SANTO DOMINGO, República Dominicana. – La incineración de la utilería y material gastable que sobraron de las elecciones municipales que se suspendieron el 16 de febrero, costará 656 mil pesos para la Junta Central Electoral (JCE), según informó el Director Nacional de Elecciones, Mario Núñez.

El proceso, que inició con la revisión de los furgones que cargan los 3.2 millones de boletas (3,262,046 específicamente), se hizo en presencia de los delegados políticos y una representación de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Junto a las boletas, se incinerarán 16,032 actas y 16,032 padrones, a los que se suman los excedentes. Eso da un total de tres millones 294 mil materiales para incineración, con el fin de que no se confundan elementos de las elecciones de febrero con los que se usarán en las elecciones municipales extraordinarias de marzo.

Se trasladaron en cuatro furgones y una cola a la empresa P&D Recycling en Quita Sueño, donde tardarán unos tres días en completar el proceso.

La OEA ha participado como misión de observación permanente en distintas etapas de la logística electoral como la impresión de boletas, impresión del padrón y preparación del kit electoral.

Redistribución de colegios

Director Nacional de Elecciones, Mario Núñez.

Mario Núñez aprovechó la ocasión para explicar que los traslados de 359 colegios electorales a otros recintos es un proceso ordinario que se da en las elecciones. La razón detrás de los traslados que se han comentado entre los partidos políticos es que los propietarios de esos locales decidieron no facilitarlos para el proceso electoral de marzo.

En ese orden, dijo el director de elecciones, las Juntas Electorales de esos municipios deben facilitar otros locales próximos a los que declinaron la disposición del terreno para poder habilitar esos colegios, ya que cada Junta tiene autonomía de acción en su demarcación en materia de traslado de recintos.

Para esos fines, los órganos correspondientes están en conversación con los propietarios para tantear la posibilidad de que por lo menos se pueda disponer de esos recintos para las elecciones de marzo, y ser cambiados para las elecciones presidenciales de mayo.

Núñez ratificó que los traslados administrativos son aprobados por las Juntas Electorales de cada municipio y consensuados con los partidos. Para tales fines se elabora un acta con la justificación que levanta la Junta, que a la vez firman los delegados políticos acreditados en esas Juntas Electorales.

“Tanto las Juntas Electorales como los partidos políticos tienen conocimiento de esos traslados porque se producen localmente en cada municipio”.

Una de las medidas que toman para los casos de traslado es la colocación de vallas informativas en cada colegio. En primer orden, se colocan vallas de origen en los recintos que quedarán en desuso, y luego vallas destino en los nuevos recintos de votación.