Decía Eduardo Galeano que “si votar sirviera para algo, ya lo habrían prohibido”. Las pasadas elecciones del 15 de mayo demostraron que, en el marco de la hegemonía del partido-régimen gobernante, votar sirve para muy poco. Si votar realmente sirviera para cambiar algo, el partido-régimen, en contubernio con sus aliados de la clase dominante, esto es, la oligarquía tradicional, sin ningún resquemor hubiese buscado formas para impedir que se vote. El proyecto político del partido-régimen en gobierno, que se monta a partir del adormecimiento y desmovilización del pueblo mediante el clientelismo y propiciando una sociedad de ignorantes, es anti-democrático en sí porque no reconoce como sujeto sino que como objeto al dominicano medio. Lo ve como un cliente electoral, al cual, en el contexto de su pobreza material y espiritual, es preciso comprar con dádivas (tarjetas “sociales”) o, el día de las votaciones, con unos cuantos cientos de pesos, un pica pollo y un pote de romo. El sistema promueve que el dominicano medio vaya a las urnas a buscar “lo suyo” para resolver necesidades inmediatas: que vote pensado en el ahora y el yo.
Las pasadas elecciones fueron un ignominioso matadero electoral. Meses antes de la justa eleccionaria todo el mundo sabía que la oposición no tenía ninguna posibilidad de ganar al partido-régimen. Entretanto, se hizo evidente, durante la campaña, que el partido-régimen no solo quería lograr la reelección, sino que, dada su lucha de poder interna, en la cual el bando danilista busca desplazar al bando leonelista de cara al 2020, perseguía un triunfo total donde el candidato-presidente obtuviera como mínimo un 60% de los votos (las famosas encuestas fueron parte de la estrategia) y mayorías absolutas en el Congreso y casi todos los municipios.
De ahí esa campaña tan avasallante en la cual, en un país donde hay millones de personas que viven en la pobreza extrema, se gastaron miles de millones de pesos: había que lograr un triunfo aplastante a toda costa. Nunca en la historia dominicana se había visto una campaña tan desigual marcada por un uso tan dispendioso de dinero en pos de la consecución de un proyecto electoral. Por ello es que, como señalé en mi artículo de la semana pasada, fue un proceso donde no se hizo política (nada de debates ni propuestas) sino que se ganó a base de dinero. Por tanto, siendo el estado dominicano la principal estructura de acumulación de riqueza originaria del país, en una campaña que se dirimió mediante las lógicas del dinero (la política en tanto negocio), pues no había forma posible de competirle al candidato y partido que controlan el Estado.
En ese contexto, debemos preguntarnos, ¿qué podemos hacer para que votar pueda servir para algo? ¿Cómo, aun en el marco de la hegemonía del partido-régimen existente, se pueden forzar cambios para que las elecciones dejen de ser únicamente un instrumento de legitimación para la clase gobernante? En fin, ¿cómo evitar otro matadero electoral? Días después de las elecciones hablaba con un amigo de Santo Domingo (que es un importante líder de organizaciones ciudadanas) sobre qué hacer para evitar, del 2020 en adelante, otro matadero electoral como el que hubo el 15 de mayo. Aquí les comparto algunas de las propuestas que le hice:
- Los partidos y organizaciones políticas y ciudadanas de oposición deben preparar, para presentar al país, un documento firmado por todos en el cual se exija la aprobación de una ley de partidos y una ley electoral que reglamenten las próximas elecciones. Si no se aprueban ambas leyes toda la oposición rechazaría participar en las elecciones del 2020. Es decir, renunciar ir a otro matadero electoral. Con ello las próximas elecciones quedarían deslegitimadas nacional e internacionalmente.
- Exigir una Junta Central Electoral con nuevos miembros que sean personas sin ningún vínculo en el pasado (obviamente ni en el presente) con ninguno de los partidos existentes y que goce de autonomía presupuestaria de tal forma que no pueda ser coaccionada financieramente desde ninguno de los poderes estatales. Igual con el Tribunal Superior Electoral.
- La ley de partidos debe establecer que para un partido quedar inscrito y recibir financiamiento público, tendrá que sacar mínimo un 3% de los votos. Si no lo logra, dentro de un tiempo fijado después de las elecciones, deberá recoger determinada cantidad de endosos ciudadanos –mediante firmas validadas- en todo el territorio nacional que sea proporcional a la población del país en ese momento. Igual procedimiento para los candidatos independientes.
- La ley electoral debe fijar un máximo de dinero que, proveniente de fuentes privadas, puedan recibir los partidos. Así mismo, debe obligar a los partidos a reportar toda donación privada que reciban con información clara sobre la procedencia, cantidad y fecha en que se hizo cada donación. Ningún partido podrá recibir más de un 20% de sus donaciones privadas vía dinero en efectivo. Esa información de los partidos debe estar disponible y actualizada en internet para que la vean y fiscalicen todos los ciudadanos.
- La ley electoral debe reglamentar el tiempo de campaña que, sugiero, comience mes y medio antes del día de las elecciones (sean primarias o elecciones generales). A partir de ahí los partidos podrán hacer sus actividades proselitistas y anuncios en medios de comunicación. Antes de eso ningún partido podrá celebrar ninguna actividad de carácter proselitista.
- Una vez pasadas las elecciones se llevarán a cabo auditorías (por una entidad totalmente independiente) sobre cómo los partidos usaron el dinero público y privado que recibieron. Todos aquellos partidos o candidatos que hayan violado las normas serán duramente multados; y cuando las infracciones cometidas así lo requieran serán procesados penalmente y, en ese contexto, de haber resultado electo el candidato en cuestión, deberá abandonar su puesto mientras afronta dicho proceso penal. El puesto quedaría vacante hasta que haya una decisión judicial final. De ser hallado culpable ocupará oficialmente el puesto el candidato que le siguió en votos.
- La ley electoral deberá impedir que un solo partido hegemonice los medios de comunicación de tal manera que, como en la pasada campaña, no haya balance ni proporcionalidad. Eso se evitará de las siguientes formas ya mencionadas: reduciendo el gasto de los partidos y limitando las donaciones privadas, acortando el tiempo de campaña y fijando claramente qué constituye propaganda política. Con esto último se delimitaría el marco de acción de esos programas de televisión y radio que están plagados de militantes y políticos en ejercicio con miras a que dejen de ser plataformas de permanente y desigual proselitismo.
Para que haya una verdadera democracia en el país, donde la gente normal pueda participar de los procesos electorales más allá de emitir un voto, en la República Dominicana debemos sacar el dinero y los negociantes de la política, propiciar la justa competencia y evitar que el actual partido-régimen monte completamente su proyecto de hegemonía absoluta. Mientras ello no ocurra hablar de eso de la democracia dominicana seguirá siendo un mal chiste y, por consiguiente, votar no servirá para nada.
¡Que no haya otro matadero electoral!