Compromiso dominicano

Corrupción, globalización y competitividad

Por Juan Ramón Mejía Betances

Mientras mas oigo hablar de la corrupción gubernamental que azota a Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela, República Dominicana y otros países, en especial Latinoamericanos y tercermundistas,  donde sus políticos de alto rango están siendo acusados de robar fortunas con casi total impunidad, más apoyo la idea de la creación de la Corte Internacional Anticorrupción y que mi país se adhiera a ésta, porque definitivamente nuestras autoridades y nuestro Poder Judicial han demostrado de sobra su incapacidad de someter y juzgar a nuestros funcionarios corruptos.

La idea de crear una Corte Internacional Anticorrupción ha sido propuesta por el juez federal y ex funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos Mark L. Wolf. El funcionario explicó su propuesta en detalle en un artículo que publicó en el 2014 en el sitio web del centro de investigaciones Brookings Institution de Washington D.C., en donde explicó que hay que crear una Corte Internacional Anticorrupción porque muchos gobiernos han creado una cultura de corrupción y de impunidad, en la que no existe la voluntad ni la capacidad de investigar, procesar y castigar la corrupción.

A pesar de que Wolf escribió su artículo pensando en países como Rusia y Nigeria, hubiera encontrado ejemplos igualmente buenos, o mucho mejores, en Latinoamérica, pues en varios países latinoamericanos, sus gobernantes electos han socavado gradualmente el sistema de división de Poderes del Estado, controlando desde la presidencia, al poder Legislativo, al Judicial y hasta el llamado cuarto poder, La Prensa, silenciando, de una forma u otra, a los medios opositores. Como consecuencia, en esos países gozan de licencia para robar, al punto que algunos refutados comentaristas de medios de comunicación se han atrevido a defender esa mala práctica, explicando: “Que la corrupción dinamiza las economías y reparte las riquezas de las naciones”.

Cuando, en realidad, lo que genera es desigualdad y acrecentamiento de la brecha entre ricos y pobres, ya que para lograr la continuidad en el manejo del Estado, han creado un sistema clientelista y populista, en el que a los individuos se les da parte de lo que corresponde por derecho, como si fuese un regalo del gobernante de turno; mientras los funcionarios corruptos y sus aliados, se enriquecen y se apoderan de la maquinaria productiva del país.

Si observamos los titulares de las secciones internacionales, vemos como en Brasil han comenzado a investigar contratos internacionales e incluso se pretende juzgar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que además puntuaba muy bien como posible candidato a la presidencia; pero también el presidente del Congreso de Brasil, Eduardo Cunha, aprobó iniciar un juicio político en contra de la presidenta Dilma Rousseff que, de prosperar, podría acarrear el fin de su mandato.

De esos escándalos en Brasil se desprenden informaciones de empresas constructoras que pagaban asesores de campañas electorales, para luego lograr ganar los principales contratos de construcción de esos países, así mismo vemos otras empresas Brasileñas que han vendido en nuestro país que también están siendo investigadas y el asesor de ventas de una de ellas expresó a la justicia brasileña la posibilidad de que altos funcionarios de la empresa fabricante de aviones Embraer S.A., entre ellos el presidente ejecutivo Frederico Curado, conocían de los pagos ilegales hechos a autoridades dominicanas para asegurar la venta de los aviones Super-Tucano a la República Dominicana, según se publicó en el Wall Street Journal.

En nuestros país se han realizado docenas de investigaciones periodísticas sobre enormes sobrefacturaciones en proyectos gubernamentales, entre ellos la remodelación del hospital Cabral y Báez y el Hospital Darío Contreras, cuyo presupuesto inicial, con el que se ganó la Licitación, era de $886.5 millones, sin embargo, el costo total ascendió a $1,700 millones de pesos y, seguimos sin investigaciones oficiales de esos casos, sin someter a los presuntos corruptos y a los poquísimos que se someten, o lo someten mal para que lo descarguen o comoquiera lo descarga la justicia, ya que los jueces fueron elegidos por esos mismo políticos, para garantizar su impunidad.

La Corte Penal Internacional ha estado con las manos atadas y es poco lo que ha podido hacer hasta ahora, porque Estados Unidos y otros países no la reconocen. Pero Wolf alega, con razón, que la Corte Anticorrupción tendría mucho más apoyo en Washington y Europa, porque las empresas estadounidenses y europeas ya deben cumplir con leyes antisobornos y contra el lavado de activos, por lo que se encuentran con una significativa pérdida de competitividad, compitiendo con empresas de países en los que no se han implementado esas leyes, así que se beneficiarían y promoverían que sus competidoras Latinoamericanas, Rusas y Chinas tuvieran que regirse por estándares semejantes, en el que se castigue a quien soborne y a quien reciba el soborno

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