SANTO DOMINGO-. En su primera rendición de Cuentas, el presidente Luis Abinader tuvo su momento cumbre cuando anunció la revisión del famoso “peaje sombra”, que son los ingresos pagados del Estado a la Concesionaria Autopista del Nordeste que construyó la autovía que conecta la capital dominicana con la provincia Samaná.
Cronología del origen
El origen de este contrato se remonta al año 2001, durante el gobierno del presidente Hipólito Mejía, y cuando en nombre del Estado, el entonces ministro de Obras Públicas, Miguel Vargas Maldonado, firmó el contrato “Construcción, Financiamiento, Operación y Mantenimiento de la Autopista del Nordeste” con la concesionaria Autopista del Nordeste CxA.
Después de la firma del contrato, la construcción de la obra completa se dividió en dos vías que se levantaron en el gobierno del presidente Leonel Fernández entre 2006 y 2008 la primera fase, y la segunda etapa entre el 2009 y 2011, quedando como mano ejecutoria de ambos proyectos el entonces ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa.
Entre los años 2008 y 2011 el Estado puso en funcionamiento las dos vías que completarían el corredor hacia el polo turístico: la Autopista Juan Pablo Segundo, con 106 kilómetros y se extiende desde la autopista Las Américas hasta Cruce de Molinillo en Samaná; y la segunda etapa, la del Bulevar Turístico del Atlántico con 26 kilómetros, conectó la carretera Nagua-Samaná con Las Terrenas.
Ambas vías tuvieron una inversión inicial de 154 millones de dólares y 151 millones de dólares, respectivamente. Su suma equivale a 10 mil 974 millones de pesos dominicanos. Este monto solamente incluye la construcción de la obra, al que se le suma lo que ha pagado el Gobierno de peaje sombra, que según cifras dadas este sábado por el presidente, asciende ya a RD$26,835 millones.
Esto quiere decir que el Gobierno ha pagado más del doble por “peaje sombra”, que el mismo valor de la obra.
¿Por qué se paga el peaje sombra?
La vía construida fue a través de una concesión vial, un mecanismo de financiamiento que establece que la compañía concesionaria se compromete a construir con sus recursos la infraestructura y como forma de pago, el Estado le entrega los ingresos por peaje recaudados en dicha obra.
En el caso de la autopista de Samaná, la concesionaria se comprometió con la creación de las dos vías y encargarse de los gastos de mantenimiento, administración y operación. De manera específica, se comprometía con ceder “El 100% de los derechos de recaudo de los peajes” del proyecto durante 30 años, según establece su artículo 10.
El acuerdo también establecía que el Estado debía pagar un “Ingreso Mínimo Garantizado”, es decir un “peaje sombra”, que protegiera la inversión privada, en caso de que el flujo vehicular no fuera suficiente, es decir, en caso de que los vehículos que usaran la vía no fuera como la empresa esperaba.
Este peaje sombra se estaría pagando a lo largo de los 30 años, hasta el 2038, siempre que el flujo vehicular no generara suficientes ingresos para mantener el equilibrio económico y financiero del contrato.
Desde el inicio del funcionamiento, en 2008, el flujo vehicular ha sido insuficiente, y desde entonces se ha pagado el conocido peaje sombra.
El “Estudio de Tráfico” hecho por la compañía de origen estadounidense Louis Berger Group en 2005, hizo un pronóstico del flujo vehicular que tendría la autopista de Samaná, y que sirvió de base para que se aprobara el este acuerdo.
Este estudio estableció que el pago de peaje sombra solamente se realizaría durante siete años, desde el 2008 hasta el 2015, y que luego de esos siete años, el flujo de vehículos sería suficiente. Pero ese pronóstico no se cumplió y ya supera los 12 años que se incluye el monto de peaje sombra en el Presupuesto Nacional, además de los ingresos que recibe la compañía por peaje, que es el más costoso del país.