Diversos autores se han referido a la función moderna de la política fiscal que deberían ejecutar los estados como parte de sus responsabilidades en la administración de los fondos públicos. Cito entre tales responsabilidades las siguientes:
- a) Satisfacer las necesidades publicas mediante el suministro de bienes y servicios tales como educación, salud pública, agua potable y alcantarillado, saneamiento ambiental, defensa nacional, orden público, administración de justicia, seguridad social, relaciones internacionales, administración general del Estado, preservación del medio ambiente y los recursos naturales, obras diversas de infraestructura, asistencia técnica y otros, incluyendo hacer justicia en la distribución del ingreso. Muchos de estos bienes y servicios pueden ser contratados en el mercado privado siguiendo normativas legales de transparencia y racionalidad, o producidos directamente por el propio estado en forma eficiente e igualmente transparente.
- b) Crear las mejores condiciones para el crecimiento sostenido de la economía y de la renta nacional en un ambiente de estabilidad de precios, competitividad nacional e internacional y de generación de empleos productivos.
- c) Contribuir al desarrollo económico y social mediante el incremento de las inversiones, el fomento de la producción, el aumento del gasto social, y el bienestar general de la sociedad. Esto debe incluir su esfuerzo en la dirección de que se cuente con un ambiente institucional de adecuada aplicación de justicia y de garantía de seguridad jurídica en favor de los agentes económicos.
- d) Impulsar la competitividad internacional del país para que sea posible su inserción sostenible en la economía global. Esto obviamente supone crear las condiciones de adaptación del marco institucional, productivo, de recursos humanos y tecnológico, de acuerdo con los estándares y exigencias del entorno internacional. El logro de cada uno de los fines y objetivos señalados tiene como instrumento fundamental al sistema tributario y el presupuesto público, lo cual supone, en definitiva, reconocer al presupuesto general de la nación como la principal herramienta en la consecución de las metas de desarrollo económico y social de cualquier gobierno.
La política fiscal también ha sido definida como la rama de la política económica que en función de sus principales componentes (ingreso, gasto y financiamiento) configura el presupuesto del Estado como instrumento de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguar o neutralizar las variaciones de los ciclos económicos, en la dirección de mantener el crecimiento de la economía, el incremento del empleo productivo y la estabilidad de precios. Por ello es importante que el presupuesto que cada año se presenta al congreso para fines de aprobación sea elaborado de tal forma que refleje en la mayor media posible la realidad económica del país y su entorno internacional.
En atención a esos grandes criterios que han sido estudiados por diversos especialistas en la materia fiscal, se nos ocurren las siguientes 10 recomendaciones para que, en la medida de lo posible, sean tomadas en consideración en la discusiones del pacto fiscal a que estaremos convocados los dominicanos:
- Tomar en consideración lo que establece la Constitución de la República, especialmente en lo atinente a las funciones económicas y sociales a cargo del la Presidencia de la República y demás dependencias del Estado dominicano.
- Tomar en cuenta lo que dispone la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (END) con respecto a los elementos en los que debe fundamentarse el pacto fiscal.
- La necesidad urgente de que se logre el equilibrio de las finanzas públicas para que sea posible controlar el crecimiento de la deuda pública y sus implicaciones sobre los ingresos del Estado. Lo ideal es que la deuda pública solo sea contratada con el propósito de financiar el desarrollo o las actividades productivas y no para la cobertura de exceso de gastos corrientes.
- Que la reforma fiscal integral que se acuerde en el marco de las negociaciones contemple el crecimiento y las orientaciones (cambio de modelo?) que se le debe dar al desenvolvimiento futuro de la economía dominicana. La estructura fiscal debe ser modificada en la dirección de que sea sencilla y de fácil aplicación. La misma debe basarse en uno cuantos impuestos que se justifiquen por el monto de las recaudaciones que generen. Hay que crear las condiciones para que los encargados de administrar a la estructura impositiva sean los más eficientes posible.
Esto implica, entre otras cosas, que deben eliminarse todos aquellos impuestos que no se justifiquen desde el punto de vista de las recaudaciones o de las distorsiones que generen. Además, el sistema debe ser mas progresivo y equitativo. La base imponible debe ser modificada para que todo el mundo pague de acuerdo con su capacidad económica, de la misma forma en que todo el mundo se beneficia de las obras y de los servicios que ofrece el Estado como administrador de los fondos públicos. Los sectores mas carenciados deben ser racionalmente protegidos o subsidiados mediante la política de gasto publico.
- Que la estructura fiscal que se acuerde sea consecuente con el incremento de la competitividad del país frente al resto del mundo, de tal forma que los acuerdos de libre comercio de los que formamos parte cumplan con el rol de promover las exportaciones de bienes y servicios y de favorecer el consumo interno. Esto implica eliminar las barreras que obstaculicen el logro de estos objetivos.
- Que se contemple la necesaria reducción del desequilibrio externo, de tal forma que podamos contar con una oferta de divisas que garantice la estabilidad de la tasa de cambio y de los precios internos. Hay que apoyar prioritariamente a los sectores productivos de bienes y servicios transables que sean competitivos y que orienten su producción al mercado internacional.
- Crear las condiciones para la autonomía con que debe operar la política monetaria, de tal forma que sea posible contar con tasas de interés competitivas en el mercado interno. Esto implica tomar decisiones prudentes y racionales con respecto a la deuda cuasi fiscal del Banco Central.
- Que la Ley de responsabilidad y transparencia fiscal que se acuerde sea lo suficientemente racional, no para dar libertades inadecuadas a los gestores de los fondos públicos, pero si para que sea posible su aplicación, considerando la complejidad de la estructura fiscal vigente en la República Dominicana. No se debe repetir la experiencia de la Ley de Capitalización del BC, la cual no se ha podido cumplir debido a que no se pondero adecuadamente el tiempo de aplicación y, por ende, el monto de los recursos que debía transferir el gobierno al BC para cubrir los intereses de la misma. Esto ha obligado a las autoridades del BC a continuar colocando títulos (mas deuda) en el mercado para garantizar la estabilidad de precios.
- El fortalecimiento de los órganos de control para que se pueda garantizar que los encargados de aplicar los términos acordados en las negociaciones sean adecuadamente supervisados y se garantice su cumplimiento.
10. Que se fortalezca el marco sancionador para que los que violen las normativas legales, tanto del lado de los contribuyentes como de parte de los encargados de administrar los fondos públicos, reciban las sanciones correspondientes. En este país no se le tiene temor a las sanciones aplicables a las violaciones de las responsabilidades fiscales debido a que son muy benignas y todo se resuelve con una negociación entre las partes, en que predomina el poder económico, el tráfico de influencias y la corrupción administrativa. Debido a estas circunstancias el que incumple o evade el pago de los impuestos siempre sala ganando. Pero las responsabilidades fiscales y las sanciones correspondientes deben ser aplicables con igual dureza tanto a los evasores como a los administradores de los fondos públicos que se extralimitan en el desempeño de sus funciones.