SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El director general de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, reveló que, en el caso del Teatro Agua y Luz, se canceló la licitación porque se pretendió hacer una concesión hasta el 2044, con camuflaje de alquiler.
El funcionario aseguró que igual sucedió con el Hotel Nueva Suiza, en Constanza, el espacio fue cedido utilizando una modalidad de alquiler, pero el procedimiento seguido se trató de una concesión. La misma se le otorgó a una empresa vinculada al exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado.
“Entre otros casos que ahora no memorizo, llevamos como 110 decisiones que están ahí en el portal, de tipo administrativo, de inhabilitación, medidas cautelares, algunas no tienen objeto porque hay casos de esos que estaban ahí desde el 2015”, adujo.
Declaró que el 32 % del Presupuesto General del Estado está destinado para la contratación de bienes, servicios y obras, las cuales deben servir para el desarrollo.
Citó entre instituciones que han sido parte del clientelismo político institucionalizado como el Plan Social de la Presidencia, los Comedores Económicos, y alertó que no es un secreto para nadie que cuáles son las áreas críticas del Estado donde han existido riesgos, denuncias sobre presunta corrupción y violación de los procedimientos para las contrataciones.
Pimentel afirmó que desde que se aprobó el 4 % del PIB, el Ministerio de Educación nunca ha sido auditado, a pesar de que los fondos destinados a ese sistema en una gran proporción fueron utilizados para la construcción de obras.
El funcionario citó también el sector Salud, como el Ministerio y PROMESE, los cuales administraron cuantiosos recursos para la contratación de bienes y servicios.
“Pero también los vinculados a áreas de construcciones de obras físicas, no solamente OISOE, el Ministerio de Obras Públicas, el INVI, INAPA o la CAASD, construyen, hacen contratos y licitaciones, hay sorteos de obras, hay que mantener la vigilancia de lo que sucedió y a lo que pueda suceder”, enfatizó.
Aseguró que su rol no distingue tiempo ni personas, sino criterios.
“Vamos a volver a la Procuraduría tantas veces como sea necesario, en la medida que nuestro trabajo nos indique que los casos que llevamos, los casos que nos apoderamos, los casos que investigamos que estén rodeado de violaciones que van más allá de aspectos administrativos”, agregó.
Sostuvo que los casos de los RD$11,500 millones sobre AC30, asfalto caliente, Plan Social de la Presidencia, Inaipi uno y dos tienen características que no se hable de simple violación de un proceso de contratación, sino de expedientes que tiene una violación
Comentó que tiene por delante un desafío importante, ha asumido sus funciones con toda la entereza y determinación, en los casi primeros 100 días de gobierno.
“Hemos emitido unas 115 decisiones, resoluciones de distintas índoles, de impugnaciones, de reclamaciones, de medidas cautelares, hemos tenido que llevar cuatro casos a la Procuraduría General de la República, con indicios contundentes y precisos”, agregó.
Pimentel consideró que esos casos debieron ir a la Procuraduría porque están al borde de la investigación penal, lo cual hará Contrataciones Públicas con los casos que tengan esas características.
“Hemos empezado a desarrollar un sistema de alerta temprana, que hemos denominado monitoreo preventivo, que nos permite y nos va a permitir dar seguimiento y monitorear todos los procesos que las instituciones del Estado empiecen a realizar, vinculado a la contratación de bienes, servicios y obras”, significó.
Carlos Pimentel fue entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder.