En este mes se cumplieron 17 años de la promulgación de la Ley de Seguridad Social, la conquista social más importante del presente siglo. Sin embargo, a diferencia de los anteriores, las autoridades redujeron las actividades y evaluaciones a su mínima expresión.
En conmemoración, más hizo la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA), una organización sin recursos e integrado por gente muy pobre, pero con un alto compromiso social, que el poderoso Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y las demás instituciones públicas del SDSS.
Existen avances cuantitativos, con un lento crecimiento en el 2017. Los afiliados se elevaron de un 20% a un 72%. Al concluir el 2017 existían 7,523,996 afiliados al Seguro Familiar de Salud: 3,902,592 en el Contributivo y 3,546,688 en el Subsidiado.
El financiamiento ha sido suficiente. Los pagos al SFS Contributivo ascienden a 273,910.0 millones, entre 2007-2017, en tanto que el SENASA ha recibido 57,251.6 millones, sólo para el Subsidiado, desde el 2003. Existen reservas financieras para cualquier eventualidad.
En el campo previsional también los logros han sido cuantitativos. El fondo de pensiones ha continuado su ascenso, llegando a más de 507,000 millones de pesos, alrededor del 15% del PIB, pero continúa muy bajo el porcentaje de los cotizantes activos.
Muchas distorsiones y ausencia de las reformas esenciales
Las grandes quejas e insatisfacciones de la población, se derivan de distorsiones y la ausencia de las reformas esenciales dispuestas por la Ley, fruto de la falta de voluntad política para aplicarla integralmente, así como en la limitada asignación de recursos para mejorar los servicios y extender la cobertura.
La mayor distorsión ha sido la imposición de un Plan de Servicios de Salud (PDSS) al margen de la Ley, y la no aprobación de un verdadero Plan Básico de Salud (PBS), el cual, de acuerdo a la Ley 87-01, constituye la columna vertebral del Seguro Familiar de Salud (SFS).
Se integró la red pública y se han entregado varios hospitales remodelados y reequipados. Pero persiste la precariedad presupuestaria, y el predominio de formas de contratación y de gestión que en nada estimulan la dedicación, ni el desempeño, agudizando el desequilibrio entre lo público y lo privado.
Se mantiene un modelo de atención predominantemente curativo, medicalizado y muy costoso, a pesar del mandato de la Ley que establecer un primer nivel de atención como puerta de entrada a la red nacional de salud.
Los copagos ilegales contravienen la Ley 87-01. El gasto de bolsillo (49%) supera el gasto público en la salud (37%) para las personas, convirtiéndose en una muralla insalvable para las familias más pobres y vulnerables.
La mayoría de los pensionados y jubilados sobrevive con pensiones insuficientes, y desactualizadas desde hace 14 años, sin un seguro de salud, cuando más lo necesitan. Miles de ex trabajadores de los ingenios azucareros mueren esperando su pensión.
Los trabajadores por cuenta propia continúan abandonados a su propia suerte, a pesar de constituir una parte importante de la PEA, debido a la pereza del CNSS de poner en marcha, en forma gradual, el Régimen Contributivo Subsidiado.
El carácter universal de la Ley continúa quebrantado al permitir la segmentación del SDSS, mediante la autoexclusión de las instituciones autónomas y descentralizadas, así como de varios poderes públicos.
En la evaluación de ADESA hubo consenso en la necesidad de aunar esfuerzos para eliminar las distorsiones y avanzar en las reformas orientadas a avanzar en el derecho a la salud de todos los dominicanos.