Río de Janeiro, 5 jun (EFE).- Brasil estrenó hoy una semana que será clave para determinar el futuro del presidente Michel Temer, quien, acorralado por un gigantesco escándalo de corrupción, mantiene su agenda ocupada en un intento por mostrar normalidad en vísperas del inicio de un proceso que puede costarle el cargo.
El presidente encabezó una reunión con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente y aprovechó para dar rango de ley a los compromisos contraídos por Brasil con el Acuerdo de París.
Horas después, convocó una reunión de urgencia para anunciar que el plan de seguridad nacional de su Gobierno comenzará a aplicarse en Río de Janeiro.
Transcurrida buena parte de la jornada, ni el presidente ni ningún miembro de su Gobierno se había referido hoy al tema que mantiene en vilo a Brasil: el juicio que comenzará mañana en el Superior Electoral (TSE) sobre la supuesta financiación ilegal de la campaña que llevó al triunfo a Dilma Rousseff como presidenta, y al propio Temer como vicepresidente, en las elecciones de 2014.
Los siete magistrados que componen el Tribunal deben pronunciarse sobre las denuncias que sostienen que la campaña fue financiada con recursos no declarados de empresas como la constructora Odebrecht, una de las protagonistas de la trama de desvíos orquestada alrededor de la petrolera estatal Petrobras, el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil.
En caso de que los magistrados concluyan que la campaña fue financiada con recursos ilegales, el tribunal puede declarar inválida la victoria electoral y despojar de su mandato a Temer.
De confirmarse esta posibilidad, Brasil perdería su segundo presidente en menos de un año, ya que Rousseff fue destituida en agosto pasado en un juicio político en el Congreso que la condenó por irregularidades en las cuentas públicas y que permitió asumir la Presidencia a Temer.
Pese a que el presidente tiene derecho a numerosas apelaciones ante una posible condena el TSE y puede extender su mandato por varios meses, una decisión en su contra podría reducir su apoyo parlamentario y obligarle a renunciar.
El juicio coincide, además, con la grave crisis política abierta hace dos semanas con la decisión de la Corte Suprema de investigar a Temer por los presuntos delitos de corrupción, obstrucción a la justicia y asociación para delinquir.
La investigación penal fue solicitada por la Fiscalía tras la divulgación de una grabación aportada por un empresario acusado de corrupción que colaboró con la Justicia a cambio de una reducción de su condena.
En la grabación, el mandatario escucha sin inmutarse el relato de diferentes ilegalidades.
La reacción no se hizo esperar y la oposición y algunos aliados del poderoso Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), que lidera Temer, se lanzaron a pedir su renuncia o la apertura de un proceso de "impeachement" (juicio político con fines de destitución).
En la calle, el descontento social se tradujo en concentraciones en las grandes ciudades -la última, convocada el domingo en Sao Paulo, concentró a decenas de miles de personas- en reclamo de la salida de Temer y de elecciones "directas" (generales), una opción que requeriría una reforma constitucional y que, por el momento, los partidos brasileños no parecen dispuestos a aceptar.
En el juicio que comenzará este martes, que fue suspendido el pasado 4 de abril para escuchar a nuevos testigos, Rousseff y Temer tienen sus propias defensas y estrategias diferenciadas.
La expresidenta niega cualquier irregularidad y pide la anulación del juicio, mientras que Temer exige además que se juzguen las cuentas de campaña por separado con el argumento de que la suya fue limpia.
Según analistas jurídicos, los magistrados del TSE no parecen proclives a aceptar ninguna de las dos posturas y, debido a la complejidad del proceso, pueden decidir que las cuatro sesiones convocadas esta semana -entre el martes y jueves- no son suficientes y pedir más tiempo para analizar el informe del instructor, que pide la condena para ambos en sus más de mil páginas.
En este contexto, el Tribunal adelantó hoy que reforzará la seguridad en sus instalaciones ante el mayor juicio que ha asumido hasta ahora por su impacto político. EFE