(Daniel Iriarte/El Confidenacial)
Donald Trump está preocupado. No es para menos: por primera vez, la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York le señala directamente como responsable último de dos delitos relacionados con los pagos realizados por su abogado, Michael Cohen -sentenciado este miércoles a 3 años de cárcel-, para silenciar las relaciones extramaritales que Trump había mantenido con la ex modelo de Playboy Karen McDougal y la actriz porno Stormy Daniels. El acta de imputación dice de forma explícita: “Como el propio Cohen ha admitido, con respecto a ambos pagos, actuó en coordinación con y dirigido por el 'Individuo 1′, es decir, el propio Trump. La relevancia de todo ello está en que dichos pagos se realizaron para que su posible revelación no afectase a la campaña presidencial de Trump, lo que se considera una violación de la legislación sobre fondos electorales.
La inquietud del presidente queda reflejada en la serie de furiosos tuits con los que ha intentado defenderse, asegurando que se trató de “una simple transacción privada” y no una contribución de campaña, y diciendo que todo es parte de la “caza de brujas” contra él dado que los demócratas no pueden encontrar pruebas “vinculando la campaña de Trump a Rusia”.
Según la CNN, que cita fuentes del entorno presidencial, Trump cree que es probable que se produzca un impeachment ahora que los demócratas controlan la Cámara de Representantes, pero que seguramente se salvará dado que los republicanos retienen el Senado. En eso tiene razón: en el proceso de destitución, es la primera cámara quien decide si lo impulsa o no, y la segunda la que vota para decidir si el presidente debe ser apartado o no de su cargo (durante el ‘affaire Lewinski’, por ejemplo, Bill Clinton salvó su presidencia en esa segunda votación). En ese sentido, la espectacular movilización desplegada por Trump en las elecciones de mitad de mandatoera una estrategia de supervivencia política para tratar de asegurar que el Senado permanecía firmemente en manos republicanas, como así fue.
Pero el mayor problema de Trump ya no es un posible impeachment, sino lo que le aguarda en cuanto deje el cargo: una más que probable imputación por presuntos delitos electorales y financieros. Además de lo mencionado arriba, el ex director de la Oficina de Ética Gubernamental de EEUU, Walter Shaub, ha llamado la atención sobre el hecho de que Trump omitió los pagos a Cohen en su declaración financiera pública de junio de 2017, lo que puede ser considerado un delito bajo la ley de falsas declaraciones.
En EEUU existe en estos momentos un intenso debate sobre si se puede imputar a un presidente en ejercicio. Algunos expertos legales opinan que sí, aunque el Departamento de Justicia tiene serias dudas. Pero si existen evidencias suficientes de delitos, ni siquiera una reelección en 2020 salvaría a Trump: en ese caso podría aplicarse una cláusula llamada “estatuto de limitaciones”, lo que pondría una especie de pausa en esas ofensas delictivas para impedir que prescribieran. Al abandonar forzosamente el cargo en enero de 2025, sería llevado a juicio.
Un presunto delito tras otro
El senador demócrata Chris Coons, miembro del Comité Judicial del Senado, entre otros, cree que eso es lo que sucederá. “La evidencia presentada en el caso de Michael Cohen, de que el presidente le dirigió para implicarle en pagos con la intención de influir en los resultados de las elecciones, realmente elevan los riesgos legales para el presidente”, dijo en una entrevista este lunes. “Mi opinión es que existe una perspectiva bastante real de que el día que deje el cargo el Departamento de Justicia podría imputarle, que podría ser el primer presidente en bastante tiempo en enfrentarse a la perspectiva real de pasar un tiempo en la cárcel”. De ser condenado, le esperan alrededor de diez años de prisión, además de importantes multas e incautación de propiedades.
Todo esto ocurrió a principios de esta semana. Desde entonces, los problemas legales de Trump no han hecho más que aumentar exponencialmente: este jueves, una investigación de NBC News ha revelado que Trump estaba presente en la reunión en la que Cohen y el editor de la publicación National Enquirer, David Pecker, discutieron formas en las que podían impedir que “historias negativas” -es decir, las relaciones adúlteras de Trump- pudiesen afectar negativamente a la campaña presidencial, comprando la exclusiva e impidiendo de esa manera su publicación. La información ha sido confirmada por las partes afectadas ante la fiscalía federal, como posteriormente han corroborado otros medios de forma independiente.
“Si Trump estaba en esa habitación, en fecha tan temprana como agosto de 2015, y en combinación con las grabaciones donde Trump claramente sabe de qué está hablando Cohen en relación con David Pecker, se le puede colocar nítidamente en medio de una conspiración para cometer un fraude financiero en campaña”, opina Daniel Goldman, antiguo asistente del fiscal federal y comentarista de NBC.
A ello se suman los posibles delitos cometidos por su equipo político, donde aún se desconoce el papel concreto que pueda haber jugado, o no, el propio Trump. El jueves por la tarde, el Wall Street Journal reveló que la fiscalía federal de Nueva York está investigando el posible manejo ilícito por parte del comité organizador de la investidura de Trump de más de cien millones de dólares, y si estos aceptaron donaciones de individuos a cambio de conseguir acceso a la nueva administración, lo que también sería ilegal.
Pocas horas después, el New York Times informaba de que la fiscalía está investigando también si países extranjeros -en concreto, Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos- hicieron donaciones al comité de campaña y el fondo de investidura de Trump, una práctica ilegal. Y por si fuera poco, The Trace, un portal dedicado al control del armamento en EEUU, ha revelado que la Asociación Nacional del Rifle gastó 30 millones de dólares para conseguir que Donald Trump fuese elegido presidente y coordinó sus anuncios publicitarios con su equipo de campaña. De nuevo, un delito electoral, si bien por ahora no hay evidencias de que estos hechos estén siendo investigados aún por el Departamento de Justicia.
El peor enemigo de Trump es Trump
El mayor problema, como explica Adam Serwer en la publicación The Atlantic, es que en el sistema estadounidense los crímenes financieros o políticos son muy difíciles de castigar, porque hay que demostrar que se conocía la legislación y se violó intencionadamente. Ese, señala Serwer, es el motivo por el que tan pocos ricos y poderosos acaban en la cárcel en EEUU. Pero en este aspecto, Trump resulta ser su peor enemigo: su incontinencia verbal y tuitera prueba, a la vista de todos, que sabía perfectamente que lo que hacía era ilegal La prueba es su tendencia a cambiar una y otra vez su versión de los hechos, algo que trae de cabeza a sus defensores.
Durante meses, el propio Trump y sus abogados han negado que éste tuviese conocimiento de los pagos realizados por Cohen. Ahora que resulta imposible seguir haciéndolo, simplemente afirma que el inductor del delito no fue él. “Nunca le di órdenes de que hiciese nada incorrecto. Lo que hiciese, lo hizo por su cuenta. Él es abogado. Un abogado que representa a un cliente se supone que vaya a hacer lo correcto. Por eso se les paga un montón de dinero, etcétera. Yo nunca le di órdenes de que hiciese nada incorrecto o inadecuado”, afirmó el presidente esta semana en una entrevista con Fox News.
“La estrategia en constante evolución sobre las alegaciones de pagos a cambio de silencio es el ‘manual Trump’ de siempre: contar una versión de los hechos hasta que se derrumba, entonces contar otra versión nueva, ya sí sucesivamente hasta que pasa el peligro”, señala el Washington Post. “Nunca ha estado en una posición en la que no pueda enmarañar y esquivar las cosas y salirse por la tangente. Pero ahora todo eso se está volviendo contra él”, afirma un preocupado republicano que trabaja estrechamente con la Casa Blanca en el mismo artículo.
Nadie es más consciente de todo ello que John Dowd, el abogado de Trump en la Casa Blanca. Según cuenta el legendario periodista Bob Woodward en su libro “Miedo”, Dowd estaba absolutamente convencido de que Trump cometería perjurio si era llamado a declarar en la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia electoral rusa. Para demostrarlo, a finales de enero organizó un falso interrogatorio a Trump, en el que trató de poner en aprietos al presidente como lo haría un verdadero fiscal. Este acabó por perder los nervios: “¡Todo esto es un maldito montaje! ¡No quiero testificar!”, acabó gritando, según la versión de Woodward.
El abogado concluyó "que Trump se inventa cosas, que miente, que no se puede confiar en él, y que si testifica será declarado culpable y acabará con un mono naranja en la cárcel”, explicó Woodward en una reciente entrevista. De hecho Dowd, tal vez queriendo evitar el destino de Cohen, ya no trabaja para el presidente.
Y todo ello sucede incluso antes de que Mueller haya terminado su investigación, que la mayoría de los observadores creen que culminará muy pronto, y que el fiscal especial sabe mucho más de lo que ha revelado hasta ahora. En este tiempo, los investigadores también han empezado a echar un vistazo a los asuntos fiscales de Donald Trump, y a sus negocios inmobiliarios, donde abundan los puntos oscuros y las apariciones –aún no está claro si periféricas o estelares- de destacados miembros de la mafia. Gran parte de ello ha sido ya publicado por periodistas como Adam Davidson, de la publicación The New Yorker, o David Cay Johnston, autor del libro “Cómo se hizo Donald Trump”, pero la justicia todavía no ha tenido tiempo de examinar en detalle muchas de esas alegaciones. Pero, probablemente, todo llegará. En suma, al presidente no le faltan razones para estar preocupado.
Y ni siquiera hemos hablado del ’Rusiagate'…