Guatemala, Guatemala, 2 abr (EFE/Patricia Pernas).- El fallecimiento del general José Efraín Ríos Montt no cierra el capítulo más cruento de Guatemala, la guerra civil que por 36 años desangró al país. Su muerte evidencia la lentitud de la justicia: unas heridas abiertas que aún sangran hoy en día después de 21 años de la firma de una paz irreal.
Las secuelas de los conflictos están vivas por décadas. A veces por siglos. A veces toda la vida. La guerra no siempre deja huellas físicas. No hay huecos de balas en las paredes ni ecos de bombas en el paisaje. Más hay silencio. Puertas cerradas, alambradas y puestos militares en cada esquina. Una vida atemorizada y amordazada.
El deceso del general Ríos Montt, un militar de línea dura, pastor de una congregación evangélica fundamentalista, mesiánico líder político de derechas, eterno aspirante a la Presidencia e icono de la brutal represión desatada por las Fuerzas Armadas durante los años más cruentos de la guerra interna que vivió Guatemala, lo demuestra.
El anciano militar, fallecido este domingo a los 91 años de edad por un paro cardíaco, está considerado como uno de los dictadores más sanguinarios de América Latina. Durante su régimen de facto, entre 1982 y 1983 -solo 17 meses-, tuvo lugar la fase más violenta de la guerra civil guatemalteca (1960-1996).
Decenas de miles de personas fueron masacradas, violadas y hechas desaparecer, entre ellas 1.771 indígenas ixil, cuyos homicidios se abordaron en un juicio, una causa por la que Ríos Montt fue condenado a 80 años de cárcel, aunque el proceso se estaba volviendo a repetir después de que el Constitucional anulara la sentencia.
"La impunidad no es un buen camino para la reconciliación", dijo, una opinión compartida por la líder indígena y premio Nobel de la Paz en 1992, Rigoberta Menchú, quien insistió en que la primera sentencia contra Ríos Montt sigue siendo válida y denunció "impunidad" en todo el proceso".
Su caso no es el único que chirría en una sociedad adormecida que camina mirando hacia atrás, presa de un miedo que aún la mantiene secuestrada por la corrupción, la impunidad o el pasado.
En enero del 2012, la Justicia suspendió la persecución penal por genocidio a Oscar Humberto Mejía Víctores (1983-1986), luego de que un peritaje médico estableciera que padecía de trastorno mental orgánico por un evento vascular cerebral, limitación e imposibilidad de comprensión para enfrentarse a un juicio.
Murió el 1 de febrero de 2016.
En el 2013, otro informe dijo que el general retirado Héctor Mario López Fuentes, exjefe del Estado Mayor de la Defensa, tampoco podía enfrentarse a un juicio por problemas físicos, psicológicos y emocionales. Murió en 2015 acusado, junto a Mejía Víctores, de participar en matanzas durante la guerra interna que dejó más de 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos.
El 27 de mayo de 2006 murió en el exilio en Venezuela el expresidente Fernando Romero Lucas García, derrocado el 23 de marzo de 1982 durante un golpe militar que llevó al poder a Ríos Montt.
Lucas, implicado en el incendio de la Embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980, en el que murieron 37 personas, falleció a los 82 años sin ser juzgado por la represión militar que existió durante su régimen, que inició en 1978.
Tras la muerte de Ríos Montt fueron muchas las voces que clamaron por una Justicia ligera. El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, aseguró que "el clamor por la justicia va más allá de una persona", y que "hoy más que nunca es necesaria la aplicación de la Justicia pronta y cumplida".
"La impunidad no es un buen camino para la reconciliación", dijo, una opinión compartida por la líder indígena y premio Nobel de la Paz en 1992, Rigoberta Menchú, quien insistió en que la primera sentencia contra Ríos Montt sigue siendo válida y denunció "impunidad" en todo el proceso".
"Aquí hubo impunidad. Se rompió el sistema y él (el exdictador) pasó por encima de todo eso. Es resultado de un sistema invadido por la corrupción, la impunidad y el crimen organizado", aseveró la activista a Efe, y reiteró que la condena a 80 años de cárcel es la única que vale.
Las heridas de la guerra en Guatemala, ese país donde el infierno y el paraíso se tocan, no cicatrizarán mientras la Justicia no reconcilie a la población con su pasado, con su historia. Mientras no haya reparación y perdón. Mientras no haya memoria histórica. EFE