SANTO DOMINGO, República Dominicana-. En la República Dominicana, la crisis bancaria iniciada en el mes de mayo del 2003, puso en evidencia la importancia de contar con un marco regulatorio y de supervisión robusto, que establezca lineamientos y normas mínimas para que los intermediarios financieros operen en un entorno saludable y permita detectar a tiempo prácticas fraudulentas, que puedan afectar la estabilidad económica y financiera.
Como es conocido, las principales causas de la crisis bancaria del 2003, incluyeron debilidades en la regulación y supervisión del sistema financiero dominicano, que se reflejaron en bajos niveles de capitalización de los bancos; deficiencias en los controles internos y en los procesos de seguimiento y evaluación de riesgos; provisiones insuficientes para cubrir los activos riesgosos, principalmente préstamos de alto riesgo con una valoración contable deficiente.
La calidad de los activos era cuestionable, debido a la insuficiencia de información certera y falta de transparencia en los balances y doble contabilidad a través de la banca offshore. Además, no existían las normativas y reglamentos para una adecuada regulación y supervisión bancaria.
La crisis bancaria del 2003, tuvo consecuencias desfavorables para todos los dominicanos y dominicanas, que derivaron en una crisis económica sin precedentes, cuyas consecuencias han marcado la historia de la República Dominicana.
Los indicadores del sistema se deterioraron significativamente. El índice de solvencia de los bancos disminuyó de un 12% en el 2002 a un 8.8% en diciembre de 2003, nivel inferior al mínimo de 10% establecido en la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre de 2002. Sin embargo, de haberse realizado los ajustes por provisiones y cartera vencida, la solvencia real del sistema hubiese sido 1.4%. Las inspecciones asistidas por parte del Fondo Monetario Internacional revelaron que, a marzo de 2004, existía un faltante de capital de 11,400 millones de pesos.
La cartera de créditos vencida alcanzó un 9.4% en agosto de 2004 y las provisiones constituidas apenas cubrían el 59.5% de los préstamos vencidos, por lo que el faltante de provisiones se estimaba en 16,400 millones de pesos, conforme a los resultados de las inspecciones asistidas.
En el ámbito macroeconómico, el país perdió un 22% de su Producto Interno Bruto (PIB); el tipo de cambio se depreció en un 122%; la inflación acumulada alcanzó un 82.2% perdiendo la población gran parte de su poder adquisitivo para compra de bienes y servicios. Se deterioró el perfil crediticio internacional del país; la relación deuda/PIB se situó en 57%, más del doble del valor registrado antes de la crisis. La tasa de desempleo aumentó a 18.8%; más de un millón de personas cayeron en la pobreza y de éstos, alrededor de ochocientas mil pasaron a ser indigentes.
Fortalecimiento post-crisis, con 19 nuevos reglamentos
Para superar los efectos de la crisis, a partir de agosto 2004, fue necesario diseñar estrategias para fortalecer el marco regulatorio y mejorar los mecanismos de supervisión y control del sistema financiero, con la finalidad de recuperar la confianza y credibilidad de los agentes económicos en el sistema.
Con este objetivo, el país suscribió un acuerdo Stand-by con el Fondo Monetario Internacional que estuvo vigente de 2005 a 2009, en el que se establecieron diversas medidas que debieron ser asumidas de inmediato para resguardar el sistema financiero y prevenir actividades fraudulentas y malas prácticas bancarias.
Fundamentalmente, el acuerdo contemplaba desarrollar un programa que permitiera el adecuado monitoreo del cumplimiento de la regulación vigente, el desarrollo y puesta en ejecución de los reglamentos que dictaba la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre de 2002, sancionar oportunamente las infracciones identificadas en las entidades de intermediación financiera, además de mejorar los mecanismos de supervisión prudencial.
Como parte de las estrategias desarrolladas para el fortalecimiento del marco regulatorio del sistema, durante el período comprendido desde el 2005 hasta el 2013, la Junta Monetaria emitió 19 nuevos reglamentos, derivados de la Ley Monetaria y Financiera y cuatro fueron modificados, conforme a las mejores prácticas bancarias y estándares internacionales.
Estos, constituyeron la base para la modernización del esquema general de supervisión, en procura de generar procesos eficaces y eficientes, superando así el modelo de ¨Supervisión por Cumplimiento¨. En el mismo período, la Superintendencia de Bancos emitió los Instructivos para la aplicación de las disposiciones de los reglamentos.
La adopción del enfoque de Supervisión Basada en Riesgos que inició en el año 2007, representó significativos avances en las prácticas de supervisión adoptadas por la Superintendencia de Bancos, consistentes con la evolución del mercado financiero dominicano.
Con este modelo de supervisión, más integrado y preventivo, se estableció un sistema eficaz para evaluar la solidez y solvencia de las entidades y preservar su sano funcionamiento, mediante el análisis sistemático de la situación financiera, de los riesgos asumidos, procesos de control y gestión, determinación del perfil de riesgos, además de dar seguimiento oportuno al cumplimiento de las normativas.
El sistema financiero respondió satisfactoriamente a las estrategias y los resultados de la evaluación realizada en el 2009, por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en el marco del Programa de Evaluación del Sector Financiero (FSAP, pos sus siglas en inglés), reflejaron un progreso trascendente en el marco regulatorio y prácticas de supervisión del sistema financiero dominicano.
Hoy día cómo está el sistema financiero
Hoy en día el Sistema Financiero Dominicano exhibe un índice de solvencia de 21.19% a febrero de 2021, superior al requerimiento mínimo de 10% establecido en la Ley Monetaria y Financiera y al 8% recomendado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.
El sistema registra un sobrante de capital de RD$141,880.95 millones, que representa la base para sustentar el crecimiento de la cartera de créditos y muestra que las entidades de intermediación financiera tienen recursos para absorber posibles pérdidas, así como los requerimientos de capital por las medidas de flexibilidad aprobada por la Junta Monetaria durante la Pandemia del Covid-19, es decir, que cuentan con un colchón de capital para salvaguardar la estabilidad financiera.
Al cierre del primer trimestre del año 2021, la morosidad de la cartera de crédito del sistema financiero se mantiene relativamente baja, en 1.91%, y con provisiones muy holgadas que cubren aproximadamente el 245%, es decir que, de cada peso vencido, el sistema tiene alrededor de 2.5 pesos para reponerlo.
Las entidades de intermediación financiera que operan actualmente en el sistema financiero de la República Dominicana han evolucionado satisfactoriamente, acogiendo los cambios en la regulación y las mejoras derivadas de los procesos de supervisión.
En particular, se ha percibido el fortalecimiento de la estructura y marco de gobernanza de las entidades de intermediación financiera, a partir de la adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo. Han diseñado políticas y procesos integrales para la gestión de riesgos, estableciendo mecanismos que les permiten identificar, cuantificar, evaluar, vigilar, controlar, y mitigar los riesgos en que incurren en el desarrollo de sus operaciones.
Los Consejos han asumido la responsabilidad de revisar y aprobar la estructura y controles organizacionales de las entidades, como componentes esenciales de la gestión bancaria y el fundamento de las operaciones seguras y prudentes.
La llamada del FMI a la República Dominicana y la respuesta
Recientemente, el FMI completó la misión del Artículo IV de la República Dominicana correspondiente al año 2021. El equipo del Fondo Monetario Internacional consideró que, a corto plazo, las prioridades deberían ser implementar una estrategia de salida de las medidas de flexibilidad regulatoria basadas en una supervisión intensa y en la transparencia, lo cual también contribuirían a la recuperación.
Indicando que se debe fortalecer del marco regulatorio en el sector financiero con la finalidad de “reforzar la resiliencia estructural, el sistema financiero se beneficiaría si se acercara a los estándares internacionales de supervisión y regulación, desarrollando aún más el conjunto de herramientas macro prudenciales y de gestión de crisis, y fortaleciendo la base regulatoria e institucional para la supervisión financiera de las cooperativas”.
Cabe recordar, que el próximo año 2022, la actual Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, del 21 de noviembre del 2002, cumplirá veinte de años de su promulgación y aplicación, y en éstos últimos 20 años el sistema financiero dominicano ha cambiado mucho, han surgidos riesgos que hoy tienen mayor relevancia, que pueden poner el riesgo la estabilidad financiera, para lo cual se requiere, como señala el FMI, avanzar hacia los estándares internacionales.
En cuanto a Basilea I, existen aspectos normativos pendientes para el Cumplimiento de los Principios de Basilea, para lo cual se requiere una modificación de la Ley Monetaria y Financiera, como son los requerimientos de mayores niveles de capital a las entidades bancarias con mayor perfil de riesgos, aspectos de supervisión consolidada de los grupos económicos y financieros, como otros temas relevantes.
En cuanto al Pilar II de Basilea, los riesgos consolidados de los grupos financieros y económicos, los riesgos de mercado de las áreas de tesorería de los bancos, el riesgo operacional dada su importancia, todos requieren ser evaluados conforme al Pilar II de Basilea, para poder cuantificar el requerimiento de capital acorde a los estándares internacionales, y cumplir con la transparencia de información de los señalados riesgos.
En cuanto al Pilar III de Basilea, se requiere desarrollar e implementar una nueva normativa de riesgo de liquidez, ya que la actual no mide en esencial el riesgo de liquidez conforme a los estándares de internacionales, señalamiento, que hacemos con la salvedad, de que el sistema financiero ha mantenido históricamente excelente niveles de riesgos de liquidez, que mitigan la falta de una normativa acorde a los estándares internacionales.
La respuesta al FMI debería ser por parte del Órgano Regulador, diseñar una estrategia con una agenda de nuevas regulaciones bancarias conforme al desarrollo que ha tenido el sistema financiero en los últimos veinte años, actualizaciones de algunas normativas vigentes, derogaciones de algunas que ya son obsoletas, entre otras acciones que corresponden a los temas de supervisión bancaria.
Posteriormente, invitar al Fondo Monetario Internacional a que realice una evaluación del Sector Financiero, es decir un FSAP, (Financial Sector Assessment Program) de la República Dominicana, el cual sería un instrumento para la estabilidad, desarrollo de nuevas normativas y consolidación del sistema bancario dominicano, despejando cualquier duda del fortalecimiento alcanzado por el país en materia de regulación y supervisión bancaria.
La columna “La Banca Dominicana por Dentro”, es desarrollada por Jesús Geraldo Martínez, en el interés de aportar al fortalecimiento del Sistema Financiero Dominicano desde una perspectiva analítica y práctica orientada a la formación de conocimientos y divulgación de informaciones exclusivas de dicho sector. Para contactar con el autor puede escribir a jgmartinez20@icloud.com.