“La responsabilidad social de los negocios consiste en incrementar sus beneficios.”
Milton Friedman
Hoy continuamos pasando lista a lo que no acaba de morir y a lo que todavía tampoco termina de nacer. Debo reconocer que sin dudas resulta muchísimo más apasionante y fácil buscar entre los hechos, actitudes o prácticas que deberían morir, que identificar lo que debería surgir para permitir lo nuevo, sobre todo sin caer en la trampa de confundirlo con algunas creaciones que, por más novedosas que en apariencia puedan parecer, resultarían probadamente inconvenientes a los intereses de las mayorías. Entre esas creaciones se destacan en primer lugar las Alianzas Públicas Privadas (APP) que en esta media isla no constituyen ninguna novedad y ahí está, para muestra, la carretera a Samaná. Los costos de esta obra al erario público son demasiado conocidos y han sido tan onerosos que ya a nadie se le ocurriría seguir argumentando que de no haberse acordado tal APP no habría carretera. Lo peor es que a esa extraña ecuación mediante la cual el Estado paga a los “inversionistas” un subsidio por quienes no la usan, le quedan aún 18 años de vigencia.
En el marco del escenario político que se ha ido dibujando intentaremos abordar este tema de las alianzas público privadas sin perder de vista que a pesar de que quienes ejercen el poder son seguidores de Milton Friedman, hacen oídos sordos a este reclamo del economista de la Escuela de Chicago: “uno de los grandes errores es juzgar las políticas y programas por sus intenciones más que por sus resultados”. Esto es importante anotarlo si queremos ir poniendo en claro donde está la trampa: quienes abusan de esta nueva modalidad de “financiar el desarrollo” no declaran sus verdaderas intenciones y presentan resultados supuestamente exitosos pues se remiten a un aumento de sus propias rentas. Quienes rasgan vestiduras por la carretera a Samaná, debieran hacerlo, también, por las APP y serían mucho más creíbles, puesto que los excesos denunciados no son propios de la carretera a Samaná, son el ADN de las alianzas público privadas.
No podemos ignorar que las APP salen al ruedo en medio de la trama neoliberal que, para mala suerte del pueblo dominicano, ha fracasado antes con graves consecuencias en Argentina, Chile, Perú, Ecuador. Aquí se comienza a implementar en medio de un desierto político donde extrañamente no aparecen los defensores de los bienes públicos, por lo que pareciera que los intentos, muy publicitados, de condenar actos de corrupción se parecen más medidas que buscan eliminar adversarios políticos que a prácticas reñidas con la ley y sobre todo, con valores morales. ¿Alguien puede explicar que el Corredor de la Núñez de Cáceres (CNC), que es un bien público, no tenga dolientes? Ni siquiera quienes crearon la OMSA, que era la institución que prestaba el servicio, han cuestionado su privatización. Tampoco los campeones de la transparencia nacional se han pronunciado aún cuando ni en los centros espiritistas es posible encontrar información acerca del procedimiento, de los costos para el Estado, ni quién o quiénes creyeron tener facultades para dejar al Estado con un bien menos sin aprobación del Congreso Nacional, ni si acaso éste se vendió, se donó o está bajo otra forma de dominio. Lo que sí sabemos es que el servicio que costaba RD$15.00 va a costar en unos días RD$35.00. O sea, la consecuencia primera de toda APP en cualquier parte del mundo.
Ahora se está oliendo que Punta Catalina, cuya administración está en manos de una institución en liquidación, tendrá el mismo destino. Tal vez eso explique que no se vean esfuerzos por parte del poder judicial independiente respecto a los costos de la planta. Los titulares dirán que la CEDEEE era un nido de corruptos y que la experiencia en administración del Estado de los recién llegados no pasaba de la elemental razón aquella de Don Otto: si su mujer tiene un amante el problema se resuelve eliminando el sillón donde se cometió la infidelidad.
Los costos institucionales -aunque con las debidas asesorías extranjeras se tenga una norma legal que permita que la propiedad pública pueda ser “bien administrada”- están también a la vista. Llama la atención que nadie haya notado la presencia del senador de Santiago Rodríguez en el traspaso del Corredor de la Núñez. En ese acto debió estar la senadora del Distrito Nacional y no un senador con figuración pública por airear sus conflictos de intereses. Conste que si se revisan estudios acerca de las APP siempre aparecerán este tipo de conflictos, de modo que para los organismos ocupados de la ética gubernamental debiera ser un mandato hacerse cargo de los conflictos de interés. Es posible que descubran que los males que provocan son mucho mayores que los de las sobrevaluaciones.
Hay suficiente literatura que demuestra el fracaso de las APP y sus consecuencias en las prestaciones del Estado para asegurar la plena vigencia de los derechos humanos (movilidad, educación, salud, seguridad social), los altos costos financieros y las rentas del sector privado, la opacidad de los contratos y cómo estos sirven para ocultar deuda pública, etc. Por lo tanto, la cita que inicia este artículo nos pone ante un nuevo escenario ya imposible de negar: hasta ahora el Estado era el botín del cual se obtenían beneficios en forma ilegal y era el motivo principal de la acción política, pero ahora los hombres y mujeres de negocios ha decidido alzarse con el botín. Se lo llevan con procedimientos normalizados con marcos legales que aseguren que compras y contrataciones se siga dedicando al PLD mientras los responsables de la ética gubernamental asuman de hecho la sentencia del exergo de Friedman que no deja dudas sobre la bondad de conseguir los mayores beneficios. Con el menor riesgo, agregamos nosotros
A los fines de que la ecuación les resulte, la política -y lo político- ha dado lugar a un escenario magnífico. En estos momentos de pandemia la República Dominicana debe ser el único país del mundo que apuesta a debilitar el Estado privatizando servicios, donando sus bienes y asumiendo riesgos financieros en beneficio de privados.
Para decirlo con otras palabras, en la política estamos ante las consecuencias de lo que alguien llamó las “alianzas tipo Arca de Noé”, aludiendo a que para salir del PLD en el arca cabían todos. Entonces el ticket para subir al arca era gratis, se aceptaba que los costos éticos no existen para quienes no tienen conciencia del mal y del bien y se asumía que sacar al PLD era un motivo tan válido que hacía innecesario preguntarse por quién lo iban a reemplazar. Ahora resulta que la bajada del barco tampoco se cobra, pero están pagando para que nadie se baje. El avance neoliberal que tendremos en estos años podrá ocultar los costos políticos por un tiempo, pero el comprobado fracaso del neoliberalismo hará imposible evitar los costos éticos, institucionales, sociales y económicos con servicios caros que afectarán, sobre todo, a los sectores de menores ingresos. Y el que calla otorga.