Comenzando este artículo lo he titulado como decadencia política de la sociedad enferma, tema que consistirá de una serie de artículos en referencia al impacto de la corrupción política en el carácter social dominicano, en las instituciones del estado y estructura de gobierno en sus tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el aparato judicial, incluyendo las altas cortes que conforman parte del teclado constitucional.
Bien podría decirse que desde la fundación como Republica nuestra historia política ha sido marcada por una trayectoria azarosa, caracterizada por un individualismo primario y un protagonismo narcisista presente en los gobernantes, en el cual las dictaduras de derecha y los mal llamados gobiernos democráticos han llenado el espacio histórico de la nación en su gran mayoría encabezados por gobiernos personalistas y corruptos.
Sería imposible abordar en detalles a cada uno de estos gobiernos y el solo mencionarlos escaparía del marco de referencia de este articulo por lo que me limito referirme a nuestra desventurada historia política contemporánea.
Los eventos políticos que han caracterizado las últimas cinco décadas han sido matizados por la corrupción administrativa de los Gobiernos, proceso que ha acompañado a los diferentes gobernantes de turno en los últimos cincuenta años, período que ha sido de tal degeneración que nos encontramos frente a un fenómeno que va más allá de violaciones de normas, leyes establecidas y de la ética más elemental.
Se podría decir que la corrupción ha sido la sombra del espectro que siempre ha rondado sobre la República Dominicana, siempre ha existido en los diferentes gobiernos, variando en intensidad y severidad, observando que las administraciones perredeistas, incluyendo la administración de Hipólito Mejía, que aun y se dieron casos de corrupción y de desaciertos, nunca estos llegaron a alcanzar el nivel observado en otros gobiernos recientes, siendo quizás la razón la ausencia de continuismo de líderes de ese partido en gobiernos sucesivos y no haber podido crear procesos de reeleccionismo lo que impidió el formar una cofradía de corruptela permanente, por su corta estadía de cuatro años y sin reelección, caso contrario a los gobiernos del Partido Reformista y del Partido de la Liberación Dominicana que han mantenido el poder a través de “Reelecciones” y continuismo de sus líderes por años lo que les ha permitido enclavarse en el poder y crear una estructura de “grupo o gremio corporativo” acompañado de permisividad, complicidad y de corrupción administrativa,
Siendo los más marcados los gobiernos de Joaquín Balaguer y su Partido Reformista que se caracterizó por represiones, desapariciones de líderes de oposición y una corrupción rampante llegando su líder a admitir: “Que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho.” Pero encabezando la lista se encuentran los gobiernos de Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana, diez y seis años de administración peledeísta que han sido marcados por una corrupción aberrante, sin precedentes en los anales de nuestra historia política.
La corrupción está directamente ligada al sistema político y debe de entenderse que corrupción en lenguaje llano y sin adornos es sinónimo de robo, es decir, robo de los bienes del Estado por funcionarios, administradores y allegados al Gobierno que manejan los recursos de la nación. Claro está que los comprometidos con el gobierno tienden a decir “que fondos y recursos fueron desviados” haciéndose cómplices de actos dolosos y manteniendo la impunidad de sus relacionados, siendo notorio la falta de consecuencias legales, moral o ética que castigue este tipo de conducta delictiva, la cual es protegida por los gobiernos de turno garantizándole impunidad, permitiendo así que se desvíen estos recursos y no sean invertidos en obras y programas sociales que disminuyan la inequidad y la pobreza que afecta la gran mayoría de los dominicanos.
En la actualidad, en los últimos doce años los escándalos de corrupción en la administración pública son incontables, sin embargo, ningún político perteneciente al Partido de la Liberación Dominicana ha sido investigado, encauzado o sancionado legalmente, ni mucho menos recibir reclusión por los delitos cometidos.
Continua.