Londres, Inglaterra (EFE).- El último año completo del Reino Unido dentro de la Unión Europea (UE) ha resultado en uno de los más convulsos de su historia reciente, con una marcada inestabilidad política que ha puesto en el ojo del huracán al Gobierno de la primera ministra británica, Theresa May.
Con un Ejecutivo dividido entre aquellos favorables a un "brexit" duro, que rompa por completo los lazos con el bloque comunitario, y los partidarios de una salida "suave" de la UE, May ha tenido que lidiar con ambos sectores al tiempo que gestionaba unas arduas negociaciones con Bruselas.
En el mes de julio la "premier" consiguió materializar una propuesta, conocida como plan de Chequers, que contemplaba la creación de un mercado común de bienes británico-comunitario con equivalencia normativa.
Aunque en un primer momento recibió el apoyo de su Gobierno en bloque, escasas horas después de hacer público el controvertido proyecto presentaron su dimisión el ministro para el "brexit", David Davis, y el notorio titular de Asuntos Exteriores, Boris Johnson.
Ambos políticos pertenecían a la poderosa minoría de ministros pro-"brexit" duro del Gabinete de May y consideraron sus planes demasiado complacientes con el club de los Veintisiete.
La primera ministra no se resignó ante este revés y decidió, antes del receso estival, asumir personalmente el control de las negociaciones con la Comisión Europea, conducidas por Michael Barnier, en su punto más sensible.
Las conversaciones entre ambos bloques entraron poco después en un impase debido, sobre todo, a los desacuerdos existentes sobre la salvaguarda para evitar una frontera dura entre la República de Irlanda y la provincia de Irlanda del Norte.
Finalmente, May cedió a incluir la conocida como "backstop", una garantía que prevé que el Reino Unido permanezca en la unión aduanera y que Irlanda del Norte también esté alineada con ciertas normas del mercado único, hasta que se establezca una nueva relación comercial entre ambas partes, negociada en el periodo de transición -entre el 29 de marzo de 2019 y finales de 2020-.
Una concesión que le valió la tercera importante dimisión del año, la del ministro para el "brexit", Dominic Raab, apenas cinco meses después de haber accedido al cargo, por considerar inaceptable esa cláusula.
Con todo, la primera ministra conseguía el 25 de noviembre que los Veintisiete -incluida España que había amenazado con vetar el acuerdo por desavenencias respecto al peñón de Gibraltar- apoyaran en un Consejo Europeo el Acuerdo de Salida y la Declaración Política.
Salvado este obstáculo a la mandataria conservadora aún le quedaba uno aún más complicado, el de recibir el apoyo de la Cámara de los Comunes.
Conocedora de que la oposición votaría en contra del acuerdo, así como el sector más euroescéptico de su propio partido, May decidió cancelar la votación prevista para el 11 de diciembre y fijarla la semana del 14 de enero.
Una maniobra para tratar de ganar tiempo logrando de la UE concesiones y garantías al pacto que ayuden en su aceptación parlamentaria, si bien los Veintisiete han adelantado que mantienen la puerta cerrada a renegociaciones.
La oposición a los planes de May no han provenido este año solo de la UE o de las formaciones políticas adversas en Westminster, sino también de dentro de sus propias filas.
En diciembre el Partido Conservador planteó una moción de confianza a su líder, que consiguió salvar por 200 votos a favor y 117 en contra, pero que, aún así, contribuyó a seguir erosionando la figura de la primera ministra.
En medio de todo este embrollo, cada vez son más las voces que claman por la celebración de un segundo referéndum, muchas de ellas aglutinadas en la campaña People’s Vote, que ha organizado ya más de un millar de reuniones en localidades del Reino Unido.
Además, hace escasas semanas el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció que el Reino Unido podrá suspender unilateralmente el proceso de salida de la UE en cualquier momento hasta la medianoche del 29 de marzo de 2019, fecha prevista para la consumación del "brexit".
Aunque el Gobierno ha insistido en que su prioridad es conseguir que el Parlamento de luz verde al acuerdo, terminó el año confirmando que ha intensificado la planificación para una posible salida abrupta de la UE, unos planes a los que va a destinar 2.000 millones de libras (2.214 millones de euros).
Mientras tanto, el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, espera que el pacto sea rechazado en enero para en ese momento presentar una moción de censura al Gobierno y precipitar así unas elecciones generales que podrían conducirle al número 10 de Downing Street. EFE
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