Brasilia, 22 feb (EFE/Eduardo Davis).- El presidente brasileño, Michel Temer, cuya popularidad apenas llega al 10 %, dio hoy otra muestra de poder político y apoyado en su fuerte base parlamentaria llevó a la Corte Suprema a su polémico ministro de Justicia, Alexandre de Moraes.
La candidatura del ministro al Supremo para ocupar la vacante que abrió la muerte del magistrado Teori Zavascki en un accidente aéreo ocurrido en enero pasado fue propuesta por Temer por imperativos constitucionales y aprobada hoy en el pleno del Senado, por una aplastante diferencia de 55 votos frente a 13 en contra.
Aunque hoy sólo asistieron 68 senadores, entre los 81 miembros del pleno al menos 44 son sospechosos o investigados por supuesta corrupción, en muchos casos asociada directamente a la trama en la estatal Petrobras, que cuando se trata de políticos aforados tramita en el Supremo.
Tanto Temer como De Moraes han repetido hasta el hartazgo que la operación "Lava Jato", como se conocen esas vastas investigaciones, es "intocable" y han garantizado que el Gobierno no interferirá de modo alguno en la justicia.
La propuesta de Temer desató polémicas en el medio jurídico y sobre todo en la oposición, que vio en el nombramiento de De Moraes una supuesta intención de "controlar" desde la Corte Suprema esa investigación, que salpica a decenas de políticos de todo el arco partidario y hasta se teme que pueda llegar al propio mandatario.
Tanto Temer como De Moraes han repetido hasta el hartazgo que la operación "Lava Jato", como se conocen esas vastas investigaciones, es "intocable" y han garantizado que el Gobierno no interferirá de modo alguno en la justicia.
Sin embargo, en el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera Temer, han surgido polémicas propuestas que para muchos parlamentarios de la oposición apuntan en sentido contrario.
La última de ellas, aunque retirada unas horas después de ser presentada por el presidente del PMDB, Romero Jucá, proponía impedir que los jefes de ambas Cámaras legislativas sean juzgados, mientras estén en el ejercicio de sus cargos, por delitos cometidos antes de asumir esos mandatos.
El presidente de la Cámara baja, Rodrigo Maia, del partido Demócrata (DEM) y de la mayoritaria base oficialista, es investigado por la operación "Lava Jato" por supuestas maniobras para favorecer a empresas implicadas en el asunto a cambio de abultados sobornos.
En el caso del jefe del Senado, Eunicio Oliveira, del PMDB, se asegura que ha sido citado como beneficiario de esas corruptelas en testimonios dados a la justicia 77 exdirectivos del grupo Odebrecht.
Esas declaraciones están bajo un estricto secreto judicial, pero informaciones obtenidas por la prensa local sostienen que salpicarán a decenas de legisladores, a por lo menos cinco ministros e incluso al propio Temer.
El presidente, los ministros y todos los parlamentarios tienen condición de aforados, por lo que sólo pueden ser juzgados por el Supremo, que en Brasil es tradicionalmente más lento y burocrático que la justicia ordinaria.
De hecho, un reciente estudio de la Fundación Getúlio Vargas dice que las causas penales abiertas en el Supremo contra políticos en la última década demoraron una media de 954 días para llegar a la fase de sentencia.
Agrega que, en un 68 % de los casos, las causas prescribieron o fueron retomadas por tribunales inferiores porque el acusado dejó el cargo y perdió el estatus de aforado.
Más allá de esas polémicas, todos los analistas políticos han coincidido en que la elección de De Moraes para la Corte Suprema ha constituido otra prueba del poder político de Temer, un mandatario con una escasa popularidad, que los sondeos sitúan en un 10 %, pero con un aplastante apoyo en las cámaras.
Gracias a ese poder parlamentario, el Gobierno ha logrado aprobar impopulares medidas económicas y avanza en proyectos de reforma del régimen de jubilaciones y de las leyes laborales resistidos por los sindicatos, pero al mismo tiempo aplaudidos por la mayoría de los legisladores y empresarios. EFE