El empresario colombo-venezolano Alex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, se enfrenta a partir de este lunes a la Justicia de EEUU por un caso de lavado de dinero que tiene de trasfondo la información que él pueda y quiera aportar sobre los presuntos vínculos del Gobierno del presidente de Venezuela con ese esquema de corrupción.

En una primera audiencia en Miami, en la que la Fiscalía de EEUU opinó que se trata de un reo que presenta "peligro de fuga" tras haber batallado tenazmente su extradición desde Cabo Verde (África) por más de una año, el juez John O’Sullivan programó la siguiente vista para el próximo 1 de noviembre.

Saab, quien finalmente fue extraditado el sábado pasado a EEUU, fue conectado desde su celda a la audiencia virtual, como también lo hizo desde su despacho el abogado Henry Bell, que lo representó.

El extraditado, nacido hace 49 años en Barranquilla (Colombia), estaba solo, sin esposas, con vestimenta de reo color naranja y su característica melena suelta.

Durante la breve audiencia por Zoom, que tuvo más de 350 participantes, muchos de ellos periodistas, el fiscal estadounidense Kurt Lunkenheimer anticipó al juez que no recomendará la libertad bajo fianza.

Lunkenheimer recordó que Saab acababa de llegar al país este fin de semana después de "batallar la extradición durante más de 400 días en la República de Cabo Verde".

El exilio venezolano, que celebró este lunes la extradición a las puertas de la corte federal en Miami, considera que el empresario colombo-venezolano puede ser clave para llevar a Maduro y a su cúpula a la Justicia.

"Estoy convencido de que va a delatar a Maduro. Qué sentido tiene sacrificarse por un régimen corrupto si él puede obtener beneficios, él puede tener una condena más baja", expresó a Efe José Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex).

Saab dijo, sin embargo, en una carta leída en Caracas por su esposa, Camila Fabril, que "no tiene nada que colaborar" con el país norteamericano y que no cometió ningún delito.

Los ocho cargos de los que Saab está acusado desde julio de 2019 en EEUU (siete de blanqueo de capitales y uno de conspiración para cometer ese delito) implican violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, en inglés), según recordó este lunes el Departamento de Justicia.

RUPTURA DE DIÁLOGOS

Los opositores venezolanos, entre ellos Leopoldo López, que estuvo hace dos semanas participando en el Oslo Freedom Forum, en Miami, consideran que Saab es clave para llevar a otros funcionarios venezolanos a la cárcel.

López incluso señaló entonces a Efe que Saab desvelará no solo la corrupción en Venezuela, sino en Irán y Rusia.

Para la oposición en Miami, la inmediata reacción del Gobierno venezolano a la extradición de Saab, que el mismo sábado interrumpió los diálogos con la oposición venezolana que se llevaban a cabo en México, es una muestra de la importancia del caso para Maduro.

Saab, señaló Colina, tiene información que "puede permitir ir por otras personas que están involucradas en el caso de corrupción".

El exiliado aseguró que la intención principal de Maduro en los diálogos era evitar que Saab llegara a Estados Unidos y añadió que Maduro se levantó de la mesa "porque eso ya no tiene para él ningún sentido ni beneficio".

Según archivos judiciales del caso en Miami, en una carta enviada en enero pasado a Saab por el ministro venezolano de Industrias y Producción Nacional, Jorge Arreaza, el funcionario le pide, por petición de Maduro, no aceptar la extradición voluntaria.

Señala que en su "calidad de Enviado Especial" de hacerse efectiva la extradición a EEUU, debe mantener la información confidencial so pena de enfrentar la Justicia de Venezuela.

Esa carta, a la que tuvo acceso Efe, fue presentada a la corte de Miami por la defensa de Saab como uno de los argumentos sobre inmunidad diplomática que supuestamente ampara a Saab, que se hizo ciudadano venezolano.

Saab ya ha tenido un revés judicial en Miami con el juez Charles N. Scola, que se negó a anular la orden que lo consideraba "fugitivo" y a desestimar la acusación por lavado de dinero.

La defensa de Saab, que apeló ese fallo y espera la respuesta de un Tribunal de Atlanta, tiene ahora como prioridad la audiencia dentro de dos semanas, en la que previsiblemente pedirá la libertad bajo fianza.

LOS CARGOS Y EL CÓMPLICE

La acusación señala que entre noviembre de 2011 y por lo menos septiembre de 2015, Saab y su socio, Álvaro Pulido, que está prófugo, conspiraron con otros para lavar las ganancias de una red de corrupción sustentada en sobornos dirigidos a obtener contratos para realizar proyectos públicos y fraudes al sistema de control de cambio de divisas.

Como resultado del plan, Saab y Pulido transfirieron desde Venezuela, a través de EEUU, aproximadamente 350 millones de dólares a cuentas que poseían o controlaban en otros países, de acuerdo con la Fiscalía.

En una aparente respuesta a los argumentos de la defensa de Saab que EEUU no tiene jurisdicción en este caso, el Departamento de Justicia subrayó en un comunicado que las reuniones para promover el pago de los cohechos se llevaron a cabo en Miami y que Saab y Pulido transfirieron dinero relacionado con el plan a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida.

BLANQUEO DE CAPITALES

Según el comunicado del Departamento de Justicia, el 25 de julio de 2019, Saab y Álvaro Pulido, su socio también de nacionalidad colombiana, fueron imputados por delitos de "conspiración para cometer lavado de activos y siete cargos de blanqueo de dinero".

La investigación apunta a que, desde noviembre de 2011, Saab y Pulido conspiraron con otras personas para lavar dinero procedente de sobornos y guardarlo en cuentas bancarias en el extranjero tras pasar por Estados Unidos.

"Como resultado del plan, Saab y Pulido transfirieron aproximadamente 350 millones de dólares fuera de Venezuela, a través de Estados Unidos, a cuentas en el extranjero que poseían o controlaban", explica el texto.

Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde a petición de Estados Unidos cuando realizaba una escala de reabastecimiento. Finalmente se ha aprobado el proceso de extradición, culminado el pasado 16 de octubre. Caracas considera esta extradición un "secuestro" y ha suspendido su participación en las negociaciones con la oposición lanzadas en México en protesta por la misma.

(Con informaciones de EFE y Europa Press)