Bogotá, 10 feb (EFE/Jaime Ortega Carrascal).- El capítulo colombiano del escándalo de corrupción de Odebrecht alcanzó esta semana el entorno del presidente Juan Manuel Santos y de la oposición uribista por la vía de la financiación de la campaña electoral de 2014 y se perfila como un factor determinante en las presidenciales del año próximo.
La Constitución colombiana prohíbe a los partidos y candidatos a cargos públicos recibir donaciones para sus campañas de personas o empresas extranjeras, por lo cual, en caso de comprobarse que entró dinero en los comicios presidenciales de 2014, estarían sujetos a sanciones que van desde las pecuniarias hasta la pérdida del cargo.
Hasta ahora la Fiscalía colombiana ha logrado establecer que los 11,1 millones de dólares que Odebrecht pagó en sobornos en Colombia para obtener licitaciones de obras de infraestructura, según el Departamento de Justicia de EE.UU., fueron a parar a manos de dos políticos ya detenidos, pero la investigación busca descubrir quién más se benefició de este ilícito.
Es en este punto donde el caso adquiere una connotación política mayor ya que uno de los detenidos, el exsenador Otto Bula, señalado como receptor de 4,6 millones de dólares de la constructora, implicó directamente a Roberto Prieto, gerente de la campaña de Santos a la reelección en las presidenciales de 2014.
El uribismo, que suele defender con uñas y dientes a los suyos ante cualquier denuncia, esta vez dejó solo a Zuluaga, quien pasó a segundo plano a nivel nacional con la revelación de que el gerente de la campaña de Santos pudo haber recibido dinero producto de las coimas de Odebrecht.
"Existe el testimonio del señor Bula en el que dice que tomó un millón de dólares, de los cuales descontó un 10 %, que tenían como destino al doctor Roberto Prieto", dijo esta semana el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en una rueda de prensa.
Hasta ahora no existe prueba alguna de esa supuesta operación, que es vista por el Gobierno como un intento de la oposición uribista de "defenderse atacando con mentiras", en palabras del secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso.
Coincidencia o no, hasta el martes, día en que la Fiscalía hizo el anuncio que compromete a Prieto, las pistas de la corrupción de Odebrecht apuntaban más hacia el otro lado pues el también detenido Gabriel García Morales, quien fue viceministro de Transporte durante parte del Gobierno del presidente Álvaro Uribe, admitió haber recibido 6,5 millones de dólares.
Al mismo tiempo, el país asistía perplejo a la reacción del uribismo tomando distancia de Óscar Iván Zuluaga, candidato de su partido, el Centro Democrático, en las pasadas elecciones presidenciales, luego de que el publicista brasileño Duda Mendonça, dijera al semanario Veja que Odebrecht le pagó parte de sus honorarios como asesor del político hace tres años.
El uribismo, que suele defender con uñas y dientes a los suyos ante cualquier denuncia, esta vez dejó solo a Zuluaga, quien pasó a segundo plano a nivel nacional con la revelación de que el gerente de la campaña de Santos pudo haber recibido dinero producto de las coimas de Odebrecht.
De comprobarse esa versión de Bula, que hasta ahora es ambigua en cuanto a la forma como se produjo la entrega del dinero, habría que ver también si después ese millón de dólares llegó a las arcas de la segunda campaña presidencial de Santos o si se quedó en el camino en manos de terceros.
En todo caso, el rumbo que ha tomado el escándalo de Odebrecht en Colombia supone un golpe para la imagen del presidente y Premio Nobel de la Paz, principalmente en el campo internacional, donde goza de un prestigio muy superior al que tiene entre sus ciudadanos, cuya aprobación en las encuestas no llega al 25 %.
En el hipotético caso de que se comprobara que a la campaña presidencial de Santos entró dinero de Odebrecht, tampoco significaría que el presidente estaba al tanto de lo que ocurría, pero dejaría un manto de duda sobre Colombia, el Gobierno y la figura del jefe de Estado.
Por eso, el propio Santos pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE), que es la instancia a la que le corresponde examinar los manejos financieros de las campañas políticas, una "investigación a fondo" para poder conocer "lo más rápido posible" la verdad.
El CNE también investiga la campaña de Zuluaga con base en las revelaciones hechas en Brasil, pero en este caso, el político uribista tiene mucho menos que perder que el presidente en términos de imagen.
El escándalo ha saltado en la política colombiana justo cuando el país está ad portas de iniciar la campaña para las elecciones legislativas y presidenciales de 2018, en las cuales la lucha contra la corrupción debe ser un tema central del debate ante la magnitud del caso Odebrecht, en el cual todavía hay mucha tela para cortar, pues se especula que puede haber congresistas y alcaldes implicados.
En un país en el que durante décadas los debates electorales tuvieron como eje el conflicto armado con las FARC, pareciera que la firma de la paz con esa guerrilla permitirá que las autoridades y el electorado den más atención a otros males crónicos, como el de la corrupción. EFE