SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El profesor, abogado y experto chileno en derechos humanos, Fernando Astudillo, se refirió a las protestas que desde hace varias semanas se registran en Colombia, y consideró que el pueblo está movido por el hastío frente a la desigualdad y el crimen.

De acuerdo a Astudillo Becerra, la respuesta del gobierno del presidente Iván Duque fue la esperada para “un sistema que se ha caracterizado por la represión”, dejando decenas de manifestantes muertos, cientos de heridos y decenas de desaparecidos.

“Algo que no es nuevo, pues durante el actual gobierno son 1.184 los crímenes cometidos en contra de dirigentes sociales defensores de derechos humanos, líderes de comunidades afrodescendientes y de comunidades indígenas y ex combatientes de las FARC, según informe de abril de 2021 de la Jurisdicción especial para la Paz”, dijo el especialista en un artículo publicado en el portal cooperativa.cl.

Explicó que las revueltas sociales de Ecuador, Chile, Haití, y ahora Colombia, dejan como una de sus consecuencias las sistemáticas violaciones de derechos humanos “que los Estados y los gobiernos cometen en contra de los pueblos movilizados que ejercen un derecho básico, a expresarse y a protestar”.

Cree que, de las tareas necesarias para un efectivo respeto de los derechos humanos es, junto con potenciar los organismos internacionales defensores de estos, revisar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y pensar en enriquecerla, ya que su énfasis es el individualismo y casi la exclusiva expresión de los derechos individuales.

“Así, invisibiliza una sostenida práctica humanista que busca ampliar y profundizar los derechos desde la perspectiva de los pueblos, sus comunidades y la naturaleza. Para esto parece esencial recoger la invitación del papa Francisco, quien en su encíclica Fratelli Tutti propone que se implemente un nuevo programa mundial, que entre otras cosas supondrá que los derechos humanos tengan un efectivo carácter vinculante en todos los ordenamientos jurídicos y para todas las autoridades estatales; donde la justicia social, expresada en muchos tratados, debe ser práctica, verdadera y eficiente, que nos ponga a salvo de todas las formas de desigualdad, desamparo y marginación reinantes”, afirmó.

El artículo también refiere que se necesita construir una nueva Declaración de los Derechos Humanos, que tenga un importante componente democrático y que esto se exprese en que en su suscripción no solo participen los Estados, sino que también las organizaciones de los trabajadores y trabajadoras, los pueblos originarios, los gremios, en general los movimientos sociales y los consorcios.

“Un sistema humanista nuevo, donde los derechos y las responsabilidades colectivas sean el sello que permita democratizar y hacer eficaz la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Renovarla partiendo de los consensos ya existentes. Ello nos exige terminar con la idea de que tal declaración ha de ser solo un documento diplomático, para que pase a ser una fortaleza práctica, sostenida con pensamiento crítico, que incluya debates y escrutinio de los pueblos contra sus opresores”.

Dice que, hasta hoy, como se ha concebido la declaración, parece representar principalmente los derechos de miembros de una sociedad capitalista, conformados por individuos egoístas, separados de sí y de la comunidad; hay que caminar hacia una concepción de derechos que sólo pueden ejercerse en comunidad y su contenido se traduce en la modificación de las relaciones personales y sociales en la comunidad política.

Considera que ninguno de los derechos humanos se materializa en individuos atomizados, mirándose a sí mismos.

“Hay que repensar una Declaración de los Derechos Humanos que sea herramienta de crítica cotidiana, cercana y en acción, cuyos principios se orienten en el sentido fundamental del respeto inalienable por la naturaleza, la comunidades y el trabajo, considerando este en su triple concepción: Como fuente de riqueza y de desarrollo para la comunidad, como medio de realización personal y como un fruto compartido y equitativo de la riqueza que genera a todos los miembros de la sociedad”, indica.