Las evidencias indican que durante los 15 años de la Ley 87-01, la atención médica pública ha perdido terreno frente a la privada, contrario a las premisas con que se diseñó el Sistema de Seguridad Social
El reclamo de incluir el 5 por ciento del producto interno bruto (PIB) en el presupuesto nacional para el sector salud, ha tomado un nuevo impulso como parte de las demandas del Colegio Médico Dominicano (CMD) y de los gremios aliados.
Las autoridades le harían un gran servicio al país si, como ya ocurrió en el campo de la educación, aceptaran este reclamo nacional, aprovechando la flexibilidad de los gremios de la salud, de que el aumento se realice en forma gradual y progresiva, desde el 2017 hasta el 2020.
La gradualidad sería una solución sensata y necesaria para viabilizar y atenuar el impacto fiscal. Tradicionalmente, el presupuesto para salud ha fluctuado en un 2.0%, monto que apenas constituye un 40% del recomendado para países como el nuestro con un ingreso per cápita de nivel intermedio.
Con esta demanda y flexibilidad, el Colegio Médico Dominicano (CMD) y sus aliados avalan los planteamientos que, desde hace varios años, hemos venido haciendo junto con importantes personalidades y organizaciones sociales del país.
Además, el CMD retoma las recomendaciones de los organismos internacionales, incluida la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), sobre la necesidad de aumentar el nivel del gasto público en salud para reducir las barreras de acceso, mejorar la equidad y elevar la calidad y oportunidad de la atención pública.
Revertir el debilitamiento de la medicina pública
La mayoría de las evidencias indican que, durante los 15 años de vigencia de la Ley 87-01, la oferta pública de atención médica ha ido perdiendo terreno frente a la privada, contrario a las premisas con que se diseñó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).
Por lo tanto, dicho aumento debería acompañarse de reformas en la asignación y contratación de los recursos, para asegurar que los beneficios de esta inversión lleguen realmente a la población. No se trata de asignar por complacer, ni de gastar más para hacer lo mismo.
Reiteramos que la experiencia durante medio siglo demuestra que la política de “varilla y cemento”, por sí sola, en nada garantiza la superación de tantas limitaciones e ineficiencias que arrastra el servicio público de salud.
Es tiempo ya de enfrentar la inconsistencia que presenta nuestro país, al exhibir uno de los más altos niveles de crecimiento económico y, al mismo tiempo, uno de las más bajas asignación a la salud pública de la Región, lo que explica el creciente gasto de bolsillo.
Ante la realidad de un nuevo período gubernamental de las actuales autoridades nacionales, cabe esperar que, así como el presente sirvió para aumentar la inversión en la educación básica, este nuevo período sea el del 5 por ciento del PIB para la salud pública.
Si queremos sentar las bases de un desarrollo sostenible e inclusivo, tenemos que superar el rol de cenicienta que durante medio siglo ha tenido la salud.