SANTO DOMINGO.- Los cambios en las direcciones de instituciones del Estado cuando inicia un nuevo gobierno son normales, a menos que el presidente entrante considere ratificar o que una ley establezca un tiempo específico que permita la continuidad del funcionario hasta cumplirse el ciclo establecido.
Solo un caso de renuncia se ha conocido ante la entrada de nuevas autoridades del gobierno de Luis Abinader, a pesar de no haber cumplido el periodo de cuatro años establecido para el cargo. Este fue el caso de Chanel Rosa Chupany, exdirector del Servicio Nacional de Salud (SNS) quien anunció su renuncia para “facilitar” la entrada del nuevo equipo de salud.
Como Rosa Chupany, pero sin renunciar, hay otros funcionarios públicos nombrados en el pasado gobierno que aún no cumplen el periodo de asignación, de acuerdo a las leyes de creación de las instituciones que dirigen.
Tal es el caso del Superintendente de Valores, Gabriel Castro; la presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia), Yolanda Martínez y Anina Del Castillo, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor).
A Castro le corresponde permanecer como Superintendente de Valores hasta el año 2022 de acuerdo con la Ley 249-17 que establece en su artículo 17 que “la máxima autoridad ejecutiva de la Superintendencia, teniendo a su cargo la dirección, control y representación de la misma será designado por el presidente de la República, por un período de cuatro años”.
El funcionario fue designado por el expresidente Danilo Medina en el 2012 mediante el decreto el 511-12 y posteriormente ratificado en septiembre del 2018, por lo que le resta dos años en el cargo.
Asimismo, Yolanda Martínez quien fue designada en Procompetencia en septiembre del 2016, le queda hasta el 2021 para ejercer como la presidenta del Consejo Directivo de ese organismo, de acuerdo con la Ley General de Defensa de la Competencia número 42-08.
Martínez fue escogida por la Cámara de Diputados tras una presentación de cinco candidatos para la elección de dos miembros para el consejo directivo con una duración en sus funciones de cinco años de acuerdo a la ley.
Según la ley el Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, estará integrado por cinco miembros nombrados por el Congreso Nacional de una propuesta de 10 candidatos presentada por el Poder Ejecutivo, tres por el Senado con una duración de dos años y dos por la Cámara de Diputados por un periodo de cinco años.
Otra funcionaria que aún continúa en sus funciones es Anina Del Castillo, directora ejecutiva de Pro Consumidor. Fue designada en el 2015 mediante decreto número 385-15 y posteriormente ratificada por el Consejo Directivo de la institución.
La Ley 358-05 de Protección a los Derechos del Consumidor y Usuario establece que el director ejecutivo durará en sus funciones dos años y podrá ser confirmado hasta por otros dos períodos consecutivos de igual duración, “por su adecuado desempeño, mediante decisión tomada por el voto secreto del Consejo Directivo de Pro Consumidor”.
Tras ser ratificada en diciembre del 2017 por el consejo mediante la resolución 036-2017, fue confirmada en el cargo por Danilo Medina en enero 2018 mediante el decreto 9-18 y nuevamente en enero de este 2020, para estar en el cargo otros dos años, es decir, hasta enero del 2022.
De no continuar con la ya tradicional ratificación de estos funcionarios como ocurrió durante la gestión de Danilo Medina, el presidente Luis Abinader tendrá que esperar el cumplimiento del tiempo establecido por las leyes para colocar a los suyos, si antes no renuncian.