SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Movimiento Popular Dominicano (MPD) expresaron su solidaridad con la lucha del pueblo colombiano en rechazo a una reforma tributaria y por una mejor calidad de vida.

Estas organizaciones dominicanas rechazaron asimismo las acciones represivas políticas, militares y policiales en contra de ese pueblo sudamericano.

“Nosotros como organizaciones progresistas, democráticas y revolucionarias de la República Dominicana nos manifestamos a favor de la lucha y los paros que vienen llevando a cabo las organizaciones sindicales, campesinas e indígenas colombianas, por el rechazo de la reforma tributaria, la reforma de salud; reformas estas que no son más que engaños a las clases medias y populares de Colombia”, indicaron,

En un comunicado ambas organizaciones repudiaron que, desde el pasado mes de abril, las fuerzas represivas del “narcogobierno” de Iván Duque estén "asesinando y masacrando a gran parte de la juventud colombiana".

Sostienen que la reacción popular colombiana "está muy justificada", ya que el gobierno en su primera fase intentó implementar una mal llamada reforma tributaria.

“Las organizaciones, gremios y sindicatos en las calles lograron tumbarle el pulso a Iván Duque, y a su ministro de Hacienda, Carrasquilla, quien se vio obligado a renunciar de su puesto. Iván Duque, luego, propone otro método al Congreso en cuanto a la nueva reforma, no obstante, esto no significa que ellos y sus oligarquías vayan a echar hacia atrás, por el contrario, esto es solo un receso, para comenzar de nuevo su criminal política económica en perjuicio del pueblo colombiano”, aseguran.

Tanto el MIR como el MPD sostienen que es reflejo de esa política la intensidad represiva que ha ordenado el ministro de Defensa, Diego Molano; el jefe del Ejército, Eduardo Zapateiro, al igual que "el cuerpo criminal" Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), junto a los cuerpos regulares de la Policía Nacional, añade el texto de estos partidos.

Afirman que los reportes escritos y en los videos no dejan ninguna duda de la "criminalidad y genocidios que están llevando a cabo el Ejército y la Policía Nacional contra la población en todos los departamentos colombianos, incluyendo las principales ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, entre otras".

“Rechazamos todas las acciones políticas, militares y policiales cometidas en contra de la mayoría de la juventud colombiana y toda la población indefensa”, concluye el comunicado.

Cientos de personas continúan desaparecidas tras protestas

Cientos de personas continúan desaparecidas desde que salieron de sus casas a manifestarse en las calles colombianas contra el Gobierno del presidente Iván Duque, según han reportado fuentes oficiales y observadores independientes de las movilizaciones que ya completan 11 días.

El más reciente informe de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo recoge las denuncias de 548 personas desaparecidas, de las cuales 189 han sido ubicadas, mientras que 359 casos continúan en proceso de verificación.

Si bien la mayoría de personas reportadas como desaparecidas puede haber sido retenida por la Policía durante las jornadas de protestas que comenzaron el pasado 28 de abril, organizaciones civiles e internacionales urgen a las autoridades a acelerar su búsqueda dadas las denuncias por abusos que recaen sobre la fuerza pública.

Amnistía Internacional (AI) alertó ayer que la Policía colombiana "ha hecho uso de la fuerza de manera indiscriminada y desproporcionada, y se reportan alarmantes cifras de violencia sexual y de personas dadas por desaparecidas".

En ese sentido, advirtió que "la desaparición forzada y la violencia sexual perpetrada por autoridades son crímenes de derecho internacional que cualquier Estado está facultado a investigar y perseguir".

Organizaciones de derechos humanos temen que los desaparecidos estén siendo víctimas de agresiones físicas, violencia sexual e incluso tortura, como han denunciado varios ciudadanos que fueron retenidos durante largas horas en estaciones de la Policía.

Desde que comenzaron las manifestaciones la fuerza pública ha sido acusada de varios delitos contra personas que fueron detenidas, como la denuncia de una mujer que el 30 de abril dijo haber sido abusada sexualmente por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía cuando la movilización en la que participaba fue dispersada con gases.

"Las autoridades colombianas deben investigar toda denuncia de violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional de manera expedita, imparcial y exhaustiva, garantizando los derechos y la seguridad de las víctimas y testigos", aseguró la directora para las Américas de Amnistía, Erika Guevara Rosas.

Guevara advirtió además que "no debe prevalecer la impunidad ante estos graves delitos" y exigió al presidente Duque, como máximo jefe de la fuerza pública, pronunciarse sobre los hechos porque "el silencio no deja más que un velo de impunidad y complicidad".

Al menos 27 personas han muerto durante las jornadas, según informaron el viernes la Fiscalía y la Defensoría en un documento en el que aclararon que de esos fallecimientos 11 están ligados directamente con los hechos, siete están "en verificación" y hay nueve que no tienen relación con las protestas.

Sin embargo, la ONG Temblores ha documentado 37 víctimas mortales, 1.708 casos de uso abusivo de la fuerza, al menos 26 víctimas de agresión ocular, 234 casos de violencia física y 934 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, así como casos de violencia sexual contra 11 personas.

La Cancillería de Colombia respondió ayer a los reclamos de la comunidad internacional y aseguró que el Gobierno, garante de la protesta pacífica, ha informado oportunamente sobre "las medidas e investigaciones que han iniciado las instituciones autónomas para asegurar que los casos de posible violación a los derechos humanos o uso excesivo de la fuerza sean debidamente sancionados".

Las movilizaciones comenzaron en contra de la ya retirada reforma tributaria del Gobierno del presidente Duque, pero continúan contra un intento de reformar la salud, la brutalidad policial y la compleja situación de inseguridad. EFE