SANTO DOMINGO-. La Dirección General de Contrataciones Públicas entregó este martes dos nuevos expedientes a la Procuraduría General de la República, para ser investigados debido a las irregularidades que presentaron en el proceso de contrataciones. Un expediente involucra a la ministra de Juventud Kimberly Taveras, y el otro corresponde a un proceso llevado por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
"En el día de hoy se llevó documentación en relación al Ayuntamiento de La Guáyiga y Bocha Chica que involucra informaciones relacionadas a la ministra de la Juventud en licencia, Kimberly Taveras", explicó este jueves el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.
Igualmente, dijo que fue depositada unas enmiendas de la OISOE que se emitieron en el proceso de remodelación del hospital Luis Eduardo Aybar y que Contrataciones Públicas entendió debían ser investigadas.
Depositamos información, más bien una decisión, una resolución que entendemos que se debe procesar su investigación, relacionada con la OISOE y el proceso de remodelación del hospital Luis Eduardo Aybar", Carlos Pimentel.
Contrataciones Públicas verificó que la enmienda del contrato del hospital superaba casi un 100% más el monto que permitía la ley de compras, que es un 25% del monto original de la obra. Si bien no identifica como una "sobrevaluación", "porque la Dirección no tiene la parte pericial para verificar", el equipo de Contrataciones Públicas determinó que se violentó este principio en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
La Dirección General de Contrataciones Públicas ha llevado en total seis procesos de compras a la Procuraduría de la República, que incluyen los dos enviados esta mañana, desde el inicio de la nueva gestión encabezada por Carlos Pimentel, que arrancó el 16 de agosto.
Carlos Pimentel y su equipo tuvo este martes un desayuno con periodistas del área de investigación, en los que hizo un balance de sus primeros 100 días de gestión, los planes de la institución y también se abordó especificaciones sobre el funcionamiento del portal transaccional de contrataciones públicas.
El equipo especificó que la institución tiene la responsabilidad de verificar si estos procesos de compras fueron ejecutados conforme con la Ley 340-06, mas no sanciona, ni anula contratos, sino, hace recomendaciones. Le tocará a la Procuraduría General determinar si de las irregularidades detectadas en estos expedientes por incumplimiento de la Ley, hay responsabilidades del tipo penal.
Los otros procesos depositados en la Procuraduría
El primero de ellos se sometió el pasado 10 de septiembre y está relacionado con la compra de RD$11,500 millones de hormigón asfáltico caliente durante la gestión del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.
Luego, el pasado 27 de octubre Pimentel depositó ante la Procuraduría Especializada de Prevención de la Corrupción Administrativa (PEPCA) tres expedientes con presuntas irregularidades cometidas por el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (Inaipi) y el Plan Social de la Presidencia, este último, otorgaba adjudicaciones millonarias a compañías que fungían como intermediarias.
Sobre los expedientes de Inaipi, uno de ellos refiere que en 2016, esa institución incurrió en violaciones a los procedimientos de la Ley 340-06 a través de procesos de urgencia para la adquisición de equipos computacionales y de comunicaciones, materiales y suministros, aparatos audiovisuales, entre otros, de los que no se tiene evidencia y que costaron al estado RD$208.5 millones.
El segundo expediente de Inaipi, es sobre el proceso CCC LPN del 2018, para el suministro y distribución de leche en Centros de Atención Integra a la Familia y a la Infancia (CAFI), por un monto de RD$60 millones.