Gerencia y Estado

Hacia una democracia auténtica. Ley de Partidos

Por Ramón Morrison

¿Qué tan real y auténtica es la democracia dominicana? ¿Si existe un progreso relativo, por qué tanta resistencia a seguir avanzando? ¿Por qué no se ha aprobado la Ley de Partidos?

En la República Popular China se asegura que se gobierna para el pueblo; pero existe el partido único, el Partido Comunista de China, por la vía del cual se entiende que las ciudadanas y ciudadanos tienen la oportunidad de canalizar su participación. Aun así el premio Nobel Amartaya Sen, que es un defensor a ultranza de la democracia representativa, reconoce que en cuanto a desarrollo humano China ha logrado mucho más que la India, el más grande país democrático y con un sistema electoral de los más sólidos y auténticos del mundo. Vietnam con un partido único, el Partido Comunista de Indochina, ha logrado progresos en el desarrollo humano que le ha merecido el reconocimiento internacional. Pero pocos niegan que la llamada democracia representativa occidental, en su concepción, sea un sistema superior a aquellos. Sólo tomar en cuenta la libertad de expresión por lo cual muchos estarían dispuestos a preferirla o a sacrificarse por ella frente inclusive a necesidades básicas.

Ante lo dicho le invitamos a releer las preguntas con las cuales se inicia este artículo.

La democracia dominicana puede exhibir hoy reales avances. La libertad de expresión es una innegable realidad; el sistema electoral se ha fortalecido y hasta existe espacio para la diversidad de opciones. Pero sólo muy pocas dominicanas y dominicanos tienen la posibilidad real de ser elegidos a un puesto en el Estado. Sólo quien dispone de al menos decenas de millones de pesos. Lo cual significa que en los hechos existe una violación fragante al esencial derecho democrático de elegir y ser elegido. Y peor aún el Estado se priva, para sólo citar un ejemplo, de líderes excepcionales como Tolben Jáquez, presidente del Club Los Mina y quien por sus sobrados méritos debería de ser un natural síndico de Santo Domingo Este.

Puede ser que la Ley de Partidos no sea la panacea o el gran punto de arranque para una nueva etapa de progreso de la democracia dominicana; pero la resistencia a su aprobación pone en evidencia las enraizadas mezquindades de dirigentes que entienden que pueden secuestrar la democracia dominicana o frenar lo que han de ser sus nuevas etapas de avance.

Decir que la Ley de Partidos orientada a regular, entre otros, el financiamiento, la democracia interna y la formación política aún después de más de 10 años no se ha aprobado, es un proceder abiertamente antidemocrático

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