El vocero de la presidencia de la República, Roberto Rodríguez Marchena, ha realizado un periplo por los medios de comunicación electrónicos en los que habla de que ha llegado la hora de un diálogo colectivo, que además del gobierno, integre a las comunidades y los sectores productivos para establecer un nuevo modelo de seguridad y un Pacto Fiscal que permita el desarrollo integral del país.
Es decir, para el vocero de la presidencia hay dos aspectos centrales en la agenda del gobierno: La seguridad ciudadana y el pacto fiscal.
En cuanto al primer tema es muy importante que se avance cuanto sea posible en las próximas semanas, sin necesidad de esperar el establecimiento del nuevo gobierno que se inicia el 16 de agosto. En definitiva, es una continuidad del actual gobierno, y la sensación que ha quedado es ausencia de propuestas, por parte de las autoridades, para resolver el tema de la falta de seguridad ciudadana.
Las autoridades de esta administración han lanzado varias propuestas de seguridad ciudadana, desde agosto del 2012, y la más exitosa ha sido el sistema 911. Las demás iniciativas han fracasado o se han quedado suspendidas en el tiempo, como ocurrió con el programa de seguridad democrática, que pretendía recoger a los agentes policiales al servicio del sector privado, de embajadas y delegaciones consulares, y al servicio de funcionarios que no necesitaban tales servicios.
Roberto Rodríguez Marchena acierta en la necesidad de un pacto social por la seguridad ciudadana. Los testimonios de las personas son dramáticos. Mientras el tema de seguridad aterraba a los barrios marginalizados, y mientras eran los pobres los que sufrían los efectos de la delincuencia, la presión política era mínima. Total, los pobres siempre han vivido en la exclusión y la marginalidad, y la violencia social, la pobreza, las carencias y precariedad de la asistencia oficial son parte de su vida cotidiana.
Sin embargo, cuando la violencia y la inseguridad se han extendido a la clase media, cuando los atracadores y asaltantes han llegado al centro de la ciudad, a los barrios exclusivos, al polígono central, a las avenidas por donde circulan los funcionarios, profesionales, burócratas, donde se encuentran los colegios a los que van los hijos e hijas de los pudientes, el problema toma otra dimensión.
La amenaza de la violencia social, de la inseguridad ciudadana está presente a diario en los canales de televisión, en las portadas de los diarios, en las emisoras y portales de Internet, y esto ocurre porque hay una expansión territorial. Del lugar donde estaba antes, donde era natural que se produjera, cruzó esa frontera hacia el espacio de la clase media y de los más ricos. La alarma tiene que producirse. La Policía tiene que actuar, el Ministerio de Interior y Policía tiene que moverse, la justicia tiene que poner atención. Todos los mecanismos del Estado deben salir en auxilio de los desprotegidos ciudadanos que ahora comienzan a conocer la dimensión de la inseguridad ciudadana, que era algo exclusivo de los pobres.
“Todos tenemos que ponernos de acuerdo, porque es fácil decir: El Gobierno tiene que garantizarnos seguridad, sí; es ese el papel del Estado y yo creo que debemos hacer todos los diálogos que sean necesarios para recoger los planteamientos y las ideas”. Esto lo dijo Roberto Rodríguez Marchena, en tono de excusa de la responsabilidad del Estado, y para que la clase media y alta asuma la cuota que le toca en buscar opciones ante la desgracia.
La responsabilidad es del Estado. El gobierno tiene la posibilidad de articular una política criminal que englobe la coordinación de las diversas instancias públicas, para que frente al fenómeno que tenemos se afronte desde una perspectiva multidisciplinaria, y con coherencia. Harán falta recursos y tiempo. Pero la sociedad tendría una guía para actuar frente al peligro en que nos encontramos, y para el que el gobierno apenas tiene parches.