El alto nivel de privatización de la salud es el resultado de medio siglo de servicios públicos deficientes y discontinuos
La privatización del cuidado de la salud es una consecuencia de la tradicional incapacidad del servicio público para llenar las necesidades de una sociedad cada vez más exigente en cuanto a la calidad y oportunidad de la atención médica.
Lamento disentir del Dr. Sergio Sarita Valdez cuando, en su artículo del martes pasado “Salud Privatizada” del periódico HOY, señaló que “a través de las directrices de organismos internacionales, nuestro obsoleto sistema sanitario ha sido objeto de una reforma enmarcada dentro de la corriente neoliberal, fenómeno que empesó a desarrollarse a partir de la década de los noventa del pasado siglo”.
La República Dominicana es uno de los pocos países donde la privatización de la salud tiene un carácter eminentemente endógeno, autóctono. Tenemos más de medio siglo ofertando un servicio público muy deficiente y discontinuo, según todas las encuestas y estudios, y las denuncias recurrentes del propio personal de salud.
Tan poca aceptación existe, que el concepto de hospital equivale a un servicio público para pobres, y en cambio, el de clínica se asocia con atención privada y de calidad. En ningun caso se trata de una verdad absoluta. No toda la atención privada es de calidad, ni todos los servicios públicos son deficientes.
Siempre he dicho que en el sector público los tratamientos catastróficos son de buena calidad, aunque los servicios cotidianos dejan mucho que desear por la politización, la falta de recursos, la incidencia de grupos de presión, y la falta de gerencia y de adecuados incentivos. Lo confirma la brecha en el desempeño de los hospitales tradicionales y de los autogestionados.
Entre la atención pública y la privada existen diferencias esenciales. Como el ingreso de las clínicas depende de la cantidad de pacientes, éstas laboran 10 horas a plena capacidad, pagan según el desempeño y mantienen en buen estado sus instalaciones. En cambio, en el sector público el presupuesto es asignado sin tomar en cuenta a la población: se labora sólo 4 horas a “plena” capacidad, los salarios e incentivos son independientes de los resultados y existe muy poco interés en el mantenimiento de los equipos e instalaciones, entre otros factores.
El Estado ha sido el principal privatizador
El Dr. Sarita señala que como consecuencia de la privatización exógenamente impuesta “cada individuo o familia compra un plan de salud acorde con sus posibilidades financieras”. Pero se olvida que esa práctica comenzó aquí a finales de los 60, cuando se crearon las primeras igualas médicas privadas, ante la incapacidad del IDSS para ampliar su cobertura y ofrecer un mejor servicio.
Además, que los altos funcionarios y demás empleados del sector público central, autónomo y descentralizado nunca se afiliaron al IDSS, sino a los seguros de salud privados, varios de los cuales auspiciaron directamente. Incluso, los principales sindicatos del país exigían en los pactos colectivos la contratación de igualas médicas privadas, a pesar de pertenecer al Seguro Social, generando la famosa “doble cotización”.
Vale la pena recordar el inusitado financiamiento del Fondo FIDE del Banco Central, para construir y equipar grandes centros médicos privados en la década de los 70. Fue un proceso tan alegre que los más grandes proyectos quebraron. Entre éstos se encuentran los edificios que hoy ocupan la Dirección de Aduana, el Centro Médico UCE y el Hospital de las Fuerzas Armadas.
El autor tiene razón al señalar que a partir de la década de los noventa organismos internacionales promovieron esquemas privatizantes de la medicina. Esa afirmación es válida para América Latina, pero no para nosotros que ya teníamos dos décadas privatizando la salud. Lamentablemente, la mayoría de las reformas recomendadas aún están pendientes de ejecución, por lo que el proceso continúa.
Duele decirlo, pero más que los organismos internacionales, los verdaderos privatizadores son los sectores que mantienen el “obsoleto sistema sanitario”, los que se oponen a la reforma necesaria, y los que justifican los recursos exíguos asignados al sector, a expensas del gasto de bolsillo de las familias más pobres y vulnerables. ADS/131/07/04/2016