SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fundación Institucionalidad y Justicia Inc. (Finjus), alertó sobre una iniciativa del Senado que busca la aprobación de una amnistía por los efectos económicos derivados del COVID-19.
En un comunicado, FINJUS dijo que ve con preocupación la posible solicitud al presidente Luis Abinader, para que ordene al Superintendente de Bancos aprobar lo que consideraron una medida económicamente contraproducente.
“A estas alturas para nadie es un secreto que la pandemia que nos azota desde el pasado mes de marzo, y cuyo final aún resulta incierto, constituye un fuerte golpe al sistema económico global y nacional, abriendo una gama de enormes desafíos para que las economías, como la nuestra, puedan retornar a la senda del crecimiento y el desarrollo social”, indicó la Fundación
Reiteró la importancia de que el Estado, como columna vertebral del sistema, desarrolle políticas públicas que alienten y dirijan la recuperación, sobre la base de la equidad y la protección equilibrada de los diferentes sectores de la nación. “Hemos sido particularmente precisos al solicitar del Estado acciones que ponderen el alcance global de sus efectos, para evitar que a corto o mediano plazo se conviertan en medidas que erosionen la estabilidad institucional y económica, y por tanto social”.
Consideró que la amnistía crediticia erosiona los pilares de la función regulatoria y de dirección del sistema financiero nacional, ubicados por disposición de la Constitución en la Junta Monetaria y que se irradia al resto de los entes de la Administración Monetaria y Financiera, para garantizar la existencia de una administración con altos niveles de autonomía y con capacidad de sostener con criterios independientes, la estabilidad y sostenibilidad del sistema financiero.
Asimismo, dijo que la propuesta resulta también contraproducente porque desconoce que el sistema bancario es una moneda de dos caras, en la que están los tomadores de crédito, y en la otra, los depositantes. “La intermediación financiera funciona precisamente de la aplicación de los fondos depositados por el público en general para el otorgamiento de créditos, por lo que una medida general que implique el impago de los créditos se traduce directamente en una afectación del ahorrante dominicano, especialmente el ahorro de la familia dominicana”, apuntó
Sostiene que a esto se adiciona el hecho de que la regulación del sistema financiero tiene como objeto central su estabilidad y que, sin ella, no existiría el desarrollo y tejido económico que hoy se disfruta.
Finjus consideró que la Resolución apunta directamente hacia el desequilibrio y el caos en el sistema financiero, por lo que rechaza esa medida y cualquier otra que socave la capacidad institucional y de regulación de la Administración Monetaria y Financiera, y que fomente la inestabilidad e insostenibilidad en las operaciones del sistema financiero, por los gravísimos efectos que tendría para los ahorristas, deudores y el tejido empresarial, que requiere de dicha estabilidad para el desarrollo de sus actividades y la generación de riqueza común.