SANTO DOMINGO-. La Real Academia Española (RAE), define la ética como el “conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida”. Se dice de ética profesional, cívica, deportiva, empresarial, social, de los negocios y de cualquier otro ámbito que admita reflexiones sobre la conducta humana.
El sistema financiero no es la excepción, ya que su rol en el crecimiento económico y en la generación de bienestar social, lo hacen particularmente sensible a la aplicación de normas y principios éticos sólidos, capaces de generar la confianza necesaria para la estabilidad financiera.
En el ámbito financiero, la ética suele abordarse en tres dimensiones:
Una dimensión cultural, en la que intervienen el mercado y la sociedad, la cual, se centra en cómo hacer que el marco institucional y regulatorio aplicable a la actividad, permita y favorezca el comportamiento ético de las organizaciones, empresas y profesionales.
Una dimensión de la entidad financiera, mediante la cual el órgano de Gobierno debe integrar la ética en todos los niveles de la organización, procurando que todo el personal tenga los incentivos y las herramientas para desarrollar hábitos éticos.
Una dimensión personal, que parte de la reflexión, sustentada en la ética, que proporciona guías y líneas de conducta para la toma de decisiones en el día a día, o ante situaciones complejas que puede enfrentar un profesional.
De las dimensiones referidas, la personal es particularmente relevante, debido a que las decisiones, tanto en las entidades financieras como en otros tipos de organizaciones, las toman las personas. Si bien no existen decisiones éticas, hay decisiones que tienen diferentes impactos, que pueden ser económicos, sociales, políticos, éticos, entre otros. La conjugación de estos posibles impactos nos lleva a calificar las decisiones, pues, por ejemplo, una decisión económicamente favorable pero éticamente incorrecta es una “mala” decisión, así como también lo es, una éticamente correcta y económicamente desfavorable. En ambos casos, las consecuencias negativas se reflejarán, aún con cierto rezago.
Las personas que deciden y ejecutan funciones o actividades del sistema financiero se enfrentan al aspecto moral inherente a cualquier proceso de toma de decisiones. Por la importancia del sector en el que se desempeñan, se les requieren estándares de comportamiento ético, acordes con el cumplimiento de la función de intermediación financiera y con la confianza depositada por sus clientes, depositantes y acreedores.
De hecho, a nivel mundial, muchos bancos han sido afectados por acciones poco profesionales y carentes de ética, tales como: lavado de activos, malversación de fondos, delitos fiscales, irregularidades en apertura de cuentas y transferencias de fondos, colocaciones excesivas, creación de préstamos fraudulentos, otorgamiento de prestamos a parte vinculadas en connivencia entre los miembros del Consejo, entre otras malas prácticas, que han provocado quiebras bancarias, lacerando la estabilidad económica y financiera. En el ámbito local, varias entidades han sido excluidas del sistema financiero por la comisión de infracciones, asociadas a una o más de las malas prácticas bancarias referidas.
La adopción de comportamientos éticos, el cumplimiento de la regulación y una supervisión efectiva, son esenciales para el buen funcionamiento de las entidades de intermediación financiera, que administran recursos de terceros (depositantes) y los canalizan hacia actividades productivas.
En consecuencia, se han promovido estándares éticos y de integridad, anclados a una cultura corporativa puesta en marcha mediante un sistema de cumplimiento, que incluye normas, políticas, procedimientos, código de ética y conducta.
Desde la perspectiva del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, entre los principios básicos para una supervisión bancaria eficaz, estableció uno relativo a la “utilización abusiva de servicios financieros”, a partir del cual, el supervisor debe verificar “que los bancos cuentan con políticas y procesos adecuados, incluidas estrictas reglas de debida diligencia con la clientela, para promover normas éticas y profesionales de alto nivel en el sector financiero e impedir que el banco sea utilizado, intencionalmente o no, con fines delictivos”.
El mismo Comité, en su documento sobre principios de gobierno corporativo para bancos, refiere que “un componente fundamental del buen gobierno es una cultura corporativa que refuerce normas apropiadas para un comportamiento responsable y ético”.
Desde la perspectiva del Regulador, en el ámbito local, la Junta Monetaria, en el Reglamento sobre Gobierno Corporativo, aprobado en su Primera Resolución del 2 de julio del 2015, requirió a las entidades de intermediación financiera elaborar y divulgar a lo interno, los valores corporativos y un código de ética y conducta que recoja las mejores prácticas establecidas en la materia, en el cual se establezcan reglas claras relativas a los deberes de los miembros del Consejo frente a:
- Situaciones de conflictos de intereses entre los administradores o sus familiares y la entidad de intermediación financiera.
- El deber de confidencialidad sobre la información reservada de la entidad.
- La explotación de oportunidades de negocios y uso de activos pertenecientes a la entidad en beneficio propio.
- La prohibición de trabajo en empresas competidoras.
- La obligación de revelar situaciones personales o profesionales relevantes para su actuación frente a la sociedad, sin que las mismas sean limitativas.
Desde la perspectiva del Supervisor, la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana emitió los instructivos, en el año 2017, sobre Evaluación de Idoneidad de los Accionistas, Miembros del Consejo, Alta Gerencia, Personal Clave y Personal en General de las Entidades Bancarias y en el año 2018, sobre Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. En ambos instructivos, se estableció la obligatoriedad para que las entidades bancarias cuenten con un código de ética y buena conducta.
Como tarea pendiente está mejorar los mecanismos de supervisión y fiscalización de los códigos de éticas y buenas conductas elaborados por las entidades bancarias, no quedarse en la lectura de la redacción, sino en la verificación de que éstos son cumplidos conformes a las disposiciones regulatorias vigentes y de la propia entidad bancaria.
Desde la perspectiva de las entidades bancarias, conforme a las disposiciones regulatorias referidas, las entidades de intermediación financiera han elaborado códigos de ética, estableciendo principios de aplicación obligatoria para todo el personal, sean miembros del Consejo o Junta de Directores, Alta Gerencia, personal en general y profesionales externos vinculados, sin distinción de jerarquías.
Esto también con el objetivo de asegurar la confianza de sus accionistas, inversionistas, clientes y de la sociedad, la cual, se logra y se mantiene cuando las entidades y sus ejecutivos actúan con transparencia.
Tarea pendiente en las entidades bancarias dominicanas, es darle un mayor nivel de jerarquía y de empoderamiento a las áreas responsables de velar por el cumplimiento del código de ética y buena conducta. Estas áreas deben depender directamente del Gobierno Corporativo y no deben ser vista como parte subalterna del área de cumplimiento de lavado de activo, ya que la misma no podrá desempeñarse de manera eficiente ni objetiva.
En este sentido, las entidades de intermediación financiera deben asegurar el cumplimiento efectivo de las funciones de las áreas de cumplimiento ético y buena conducta, lo cual es una de las responsabilidades de su órgano de dirección, que debe promover la actuación profesional, diligente y responsable en la ejecución de las actividades financieras, respondiendo al compromiso implícito con sus clientes y con la sociedad. Esto implica, ejecutar sus funciones adecuadamente, gestionar diligentemente los riesgos inherentes a las actividades que realizan, establecer controles efectivos, promover la legítima rentabilidad, asegurar la transparencia y veracidad de la información financiera, además de cumplir con la regulación y normas aplicables.
Esta es la octava entrega de la columna “La banca dominicana por dentro”, la cual es desarrollada por Jesús Geraldo Martínez, en el interés de aportar al fortalecimiento de la educación y la cultura financiera de la República Dominicana, con una perspectiva analítica y práctica orientada a la formación de conocimientos y divulgación de informaciones y temas exclusivos del sector financiero dominicano. Las entregas sobre información bancaria con visualizaciones dinámicas se mantendrán actualizadas en la sección Data Acento. Para contactar con el autor escriba al correo jgmartinez20@icloud.com.