SANTO DOMINGO-. El tiempo que tarda la Cámara de Cuentas para hacer una auditoría toma años, desde el análisis de campo hasta la publicación del informe final. Esto es posible constatar a través de la publicación de las auditorias en su web oficial, que tiene sobrados casos.
Un ejemplo son dos informes del Ministerio de Educación, una del 2010, publicada en 2014 y otra del 2011, colgada en 2019. Estas dos auditorías se realizaron antes de que el Ministerio de Educación se convirtiera en la institución que maneja más fondos del Gobierno, cuando desde 2012 recibe el 4% del Producto Interno Bruto (PIB).
Lo mismo se constata en una auditoría del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, que evalúa la gestión 2014-2016 y todavía se encuentra en proceso. Asimismo, entre las últimas auditorias colgadas en 2020 está la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), cuyo proceso evaluado fue el período 2010-2014.
Unos 10 días es el tiempo que que legalmente debe transcurrir para que la Cámara de Cuentas cuelgue en su portal el informe final de una auditoria, cuyo proceso de estudio de campo dura de tres a seis meses, dependiendo la institución auditada.
El proceso
Una auditoria no es sorpresiva, sino que se anticipa al ente evaluado y una vez terminada la investigación de campo se envía al departamento legal, de ahí si no hay ninguna observación va hacia el pleno de miembros. Una vez conocida por los miembros de la Cámara de Cuentas, se da un plazo de 10 días para que la institución auditada aporte pruebas o justifique lo hallado en el informe.
El exmiembro de la Cámara de Cuentas (2010-2016), Alfredo Cruz Polanco, dice que es "urgente" modificar la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, así como la aplicación de un régimen de consecuencia, porque a su juicio, los años eternos que pasan entre el análisis de la gestión y la publicación de la auditoria, se encargan de borrar cualquier responsabilidad.
“La gente se va del país, se muere o lo que sea, pasa el tiempo y ya una auditoria que surja a los 20 años ya no tiene sentido”, puntualizó.
El también contador asegura que durante su gestión se enviaron muchos expedientes a la Procuraduría y “allí murieron”, por lo que considera que “de nada sirve una auditoría bien hecha si no hay régimen de consecuencia”. Asimismo, cree que los días hábiles para ser colgado el informe en la página web, no se está cumpliendo, por lo que se violenta la ley que obliga en la Cámara a realizarlo. Lo que sugiere es que el sistema de informe de auditorías sea más ágil y oportuno, a fin de rescatar la confianza y credibilidad perdida.
El problema
Los actuales miembros de la Cámara de Cuentas están siendo investigados por la Procuraduría General de la República por supuestas irregularidades en auditorías, por lo cual han sido interrogados hasta el momento tres de los cinco miembros del pleno, quienes son Hugo Álvarez Pérez, presidente; la miembro Margarita Melenciano y Carlos Noé Tejada Díaz, secretario.
"Informaciones no confiables"
Cruz cree que la Cámara de Cuentas, cuyos actuales funcionarios finalizan su gestión el próximo dos de febrero, no está en capacidad de auditar todas las instituciones públicas porque le hace falta personal capacitado, equipos tecnológicos y un mayor presupuesto. La falta de voluntad política y ética, de acuerdo con Cruz, es el principal problema.
“De nada sirve que a ti te den todo el presupuesto y tecnología, si las informaciones no son confiables”.
Consideró que otra dificultad es que tanto la Cámara de Cuentas que hace el control externo posterior a la ejecución del presupuesto y la Contraloría, que hace control previo, no están cumpliendo con su rol, y si ambas funcionaran de la mano, los casos de corrupción serían mínimos.
Sugiere que la Cámara de Cuentas haga auditorías a las instituciones que manejan mayor presupuesto, las que estén en un escándalo y las demandadas por la sociedad civil.
Investigaciones
La Procuraduría General de la República inició una investigación de corrupción administrativa en la Cámara de Cuentas, por supuestos encubrimientos a acciones fraudulentas de exfuncionarios en los informes de auditorías. En medio de la investigación también está el proceso de escogencia de los nuevos miembros, cuyas evaluaciones iniciaran este 26 de enero.
A mediados de diciembre pasado, el Ministerio Público inició las interrogaciones a las actuales autoridades por “obstrucción de la justicia al entorpecer indagatorias sobre corrupción en instituciones públicas”.