Brasilia, Brasil, 18 may (EFE).- El canciller brasileño, Aloysio Nunes, canceló hoy un encuentro con corresponsales extranjeros en medio de la crisis que afecta al presidente Michel Temer, sospechoso de intentar obstruir la acción de la justicia en casos de corrupción.
La cancillería no precisó los motivos de la suspensión de la rueda de prensa, en la que Nunes abordaría diversos aspectos de la situación regional y la política exterior del país.
El ministro es un influyente dirigente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PMDB), que integra la coalición de Gobierno y cuyo presidente, Aécio Neves, fue objeto hoy de una vasta operación policial.
Además de registrar inmuebles y oficinas de Neves, el Tribunal Supremo determinó suspenderle su escaño de senador y analizar un pedido de captura presentado por la Fiscalía General, que lo acusa de haber participado en hechos de corrupción.
El escándalo se generó por informaciones divulgadas por el diario O Globo, según las cuales Temer fue grabado por un empresario que colabora en investigaciones sobre corrupción cuando avalaba sobornar a un exdiputado preso a cambio de su silencio.
El implicado en el supuesto soborno sería Eduardo Cunha, expresidente de la Cámara Baja, condenado a prisión por corrupción y promotor del juicio político que condujo el año pasado a la destitución de Dilma Rousseff y llevó a Temer al poder. EFE
Abogado de Lula dice que la presunción de inocencia "ya no existe" en Brasil
Ginebra, 12 may (EFE).- El abogado británico Geoffrey Robertson, que representa al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, dijo hoy que la presunción de inocencia "ya no existe" en Brasil en relación a lo que considera una extralimitación en sus funciones por parte del juez que investiga a su cliente por presunta corrupción.
"En Brasil no existe la presunción de inocencia, existe la presunción de culpa", afirmó Robertson en una rueda de prensa en Ginebra.
El equipo de abogados de Lula presentó el 29 de julio de 2016 una queja ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en la que se alegaba "persecución judicial" a Lula y "abuso de poder" ejercido por el juez Sergio Moro.
Moro es responsable de la investigación de la presunta corrupción en la petrolera estatal Petrobras, llamada "Operación Lava Jato", y con ese proceso ha llevado a prisión a influyentes políticos y poderosos empresarios.
"Lo que está ocurriendo en los últimos meses en Brasil es que se mete en prisión a las personas para que confiesen. El juez (Sergio) Moro está haciendo eso, quiere que las personas confiesen, y las mete en la cárcel, y las personas que están presas saben que la única manera de salir de la cárcel es confesar", agregó.
El letrado dejó claro que hay que "luchar contra la corrupción" pero que debe hacerse "cumpliendo la ley".
"Lo que ocurre con Moro no pasaría en un país civilizado", acusó el abogado, quien arremetió contra el sistema judicial brasileño, que permite que el juez instructor sea también el que dicta sentencia.
"Moro es un juez que durante 18 meses ha estado investigando y diciendo públicamente que Lula es culpable. Es increíble la falta de imparcialidad, esto en Inglaterra (sic), en Europa, en Australia no ocurriría", insistió.
Robertson también criticó que las declaraciones ante el juez se hicieran públicas "lo que demuestra más una vez la falta de presunción de inocencia".
En referencia a un apartamento en la localidad de Guarujà que según la investigación le pertenecen y que habría obtenido de forma irregular, Robertson dijo que "ni Lula, ni nadie de su familia nunca durmió en el modesto piso" -un tríplex- .
Por su parte, la abogada Valeska Martins, dijo categóricamente que "Lula no tiene un centavo en sus cuentas provenientes de Petrobras, y el juez Moro no tiene ninguna evidencia de que él esté implicado en la trama".
La queja inicial fue registrada el 26 de octubre, y desde entonces el Comité ha pedido respuestas al gobierno brasileño y éste ha respondido.
Precisamente, los letrados de Lula anunciaron que el próximo lunes 22 de mayo presentarán "nuevas evidencias", entre ellas el libro que el fiscal que lidera la operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, ha escrito sobre el caso.
El Comité aún está estudiando si admite a trámite o no el caso, y no está estudiando "el fondo de la causa", pero dado el alto número de procesos pendientes, el proceso puede durar hasta dos años.
El equipo defensor pretende demostrar que el derecho a la privacidad de Lula fue violado al ser reveladas públicamente conversaciones privadas (artículo 17 de la Convención); que fue detenido arbitrariamente (artículo 9); y que no se ha respetado su presunción de inocencia (artículo 14).
Para los letrados del expresidente brasileño el objetivo final de la trama político-judicial en su contra es evitar que se presente a las elecciones presidenciales de 2018.
Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2011, afronta graves acusaciones de corrupción por las que es objeto de diversos procesos, y ha sido procesado por obstrucción a la Justicia por el supuesto intento de soborno de un implicado en las corruptelas en Petrobras a cambio de su silencio. EFE