A través de los siete artículos previos hemos analizado, a la luz de las promesas del presidente Donald Trump sobre el tema migratorio, las cifras de extranjeros en situación migratoria irregular en Estados Unidos (Cuadro 1 y Gráfico 1); las deportaciones de extranjeros de EE.UU. a todos los países del mundo, de 1892 a 2015 (Gráfico 2); las deportaciones de criminales desde EE.UU. a México, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana (Gráficos 3 y 4); la posible relación entre deportados criminales y homicidios (Gráfico 5); la situación de los extranjeros en las cárceles federales, estatales y locales (Gráfico 6); las solicitudes y aprobaciones de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia/DACA (Cuadro 3); el estado de situación de los protegidos por el Estatus de Protección Temporal/TPS (Cuadro 4); las residencias permanentes obtenidas por mexicanos, cubanos, dominicanos, haitianos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y nicaragüenses, entre 1970 y 2015 (Gráficos 7, 8, 9 y 10); las remesas históricas recibidas por estos países y su relación con el PIB (Gráficos 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17); y los dominicanos, haitianos y cubanos interceptados por la Guardia Costera de EE.UU. entre 1980 y 2015 (Gráficos 18 y 19).

Hemos argumentado que le será relativamente menos difícil a Trump cumplir con las promesas migratorias que con el resto de los temas en la agenda multilateral. Aun con traspiés, ya ha comenzado a implementar varios aspectos de ésta. Además, como señalamos, tiene apoyo en el pueblo estadounidense para una buena parte de los aspectos centrales de estos temas.

Obama deportó alrededor de 3 millones de personas en 8 años. Trump ha ordenado la contratación de 5,000 agentes nuevos para la patrulla fronteriza y 10,000 agentes de migración adicionales, ha establecido la reducción de la asistencia federal a ciudades santuarios y su equipo hasta ha contemplado utilizar la Guardia Nacional para ayudar en las deportaciones, algo que difícilmente prosperará.

En los últimos días se han filtrado dos memorandos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mediante los cuales el general Kelly, Secretario de DHS, propone nuevas directrices para empoderar a las autoridades federales a detener y deportar inmigrantes ilegales de una manera más agresiva en EE.UU. y en la frontera[88].

Todo indica que la administración Trump tiene la voluntad política para: disminuir la entrada de inmigrantes indocumentados por todas las fronteras de EE.UU. y devolver a los detenidos a sus países de origen; restringir las definiciones para el otorgamiento de asilo y refugio; deportar a los criminales e indocumentados; y reducir la migración legal a través de una restructuración de las leyes migratorias.

Inevitablemente, estas medidas impactarán significativamente sobre nuestras comunidades en EE.UU., las cuales no podrán continuar ingresando a sus familiares en las mismas cantidades que antes. Como señalamos en un trabajo previo, las remesas se verán mermadas por la disminución del volumen de entrada de nuevos inmigrantes

Las dificultades para migrar hacia EE.UU. llevarán a la creación de nuevas rutas y patrones migratorios, que probablemente generarán presiones adicionales sobre República Dominicana, México, Costa Rica y otros países de la región. Más haitianos fluirán hacia RD, más salvadoreños, guatemaltecos y hondureños hacia México, y más nicaragüenses hacia Costa Rica. Es probable también que se abran nuevas rutas, más distantes y riesgosas, hasta ahora menos exploradas.

Las demandas sobre los gobiernos de la región aumentarán ya que habrá una mayor población buscando empleo y exigiendo los servicios básicos de educación, salud, transporte, etc., a la vez que habrá que buscar fuentes alternas para sustituir la disminución de divisas por la caída de las remesas.

Ante una avalancha sistemática de deportados, sin la planificación y asistencia debida para su inserción en la sociedad, los niveles de violencia tenderán a escalar. Si las tasas de homicidio en los países de la región han sido -y son- las más altas del mundo, la inestabilidad e ingobernabilidad crecerá.

Uno de los aspectos más preocupantes -prácticamente imposible de medir- son las repercusiones que impactarán sobre las capas más vulnerables de la población por el cierre de la válvula de escape de Estados Unidos. El nivel de desesperanza y desamparo aumentará si los gobiernos no satisfacen sus necesidades básicas[89].

El Barómetro de las Américas correspondiente a 2014 contiene el dato de que un promedio de 21,5% de la población de 22 países de Latinoamérica y el Caribe quiere emigrar. Mirando individualmente a los países, resalta Haití con el porciento más alto de todos, con un asombroso 61,1 % que quiere irse; el 31,8% de los hondureños; el 29% de los dominicanos; el 28,4% de los salvadoreños; el 23% de los nicaragüenses; el 17,6% de los guatemaltecos; y el 13,7 de los mexicanos[90].

Los países más afectados, por el alto porcentaje de su población con deseos de emigrar, su estrecha vecindad y dependencia entre ellos, y sus importantes comunidades en EE.UU., son -y serán- Haití y República Dominicana, por un lado, y los 3 del Triángulo Norte: El Salvador, Honduras y Guatemala, por el otro.

Barómetro determinó que existe una clara evidencia que, cuando existe miedo a la violencia o se tiene una experiencia con el crimen, aumenta la intención de migrar. Pero la pobreza extrema y la desigualdad son, además, factores importantes[91].

En el caso de Haití es necesario ponderar el elemento adicional que la fuerza multinacional que lleva 13 años ahí, la Misión de Estabilización en Haití (MINUSTAH por sus siglas en francés), probablemente será retirada por el Consejo de Seguridad de la ONU en octubre de este año, creando un importante vacío de poder militar y factor de estabilidad en nuestro vecino.

Los gobiernos de la región necesitan unir esfuerzos con urgencia pues el tiempo apremia y lamentablemente no hay muchas opciones. México debería tomar el liderazgo regional, pero me temo que estará demasiado ocupado con sus propios problemas, tratando de enfrentar la embestida de Trump. Además, tiene elecciones presidenciales en 2018 y es probable que la campaña electoral pronto tome su propia lógica y la dinámica política interna dicte otro rumbo.

Ante esta dramática situación, ¿Qué debería hacer el gobierno dominicano?

La realidad es que, como anoté en la introducción de esta serie, las opciones a nivel internacional son escasas. Hasta el momento, las autoridades no han dado señal pública alguna de preocupación, ni que estén tomando medidas concretas ante la situación.

El pasado noviembre se reunieron en Guatemala los cancilleres de El Salvador, Guatemala, Honduras y México para coordinar acciones de protección a sus nacionales en Estados Unidos[92]. Que se sepa nuestro país no se ha integrado a dicho grupo. Urge hacerlo.

El gobierno debería crear una oficina de alto nivel en Palacio Nacional, que coordine todas las instancias gubernamentales, para tratar exclusivamente con las situaciones inéditas y difíciles que la administración Trump generará, ya que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha demostrado en reiteradas ocasiones no estar preparado para tratar con la urgencia, el conocimiento de las circunstancias, la firmeza y el tacto, coyunturas críticas como la actual[93].

En julio del año pasado se adoptó una nueva ley orgánica para el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta es una oportunidad dorada para renovar las embajadas y, en particular, los consulados en EE.UU., designando funcionarios competentes y debidamente adiestrados para proteger los intereses nacionales y de la comunidad dominicana en el exterior[94]. Lamentablemente, es probable que los intereses políticos partidarios prevalezcan sobre el interés nacional y de nuestra comunidad en EE.UU.

Debería también llevarse a cabo una campaña bien diseñada para visibilizar los costos humanos que conllevan la separación violenta de familias, durante este difícil período de transición. Hay que hacer un llamado urgente a los residentes permanentes, que cumplen con los requisitos, a adquirir la nacionalidad estadounidense a la mayor brevedad posible para aumentar sus derechos y protegerse de una deportación.

En colaboración con México y los países centroamericanos, debería explorarse la posibilidad de multilateralizar el tema de las deportaciones de criminales en una organización como la OEA, no para cuestionar el derecho de EE.UU. de expulsar de su territorio a personas que violan sus leyes, sino para estudiar formas de mitigar los problemas causados por las deportaciones masivas en países como los nuestros, con instituciones y economías vulnerables. En este sentido, se encontraría amplio apoyo de parte de la mayoría de los países del Caribe angloparlante (CARICOM), que también están siendo seriamente afectados por las deportaciones de criminales desde EE.UU.

Al final del día, me temo que las medidas más eficaces que el gobierno dominicano pueda tomar serán de naturaleza doméstica. Prepararse para recibir un mayor número de deportados, adoptando las políticas adecuadas para recibir, reinsertar y darle seguimiento a nuestros repatriados, entre los cuales podrían comenzar a llegar familias con niños. Tomar las medidas, desde ya, para sustituir la paulatina reducción de las remesas -que tarde o temprano- inevitablemente llegará. Iniciar una reingeniería del presupuesto nacional para -realmente- establecer las prioridades en la salud, educación, vivienda, empleo, transporte y apoyo a las poblaciones más vulnerables, decretando una política de austeridad nacional para todo lo superfluo[95].

Tendremos también que lidiar con el “problema” de Haití, para lo cual tampoco hay respuestas fáciles.

Si queremos un futuro sostenible, con programas de desarrollo social para toda la población, será necesario establecer un modelo político y económico que genere mayor equilibrio entre las élites y el resto de la población.

Si lo lográramos, aunque sea forzado por los acontecimientos, tal vez al final del día podríamos estar de acuerdo con el viejo refrán de que “no hay mal que por bien no venga”.

Está en nuestras manos, no en las estrellas.

 

Twitter: @robalsdq

[88] David Nakamura, “Memos signed by DHS secretary describe sweeping new guidelines for deporting illegal immigrants”, The Washington Post, February 18, 2017. https://www.washingtonpost.com/politics/memos-signed-by-dhs-secretary-describe-sweeping-new-guidelines-for-deporting-illegal-immigrants/2017/02/18/7538c072-f62c-11e6-8d72-263470bf0401_story.html?utm_term=.97fc7393f5a6. Fecha de acceso: 20 de febrero 2017.

[89] Con palabras apocalípticas, Joaquín Villalobos cierra un ensayo reciente, refiriéndose a Centroamérica, así: “Lo que viene es una implosión que le dará continuidad a la tragicomedia bananera, pero ahora se mezclarán en ésta el primitivismo, el egoísmo extremo y la ignorancia de las élites locales con la impiedad, el racismo y la irresponsabilidad del liderazgo de la gran potencia del norte”. Joaquín Villalobos, “Trump y el infierno centroamericano”, Nexos, enero de 2017, número 469. http://www.nexos.com.mx/?p=30956. Fecha de acceso: 21 de febrero 2017.

[90] Vease: Barómetro de las Americas 2014, Vanderbilt University, pp. 57-60. http://www.vanderbilt.edu/lapop/ab2014/AB2014_Comparative_Report_English_V3_revised_011315_W.pdf. Fecha de acceso: 20 de febrero 2017.

91 Ibidem.

92http://www.prensalibre.com/guatemala/migrantes/cancilleres-centroamerica-acciones-proteccion-migrantes-estados-unidos-donald-trump. Fecha de acceso: 21 de febrero 2017.

93 Resulta incomprensible que, en el momento en que México podría colaborar con nuestras autoridades en la protección de los dominicanos en EE.UU., como lo hará con los centroamericanos, a través de sus 50 consulados en Estados Unidos, el Viceministro de Políticas Exteriores Bilateral de RD, César Medina, haya criticado en su columna de opinión, con imprudencia extrema, al gobierno de México, por una diferencia relacionada a una candidatura ante un organismo internacional.  https://www.listindiario.com/puntos-de-vista/2017/02/17/454489/–ahi-nos-vemos Fecha de acceso: 21 de febrero 2017.

94 http://studylib.es/doc/5225834/ley-no.630-16—consultor%C3%ADa-jur%C3%ADdica-del-poder-ejecutivo. Fecha de acceso: 21 de febrero 2017.

[95] No me cabe duda alguna que, si se les dejara a los pueblos recortar lo superfluo de los presupuestos, todos a una, a mano de tijera, sabrían exactamente por donde cortar.