Santiago de Chile, Chile.- El Tribunal Constitucional (TC) de Chile declaró este jueves ilegítimo el polémico proyecto de ley que prohíbe el negacionismo de los abusos y crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y deja en interrogante la discusión de la norma, que estaba a la espera de aprobarse en el Senado.
La decisión del máximo tribunal, adoptada por 9 votos a 1, responde a un recurso interpuesto hace dos semanas por un grupo de más de 50 parlamentarios de la coalición gubernamental de derecha y centro-derecha.
"Estamos muy contentos porque el tribunal nos dio la razón, el proyecto atenta contra la libertad de expresión, conciencia y periodismo, y no cumple estándares internacionales", aseveró la diputada oficialista Camila Flores, una de las impulsoras del requerimiento.
La norma buscaba penalizar con hasta tres años de cárcel a quienes "justifiquen", "aprueben" o "nieguen" las violaciones a los derechos humanos del régimen cívico-militar.
La Cámara de los Diputados dio luz verde al proyecto en septiembre, y se iba a discutir en el Senado. Sin embargo, tras la resolución del TC hay dudas sobre el futuro de la tramitación parlamentaria de la ley.
Según declaró el tribunal, el proyecto debió ser ratificado por mayoría absoluta en la cámara baja y no por mayoría simple, al ser una regulación que versa sobre la libertad de expresión y cuya aprobación afectaría la materia que se recoge en la propia Constitución.
El pasado septiembre, diversas organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Human Rights Watch (HRW) pidieron que se rechazara la ley por considerar que atenta contra la libertad de expresión.
"La norma contraviene estándares internacionales de derechos humanos actualmente en vigencia", sostuvo HRW en un comunicado que generó polémica en Chile.
En tanto, para gran parte de la izquierda chilena la aprobación de esta norma sería una manera de seguir la estela de países como Alemania o Austria, donde la negación del genocidio nazi y la apología a sus crímenes está regulada con sanciones que van desde las multas hasta las penas privativas de libertad.
El proyecto fue presentado en 2017, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet (2014-2018), en el marco de la conmemoración de los 44 años del golpe de Estado que en 1973 protagonizó Pinochet contra el presidente socialista Salvador Allende.
Para Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), la resolución del máximo tribunal es "lamentable y dramática".
"No puede ser que no se sancionen a quienes niegan las violaciones a los derechos humanos de la dictadura, sobre todo cuando todavía hay tantas causas abiertas todavía a día de hoy", explicó a Efe.
Durante los 17 años de dictadura en Chile, murieron 32.000 ciudadanos a manos de agentes del Estado, de los cuáles 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 40.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas, según cifras oficiales. EFE