Brasilia, 21 sep (EFE/Eduardo Davis).- El Congreso de Brasil, que ya negó una primera denuncia por corrupción contra el presidente, Michel Temer, deberá analizar nuevos cargos que implican al mandatario, según una decisión del Supremo que agita una prolongada crisis política.
Con una contundente diferencia de diez votos a favor y apenas uno en contra, la Corte Suprema sentenció este jueves que el pleno de la Cámara de Diputados deberá pronunciarse sobre la eventual apertura de un juicio de carácter penal contra Temer, acusado por la Fiscalía de obstrucción a la justicia y asociación ilícita.
Los jueces se apoyaron en la Constitución brasileña, según la cual un presidente en ejercicio del poder sólo puede ser procesado penalmente si lo autoriza la Cámara baja, que a inicios de agosto pasado ya bloqueó una primera acusación por corrupción contra Temer.
Esa norma fue esgrimida por el instructor del caso en la corte, Edison Fachin, quien sostuvo que "la decisión política de la Cámara de Diputados, como depositaria del voto popular, debe anteceder al análisis jurídico sobre la posibilidad de admisión de una denuncia".
Según Maia, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMBD), que lidera el propio Temer, intenta "atraer" parlamentarios del DEM hacia sus filas de cara a las elecciones presidenciales y legislativas previstas para octubre del año próximo.
La decisión del Supremo niega al mismo tiempo una demanda de la defensa de Temer, que exigía revisar la validez de las supuestas pruebas que incriminan al gobernante antes de remitir el caso a los diputados.
Los abogados se apoyaban en que los testimonios en que se basan las acusaciones, prestados por ejecutivos del grupo JBS en el marco de un acuerdo de cooperación, fueron anulados por la Fiscalía tras comprobar que los declarantes mintieron u omitieron información.
El exfiscal general Rodrigo Janot, autor de la denuncia y quien concluyó su mandato el pasado lunes, sostuvo sin embargo que las dudas surgidas en torno a esas declaraciones no anulan todos los elementos de prueba y que algunos de ellos aportan "serios indicios" de que Temer incurrió en prácticas corruptas.
En las audiencias que concluyeron hoy, el Supremo no se sumergió en el análisis de las pruebas, pues para ello requiere de la misma autorización de la Cámara baja que le permitiría dar inicio al trámite de aceptación de una denuncia que pudiera aceptar o incluso negar si no encuentra elementos claros para instaurar un proceso.
Eso lleva el asunto a un terreno puramente político en el que Temer parte con la ventaja de que conserva la mayoría parlamentaria que ya en agosto pasado rechazó una primera denuncia por corrupción pasiva presentada por la Fiscalía sobre los mismos testimonios del grupo JBS que ahora están en duda.
Aún cuando la base oficialista se presenta unida frente a las nuevas denuncias, en los últimos días surgieron algunas discordias que el Gobierno se propone atajar a fin de impedir grietas a la hora de que se vote la posible autorización para un proceso penal.
Una de las mayores preocupaciones de Temer radica ahora en el partido Demócratas (DEM), al que pertenece el presidente de la Cámara baja, Rodrigo Maia, quien esta semana se quejó de que esa formación no es "tratada con el debido respeto por el Gobierno".
Según Maia, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMBD), que lidera el propio Temer, intenta "atraer" parlamentarios del DEM hacia sus filas de cara a las elecciones presidenciales y legislativas previstas para octubre del año próximo.
"El PMDB intenta empequeñecer al DEM y eso es visto por muchos como una puñalada por la espalda de un partido que es aliado", dijo Maia, quien consideró esos movimientos como "muy graves".
No obstante, Maia aclaró que el malestar que existe en el DEM no llevará a los 29 diputados de esa formación a autorizar la apertura de un juicio contra Temer.
"No vamos a mezclar una cosa con la otra", aseguró Maia, quien garantizó que su partido votará junto a la poderosa base oficialista para impedir el trámite de la denuncia, tal como ocurrió con la primera, negada por 263 diputados frente a los 227 que pidieron llevar al presidente a los tribunales. EFE