La Policía Federal acusados el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en la investigación sobre el inmueble del condominio Solaris en Guarujá, litoral de São Paulo. Lula se encamina a tres investigaciones básicas en la operación Lava Jato en Curitiba, el escándalo del cartel de la oficina y la corrupción en Petrobras, enmarcado por delitos de corrupción y lavado de dinero.
Es la primera acusación formal en contra de Lula, en los pasos de la Lava Jato en Curitiba. La conclusión de la investigación de la PF, con la acusación de los investigados, antecede a la denuncia penal que se presentará por los fiscales federales al juez federal Sergio Moro, que lleva el caso en primera instancia. Los fiscales pidieron 90 días para ofrecer la denuncia del caso, según la información del diario Estadão.
La reforma emprendida en el “tríplex”, construido por Bancoop (la cooperativa de vivienda del sindicato de los bancarios), que tenía como presidente al extesorero del PT João Vaccari Neto −preso desde abril de 2015− fue el punto central de la investigación. La propiedad fue adquirida por la empresa OAS y recibió mejoras del contratista, acusado de corrupción en el caso Petrobras. El expresidente Lula sería el verdadero titular de la tríplex, lo cual la defensa del petista niega rotundamente.
El 4 de marzo de este año, Lula fue el blanco de ser detenido bajo coerción, cuando se desencadenó la etapa 24 de la Lava Jato, denominada Operación Aletheia. En su testimonio, dijo que no conocía al ingeniero Paulo Gordilho de la OAS, quien habría participado en las reformas de la cocina de la vivienda y de otras propiedades que los investigadores atribuyen a Lula, en el sitio de Atibaia (SP).
Otra indagación, en la etapa final, investiga la compra y reformas en el sitio de Santa Bárbara en Atibaia, São Paulo. De acuerdo con la Lava Jato, la propiedad es de Lula y habría recibido obras de las empresas OEA y Odebrecht.
La tercera pesquisa de la PF depura pagos y donaciones a LILS Conferencias y Eventos y al Instituto Lula. La policía sospecha que LILS y el Instituto recibieron dinero de las empresas contratistas durante los dos mandatos de Lula como presidente (2003/2010).
La investigación reunió elementos que apuntan a la participación de Lula en el esquemas de cartel y corrupción que estuvo en vigor desde 2004 hasta 2014, en Petrobras −y que se habría reflejado en otras áreas del gobierno, tales como los contratos en el sector de la energía, concesiones de aeropuertos y carreteras.
Sobre la base de un patrón sistemático de corrupción como “reglas del juego”, las empresas contratistas, en connivencia con agentes públicos y políticos de la base, del PT, PMDB y PP, en particular, desviaban de 1 % a 3 % de los contratos estatales −un agujero de no menos de R$6,2 mil millones, sólo en Petrobras.
Los investigadores dicen que Lula habría recibido “bendiciones” de los contratistas de cartel, como Odebrecht, OAS y otras empresas. Los ejecutivos de los dos grupos empresariales mencionados negocian desde el principio de este año acuerdos de delación con beneficios con el Ministerio Público Federal.