de la deuda pública es también una preocupación de las autoridades nacionales.
Un elemento clave de estos intercambios entre el gobierno y los empresarios es el consenso que ya existe en el sentido de que no es aconsejable buscar soluciones por la vía de mas aumentos en las tasas impositivas vigentes, pues, de acuerdo con lo que ha planteado el propio presidente Medina, ya nuestra carga tributaria es muy elevada en comparación con la de muchos países de la región y eso, obviamente, afecta la competitividad en el caso especifico de los bienes y servicios transables que se generan en el país.
Lo recomendable es que ocurra lo contrario. Es decir, que se produzcan ciertas rebajas impositivas en el marco de un pacto fiscal que contemple otras soluciones que generen incrementos en los ingresos fiscales que sean compensatorios. Esas rebajas impositivas estarían destinadas a incrementar nuestra competitividad frente a competidores de otras economías, puesto que uno de nuestros principales objetivos de cara al futuro es que se creen las condiciones para un crecimiento sostenible hacia afuera de nuestra economía por la vía del crecimiento de nuestras exportaciones de bienes y servicios.
En lo referente a la política de manejo de pasivo que han encaminado las actuales autoridades se puede citar el exitoso caso de la recompra de la deuda de Petrocaribe al hermano país de Venezuela, la cual produjo una reducción de más o menos un 3% del PIB en el monto de la deuda pública dominicana existente a la fecha de la operación
Una de las explicaciones por las cuales hoy en día el déficit estructural de las finanzas publicas dominicanas es uno de los principales problemas a los que tenemos que enfrentarnos los dominicanos en el corto plazo, es la ya tradicional costumbre de enfrentar el balance deficitario mediante reformas tributarias encaminadas a aumentar los ingresos por la vía de incrementos de los impuestos, pero sin hacer esfuerzo alguno por reducir los gastos en que incurren las dependencias públicas mas allá de las asignaciones presupuestarias.
Tal vez en reconocimiento de esta realidad el Presidente Medina ha dicho que cuando habla del pacto fiscal no piensa en subir los impuestos ni en reforma tributaria, sino en buscar soluciones que por consenso permitan equilibrar las finanzas publicas evaluando no solo los ingresos sino también el gasto público, considerando el tema de la evasión, el gasto tributario, la concentración de los impuestos y todo lo que tenga ver con la estructura fiscal del país.
Ese crecimiento de la deuda pública que tanto nos preocupa es la consecuencia del desequilibrio cuasi permanente de las finanzas publicas dominicanas y que, año tras año, ha debido ser financiado con nuevos endeudamientos tanto internos como externos. En el caso de las actuales autoridades ese crecimiento de la deuda pública se ha venido controlando mediante una política de consolidación fiscal y a través del manejo del pasivo frente al resto del mundo, pero todo el mundo reconoce que esas medidas no son suficientes para la solución del problema. Sobre todo si lo que queremos es contar con una estructura fiscal que estimule el crecimiento de la economía en forma sostenible y mejore la distribución del ingreso.
En lo referente a la política de manejo de pasivo que han encaminado las actuales autoridades se puede citar el exitoso caso de la recompra de la deuda de Petrocaribe al hermano país de Venezuela, la cual produjo una reducción de más o menos un 3% del PIB en el monto de la deuda pública dominicana existente a la fecha de la operación.
Pero el problema de las finanzas públicas del país no se limita a lo que se contempla en el presupuesto del Gobierno Central, cuyo desequilibrio se ha reducido bastante el marco de la referida política de consolidación fiscal. También hay que considerar al sector público descentralizado no financiero (sector eléctrico) y al sector publico financiero (Banco Central y Banco de Reservas). Es decir, a lo que se conoce como sector publico consolidado, cuyo déficit supera el 5% del PIB. Tanto en el caso del Gobierno Central como en lo concerniente al sector publico consolidado, el déficit se origina por las mismas razones: excesos de gastos y malos manejos de los fondos públicos, incluyendo las tradicionales deficiencias en la mayoría de las instancias de la administración pública. Por ello, la solución se torna más compleja y difícil de consensuar.
En buena medida los acuerdos que ha tenido que negociar el país con el Fondo Monetaria Internacional (FMI) desde principios de la década de los ochentas hasta la fecha, han estado orientados a enfrentar los efectos negativos de los déficit fiscales acumulados como consecuencia de la irresponsabilidad con que han actuado los funcionarios públicos a través de los años, incurriendo en gastos superiores a los ingresos asignados por la vía del presupuesto público. Cada cierto tiempo esa política de gasto excesivo se convierte en una crisis que debe ser enfrentada con un programa de ajuste bajo la tutela del FMI, y cuyos efectos adversos (costos) son sufridos en mayor medida por los sectores más vulnerables e indefensos de la sociedad. Es decir, mediante un incremento de la desigualdad.
El gran tema es que lo que más se incrementa es el gasto corriente y lo que más se afecta cuando la situación se convierte en un problema, es el gasto en inversión pública. Esto quiere decir que cuando hay que hacer recortes en los gastos del gobierno para que el déficit sea menos traumático o menor la necesidad de financiamiento, lo primero que se afectan o paralizan son los proyectos de inversión pública debido a que son los más flexibles para esos fines. Los gastos corrientes normalmente presentan un mayor nivel de rigidez desde el punto de vista especialmente político. Es decir, estos tienen un costo político mayor.
Ese problema, que es muy recurrente a nivel de muchos países, es lo que da lugar a que la deuda pública sea insostenible en el tiempo, debido a que es contratada básicamente para cubrir excesos de gastos corrientes improductivos y no para el desarrollo de proyectos de inversión reproductivos, como debería ser. A medida que se acumulan los déficits fiscales aumenta la proporción de la deuda con respecto al PIB. Pero lo más preocupante no lo es tanto la proporción del PIB sino el monto del servicio de la misma con respecto a los ingresos fiscales, especialmente cuando estos se mantienen estancados o se reducen en proporción con el Producto Interno Bruto.
Las actuales autoridades, con el presidente Medina a la cabeza, han llevado a cabo una política social cuyos resultados están a la vista y se reflejaron en las pasadas elecciones. Por lo que se ha planteado en el programa de gobierno, esa política se consolidaría y ampliaría en el próximo periodo de gobierno. Pero el mayor obstáculo lo constituye precisamente la cuestión fiscal, que no puede ser enfrentada unilateralmente por el gobierno central. Por ello, la urgencia la necesidad de soluciones consensuadas. Un elemento a favor es la cercanía que existe entre el presidente Medina y el sector empresarial. Dado que como ha dicho el Presidente hay mucho de común en las agendas, solamente la mezquindad de la política partidaria de la oposición y la irracionalidad de algunos sectores podrían entorpecer el consenso para las soluciones.
Entre las medidas a tomar para consensuar el pacto fiscal se ha planteado reducir el gasto tributario, mejorar en forma sustancial la calidad del gasto público, reducir la informalidad, ampliar la base impositiva, reducir la evasión, reducir o desconcentrar la estructura impositiva y simplificar el sistema tributario mediante una revisión profunda del código tributario, incluyendo establecer en el mismo la política de incentivos para darle una sustentación legal mejor ponderada, unificada y racional a esa política.
Dado que el no incremento de los impuestos y la revisión o mejora de la calidad del gasto público se consideraban parte de los temas más controversiales, y el Presidente ha dicho que no pretende incrementar los impuestos y que estaría dispuesto a que se discuta lo relativo a la calidad del gasto público, se entiende que existe voluntad política para avanzar en el proceso, considerando, además, los puntos en común en las agendas pública y privada a que se ha hecho referencia.
En resumidas cuentas, esas sugerencias que han hecho algunos empresarios en el sentido de que se introduzca una transformación profunda de la estructura tributaria del país, que garantice equidad y disminuya el alto nivel de informalidad, acompañada de una Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal con sus respectivas reglas fiscales, son medidas también necesarias y que no deben ser objeto de mayores dificultades, en la medida en que se expongan bajo un espíritu de buena voluntad y de colaboración. Ojala que así sea, porque el tiempo apremia.