SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En la República Dominicana el comercio ilícito de alcohol supera el 30 %, lo que indica que una de cada tres bebidas alcohólicas vendidas es ilícita, siendo el nivel de consumo ilegal más alto de la región.

Así lo expresó Daniel Witt, presidente del Centro Internacional de Impuestos e inversiones, quien destacó que los niveles de impuestos a las bebidas alcohólicas rondan un 40 y 50 % de su precio, por lo que recomendó a las autoridades gubernamentales congelar el nivel de impuestos directos durante los próximos años y concentrarse en reducir el comercio ilícito, endureciendo las penas que castigan este delito.

El especialista en tributación y comercio internacional, habló sobre esta práctica ilegal y su incidencia en la economía mundial, junto Simon Vincent del Servicio de Investigación de Fraudes, HM Revenue & Customs, en el Foro sobre Comercio Ilícito de Alcohol organizado por la Asociación de Industrias (AIRD), en coordinación con la Cámara Británica de Comercio en la República Dominicana, y con la participación de los principales miembros del Consejo Interinstitucional Público-Privado de Prevención del Comercio Ilícito.

Ambos expertos aseguraron que el consumo de alcohol ilícito ocasiona severos daños a la salud, reduce las recaudaciones del Estado, y perjudica la capacidad de crear empleos y pagar impuestos de la actividad productiva formal.

Los expositores internacionales coincidieron durante sus intervenciones que los altos niveles de impuestos que impactan las bebidas alcohólicas reguladas resultan contraproducentes, favoreciendo la demanda del alcohol ilícito, más barato, y creando amplios márgenes de ganancia para los que producen y comercializan alcohol ilegal.

El comercio ilícito se trata da un negocio delictivo que evade la ley al poner a la venta productos que son dañinos para la salud humana y que no están regulados ni pagan impuestos. Esto provoca que los ingresos fiscales disminuyan, lo que perjudica la capacidad del gobierno dominicano para implementar programas sociales y políticas públicas necesarias.

Durante el evento, Celso Juan Marranzini, presidente de la AIRD, señaló que el comercio ilícito tiene un enorme impacto en el empleo formal y, por lo tanto, en el bienestar de miles de familias dominicanas que ven peligrar sus medios de subsistencia cuando las empresas en que laboran pierden competitividad, condenadas a competir contra evasores.

La actividad contó además con la participación como panelistas de Daniel Rivera, ministro de Salud; Francisco Torres, subdirector de cumplimiento de la DGII; Circe Almánzar, vicepresidenta de la AIRD, Manuel Cabral de Rivlas y Aguie Lendor de Adropon quienes abordaron sobre las consecuencias del comercio ilícito de alcohol en la economía y salud dominicana.